Santa Cruz de Tenerife, SP.- La iniciativa ciudadana, auspiciada desde Change.org, propone una recogida de firmas en petición de una “Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre el accidente de Spanair, JK5022, acaecido el 20/08/2008”, con 154 muertos. Comisión de Investigación JK5022.
Change.org es una plataforma de presión social mediante la acogida y divulgación de peticiones de carácter cívico, reformista, social y reivindicativo, especialmente en favor de los derechos humanos.
Parece vehículo adecuado para desarrollar este clamor popular. Habida cuenta que la sociedad civil es la única capacitada para resolver sus propios problemas, cuando la actuación directa no es posible por exceso de oficialidad sobre determinada situación conflictiva, es recurso legítimo acudir a un medio de difusión reivindicativo para dirigir la voluntad política hacia los verdaderos intereses cívicos o sociales.
Han transcurrido casi 10 años desde aquella tragedia que destrozó la vida, no solo de las víctimas mortales, sino de sus familias y de los 18 supervivientes cuyas secuelas perduran. La actuación institucional desarrollada tras el accidente fue tan turbia y calamitosa como para considerarla un auténtico menosprecio hacia el respeto debido a los fallecidos, a los sentimientos de los familiares y a la sensibilidad ciudadana en general.
Con la perspectiva de una década se analizan con objetividad hechos y gestos deplorables que, en caliente, no sería prudente calificar. El tiempo y la contumacia en el mal trato oficial inferido a víctimas y damnificados, convierte en obligación moral este acto de solidaridad popular.
El denominador común de aquella reprobable gestión sobre la desgracia de un trágico accidente, que jamás debió producirse, fue la estampida general en los estamentos político, empresarial, administrativo y en aquellos organismos e instituciones con implicación directa o colateral en alguna de las múltiples anomalías que se conjuraron para provocar la tragedia. Todos huyeron del escenario para eludir responsabilidades. Y a fe que lo consiguieron; pues la sentencia judicial que dimanó del informe pericial de la CIAIAC (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Comercial), consistió en la acomodaticia y generalizada resolución de echar la culpa al muerto: “El piloto fue culpable porque se equivocó al no seleccionar el flap que correspondía para el despegue”.
Un error humano que en los procedimientos operativos estaba protegido por un sistema de alarma que no funcionó.
El cúmulo de factores que se concatenaron para “engañar” a la tripulación e inducir el error, no se contemplaron, al parecer interesadamente, para ocultar otras responsabilidades. Sería prolijo enumerar los posibles porqués y algunas evidencias solo accesibles desde el conocimiento técnico. Pero a título de muestra podría analizarse algún detalle, en apariencia insignificante, o que pareciera cuanto menos ajeno al desastre, pero que en la realidad pudo ser decisivo. Por ejemplo, la situación laboral en aquellas circunstancias de los profesionales de una aerolínea agonizante. Sometidos a una presión inhumana por la precariedad operativa y la amenaza de cierre inminente de la compañía; en un ámbito funcional donde el equilibrio psíquico y las condiciones emocionales son fundamentales para una operación de calidad; con un parámetro prioritario sin matices, cual es la seguridad aérea. Cierto que el componente vocacional que suele acompañar a los profesionales relacionados con el avión, contrarresta con creces las deficiencias administrativas de quienes dirigen la empresa y sus números. El bloque operativo es el que protege la seguridad sobre cualquier otra consideración. Lo que no es óbice para el abuso y explotación sistemática que pueden llegar a extremos inhumanos, en algún caso aislado, para propiciar el posible desastre.
Si en la comisión de investigación se hubiese analizado esta circunstancia y las posibles repercusiones sobre el fatal desenlace, en las conclusiones finales y recomendaciones a posteriori, “para que esto no vuelva a pasar”, aparte de un dato importante para un juez poco documentado y mal asesorado, se habría dado un espaldarazo al concepto de seguridad aérea contra la que algunos empresarios, desaprensivos y fracasados, atentan como presunto delito cuando en los meses previos a la quiebra definitiva de su negocio, maltratan laboralmente a sus empleados, sin pagarles y amenazados de cierre. El conocimiento del medio permite definir tal circunstancia como una atrocidad y grave atentado contra la seguridad aérea, que debería ser tratado con la severidad que merece.
Ya he firmado en familia la petición de Change.org. Me queda la satisfacción de un deber moral cumplido que me gustaría compartir con todo aquél que tenga la amabilidad de leer esto. El enlace es el siguiente:
https://www.change.org/p/congreso-de-los-diputados-comisión-de-investigación-del-vuelo-jk5022
Invito a su visita para recabar más detalles. Firmarlo es sencillo y muy gratificante.
Mi admiración, respeto y apoyo a la Asociación de Víctimas del vuelo JK5022 y a su Presidenta , Dª Pilar Vera, por su perseverancia en la búsqueda de la verdad y la justicia
21/01/2018 www.elrincondelbonzo.blogspot.com
