Aviación Digital, Sp. – El ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anuncia que el expediente que sanciona a Ryanair, easyJet, Vueling y Volotea con 150 millones de euros estará listo en un mes. Esta histórica sanción se impone por las «prácticas abusivas» que según el ministerio estas aerolíneas llevan a cabo como el cobro por el equipaje de mano.
Las prácticas abusivas que el ministro Pablo Bustinduy castiga son: el cobro del equipaje de mano, el sobrecoste de la impresión de billetes, los cargos extra en asientos para acompañar a menores de edad y personas dependientes, la opacidad sobre el precio final del servicio y la imposibilidad de realizar el pago en efectivo.
El papel de FACUA en la sanción
Consumo inició el expediente en 2023 y será finalmente una realidad en unas semanas. FACUA presionó mucho desde 2018 para que estas prácticas de las aerolíneas lowcost fuesen castigadas y prohibidas pues, a su juicio, arrebatan al consumidor sus derechos. Instan además, una vez el expediente sea emitido, a reclamar a las aerolíneas la devolución de estos cargos. Algo que ya ha conseguido una socia de FACUA que se le reclamó a Ryanair el cobro por el equipaje de cabina y le fue devuelto.
La Asociación de Líneas Aéreas se muestra en contra
ALA se muestra en contra de esta decisión gubernamental y denuncia que va en contra de la postura actual de la Comisión Europea. Alerta además de que si la sanción se cumple, España perdería competitividad respecto al resto de países de la UE dado que se convertirá en el único país europeo que prohíbe las tarifas básicas que incluyen el equipaje de mano debajo del asiento.
El presidente de ALA, Javier Gándara, afirma que «el consumidor será el principal perjudicado por esta injerencia. Defendemos el derecho del consumidor a elegir su mejor opción de viaje y la libertad de las compañías aéreas para, como cualquier otro sector en una economía de libre mercado, fijar libremente las tarifas de sus servicios”.
Por su parte, las aerolíneas sancionadas no se van a quedar con los brazos cruzados y ya han anunciado que van a recurrir esta multa. Consideran que no violan ninguna normativa legal con estas políticas.
