Cuando una crisis de seguridad nacional desemboca en el cese fulminante de una funcionaria por publicar un dato que el propio Gobierno conocía, la pregunta no es solo quién dio la orden. También importa quién la ejecutó. La general de brigada Loreto Gutiérrez Hurtado, directora del Departamento de Seguridad Nacional, no parece ser la autora política de la decisión. Pero, según fuentes citadas por THE OBJECTIVE, terminó convirtiéndose, quizá sin buscarlo, en el instrumento mediante el que la presión política se tradujo en una destitución. Y eso la sitúa en el centro de una crisis que ya no es únicamente comunicativa, sino institucional.
La crisis de Ceuta ha colocado a Loreto Gutiérrez Hurtado, directora del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), en el centro del escándalo. Pero no como víctima de una presión ajena, sino como la persona que la ejecutó.
La funcionaria destituida era la responsable civil de comunicación del DSN, apartada tras la difusión de una alerta que cifraba en unas 49.000 las entradas irregulares en Ceuta, un dato atribuido a fuentes de Interior. Según las fuentes militares citadas por THE OBJECTIVE, la decisión de cesarla no fue de Gutiérrez, sino que le vino impuesta desde el Gabinete de la Presidencia. El problema es que, según esas mismas fuentes, la general no la defendió.
Defender a Loreto Gutiérrez no significa otorgarle inmunidad. Significa exigir que el foco no se quede solo en ella: si la orden vino de arriba, la pregunta clave es por qué no protegió a su funcionaria.
No es una política, pero ejecutó una decisión política
La diferencia es fundamental.
Loreto Gutiérrez es general de brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire y del Espacio e ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid. Ingresó en la Academia General del Aire en 1996 y desarrolló una carrera eminentemente técnica dentro de la aviación militar española.
Antes de llegar a Seguridad Nacional pasó por la Sección de Ingeniería y Calidad del Ala 35, la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico y la Dirección de Armamento y Material. Fue además directora técnica de dos programas de enorme importancia para la capacidad aérea española: el Airbus A400M y el MRTT (Multi Role Tanker Transport, avión de transporte y reabastecimiento en vuelo multipropósito). También desempeñó responsabilidades en la División de Planes del Estado Mayor del Ejército del Aire.
Es difícil imaginar un currículo más alejado de la política partidista.
El Gobierno la nombró directora del DSN el 28 de noviembre de 2023, situando a una oficial con una extensa formación técnica y militar al frente de una estructura integrada en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Ese detalle resulta decisivo.
Gutiérrez dirige Seguridad Nacional, pero la política de seguridad nacional no la decide una general de brigada por su cuenta. El DSN forma parte de una arquitectura institucional situada bajo Presidencia y trabaja en coordinación con diferentes departamentos ministeriales.
Por eso, la cuestión no es acusar a Gutiérrez de fijar la política migratoria del Gobierno, algo que no le corresponde. La cuestión es otra: una directora de un organismo adscrito a Presidencia tiene margen para decidir cómo gestiona una instrucción que afecta a una empleada pública. Y, según las fuentes citadas por THE OBJECTIVE, ese margen no se empleó para proteger a la funcionaria, sino para ejecutar su cese.
De la presión política a la decisión ejecutada
Según fuentes citadas por THE OBJECTIVE, la funcionaria destituida llevaba ocho años publicando alertas del DSN sin incidentes previos, y fue cesada por difundir un dato real que incomodó a Interior. Un compañero suyo asegura que «jamás ha habido un problema con ella» y que, tras su marcha, nadie en el departamento quiso hacerse cargo de las redes sociales ni de la actualización de la web, que permanecen fosilizadas desde el 31 de julio.
El clima interno tras el cese es de inquietud. Otra fuente cercana al DSN sostiene que sus compañeros «están indignados y se sienten en peligro», y resume así lo ocurrido: «Puso la cifra que tenía Seguridad Nacional en aquel momento y no le gustó a Interior ni a Diego Rubio. Y la general Gutiérrez Hurtado, en vez de protegerla e intentar templar los ánimos, la cesa por presiones de arriba».
La aviación moderna estudia los acontecimientos atendiendo a la cadena completa de decisiones, supervisión, procedimientos, barreras de seguridad y factores organizativos.
Por supuesto, una crisis política y migratoria no puede investigarse como un incidente aeronáutico. Pero el principio resulta útil: cuando falla un sistema complejo, atribuir toda la responsabilidad al último eslabón rara vez explica lo ocurrido. Eso mismo debería aplicarse al DSN.
Si la publicación de los 49.000 accesos fue incorrecta, prematura o incumplió un procedimiento, debe determinarse quién generó el dato, quién lo recibió, qué validación necesitaba, quién debía autorizar su difusión y por qué terminó publicado en la página oficial de Seguridad Nacional.
La respuesta conocida hasta ahora ha sido mucho más rápida: la responsable de comunicación fue cesada por “pérdida de confianza”. Una funcionaria ya ha pagado un precio profesional, pero la crisis era bastante más grande que una página web.
¿Y la responsabilidad política?
Esta es la cuestión central.
Interior, Defensa, Exteriores, Presidencia y los organismos integrados en la arquitectura española de seguridad tienen distintos grados de competencia sobre una crisis de estas características. Determinar exactamente qué falló requerirá información que todavía no es pública. Lo que sí sabemos es que a 8 de agosto los ministros directamente llamados a dar explicaciones siguen en sus puestos.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Margarita Robles, ministra de Defensa; José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores; y Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia han solicitado comparecer en el Congreso entre los días 25 y 28 de agosto para explicar la actuación gubernamental ante los acontecimientos de Ceuta.
Paralelamente, existe un conflicto institucional por las comparecencias convocadas previamente en el Senado para Marlaska, Robles y Albares los días 12, 13 y 17 de agosto, respectivamente. El presidente de la Cámara alta les ha advertido de posibles consecuencias si no acuden sin causa justificada. Es decir: hay comparecencias, hay explicaciones pendientes, hay disputa entre Gobierno y oposición sobre cuándo y dónde deben darse, pero no ha habido ninguna dimisión política, por lo que cabe preguntar legítimamente si esa secuencia de acontecimientos resulta proporcionada.
Una funcionaria pierde el puesto; los políticos preparan comparecencias
La comparación resulta incómoda.
La responsable de comunicación del DSN perdió su puesto después de publicar una información que citaba fuentes de Interior. El País informó además de que la cifra inicialmente difundida por el DSN quedó posteriormente por debajo de estimaciones superiores de la magnitud de las entradas.
Mientras tanto, los máximos responsables políticos continúan en sus cargos, eso no demuestra que alguno de ellos deba dimitir necesariamente. La responsabilidad política individual debe establecerse sobre hechos y competencias concretas, no sobre titulares.
Pero tampoco debería aceptarse la lógica inversa: que los niveles técnicos y funcionariales carguen inmediatamente con las consecuencias mientras la responsabilidad política se diluye entre comparecencias, departamentos y explicaciones aplazadas.
Si hubo un fallo estratégico, de anticipación, diplomático, fronterizo, de coordinación o de gestión de la crisis, ese fallo difícilmente puede tener su origen último en la responsable de comunicación del DSN, y tampoco resulta razonable cargar implícitamente ese peso sobre Loreto Gutiérrez por el simple hecho de encontrarse inmediatamente por encima de esa funcionaria en el organigrama.
Una general no puede sustituir la responsabilidad de un ministro
Aquí está probablemente la cuestión más importante para quienes observamos el caso desde el ámbito aeronáutico y de defensa. Los militares profesionales desempeñan funciones técnicas y de asesoramiento dentro de las estructuras del Estado. Los políticos, en cambio, ostentan la legitimidad democrática para tomar decisiones y, con ella, la responsabilidad política por esas decisiones. Confundir ambos niveles crea un precedente peligroso.
Loreto Gutiérrez puede y debe responder por aquello que corresponda a sus competencias como directora del DSN. Si existió un fallo interno bajo su responsabilidad, tendrá que explicarse. Pero una general de brigada no puede convertirse en sustituta de la responsabilidad política del Gobierno. Mucho menos una oficial cuya trayectoria ha estado construida durante tres décadas alrededor de la ingeniería aeronáutica, el mantenimiento, la planificación y sistemas tan relevantes para la defensa española como el A400M y el MRTT.
Si la crisis de Ceuta revela un problema de política exterior, control fronterizo, inteligencia, coordinación gubernamental o gestión estratégica, habrá que determinar qué responsable político tenía las competencias correspondientes, y entonces llegará la pregunta que hasta ahora parece haberse evitado: si el fallo fue suficientemente grave para costarle el puesto a una funcionaria, ¿no debería examinarse con el mismo rigor si existe una responsabilidad política que merezca una dimisión?
Una lanza por Loreto
Defender a Loreto Gutiérrez no significa otorgarle inmunidad frente al escrutinio, ni presentarla como una simple víctima de la presión política. Significa precisamente lo contrario: exigir que el escrutinio sea completo, que se investigue lo que hizo la directora del DSN, pero también qué hizo Interior, qué conocía Presidencia, qué información circuló entre departamentos, quién adoptó las decisiones, quién autorizó o desautorizó comunicaciones, y, especialmente, quién tenía la responsabilidad política de anticipar y gestionar una crisis de semejante dimensión.
Lo fácil sería terminar la historia señalando a una funcionaria y desgastando a la general que estaba inmediatamente encima, lo difícil es recorrer el organigrama en dirección contraria.
Hacia arriba.
Porque Loreto Gutiérrez no llegó al generalato después de una carrera política. Llegó después de una trayectoria profesional en la ingeniería aeronáutica y en el Ejército del Aire y del Espacio. Su nombramiento al frente del DSN la introdujo inevitablemente en un terreno mucho más próximo a las decisiones políticas, pero eso no convierte automáticamente en política una responsabilidad que sigue siendo técnica e institucional. Si alguien debe responder políticamente por Ceuta, habrá que identificarlo y demostrarlo.
Pero esa responsabilidad debe buscarse también en quién, teniendo margen para resistir la presión, optó por ejecutarla. No fabricando un pararrayos entre los servidores públicos que ejecutan, coordinan o asesoran, sino exigiendo que quien dirige una institución no se limite a transmitir la conveniencia política de quien manda por encima.
Porque si después de una crisis de seguridad nacional de esta magnitud la única consecuencia inmediata consiste en cesar a una funcionaria y colocar bajo presión a una general técnica, mientras la estructura política permanece intacta, el problema deja de ser únicamente qué ocurrió en Ceuta, el problema pasa a ser cómo entiende España la responsabilidad política.
Y desde la perspectiva de una cultura como la aeronáutica, acostumbrada al análisis de las cadenas de decisión, hay una pregunta inevitable: ¿Estamos investigando dónde falló realmente el sistema o simplemente buscando el fusible más fácil de sustituir?
