Madrid, SP, 2 de junio de 2015.– El presunto caso de corrupción que podría haber salpicado en opinión de la Justicia, y por lo que ha imputado tanto al delegado del Gobierno en Valencia, así como al empresario de AVIALSA, no ha hecho, junto con la situación histórica en la adjudicación de estos megacontratos, que nuestro buzón de denuncias no haga más que rebosar de informaciones que requieren una gran dósis de sangre fría y profesionalidad antes de hacer público lo que algunos señalan, y a lo que nosotros añadimos siempre el «presuntamente» hasta que la acción de la Justicia termine su trabajo, que ha sido la norma, «no sólo en la Comunidad Valenciana». Nuestro interlocutor nos señala que la actual coyuntura de pactos y «pactitos» dado que son las CCAA las que publican los pliegos de condiciones y prescripciones técnicas en España, y adjudican, y que AESA debería supervisar tambien, hace posible que algunos de esos pliegos se tenga la impresión de que están realizados ad-hoc para algunos operadores. Pero lo que nos ocupa hoy es algo sobre lo que ha llamado nuestra atención un denunciante, como son las licitaciones de medios aéreos del MAGRAMA, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el Servicio de transporte y extinción del Área de Defensa contra Incendios Forestales. AD ha podido contrastar como tras finalizar el último contrato de helicópteros en 2014, se procedía a una contratación de «emergencia» por un año, que finalmente resultó fallida. Tras esto lo que se hizo es contratar sólo para la Campaña de Invierno de 2015, por un procedimiento «urgente». Actualmente de nuevo de forma urgente, convirtiendo en normal lo que debe ser excepcional, se está en un proceso de licitación para un sólo año de duración. Esto huele a precariedad, y a algo más, nos señala nuestro sagaz informante… que señala «han convertido en una subasta, lo que debería ser un concurso de un servicio público con garantías de calidad de cara al futuro», aprecia este conocedor de las interioridades de este tipo de procesos en el MAGRAMA. «Los oferentes no han tenido la obligación de presentar a priori las especificaciones técnicas para prestar ese servicio…»
«Solamente les ha bastado con un compromiso de adscripción de medios humanos y materiales que parece a todas luces alarmante, hablando de lo que hablamos», señala, subiendo un punto su grado de indignación. La reflexión que hace es que con contrataciones bimensuales o anuales de este tipo de medios aéreos tan críticos, como son los helicópteros, no se puede garantizar ninguna estabilidad en los puestos de trabajo de las tripulaciones y personal de extinción, de tal forma que se compromete tanto el grado de formación, habilidades específicas, así como el futuro laboral de estos trabajadores.
Pero ya especificamente entrando en la materia que nos especializa como medio, se nos señala que «es comunmente sabido en el sector que ciertos operadores pretenden ejecutar el servicio con helicópteros que no cumplen con los requisitos técnicos que el Area de Defensa contra Incendios Forestales de MAGRAMA ha especificado como mínimos para la realización de una operación segura y eficaz». Aquí es donde debería existir precisamente una coordinación con AESA, dado que estamos hablando de dos ministerios implicados que salvo error u omisión pertenecen al Gobierno de la Nación.
Pero además ha irrumpido con fuerza el RD750/2014, por lo que algunos operadores (¿recuerdan cuando ironicamente abogábamos por la irrupción de los «Hombres de Azul» de EASA para fiscalizar a la denostada AESA española? Esos «Hombres de Azul» ya han llegado en forma de trasposición de ese RD), «ciertos operadores», se han visto obligados a cumplir ese Real Decreto en lo referente a tripulaciones dobles, y con el exclusivo fin de ahorrarse el coste correspondiente de la formación habilitante de los pilotos, no les están habilitando, en el caso de los copilotos en los tipos de helicópteros a los que están adscritos. De esta manera merman la posibilidad de paso, de que se formen adecuadamente en el puesto de trabajo que luego desempeñarán cuando actúen en los incendios. Aquí AESA debería tambien supervisar con lupa lo que está sucediendo.
Clientes como MAGRAMA deben, puesto que se trata del propio Estado, deberían tener en cuenta, valorar tambien aquellas empresas que además de cumplir con la legislación vigente, a mayores invierten desde hace tiempo en la formación de sus pilotos, lo que añade un plus de calidad al servicio, y ni que decir tiene, otro de seguridad de las operaciones en un sector donde la ratio de siniestralidad es simple y llanamente inaceptable campaña tras campaña. AESA tambien puede colaborar en esa valoración.
Téngase en cuenta que los pilotos sin habilitación tipo NO PUEDEN TOCAR LOS MANDOS de los helicópteros en los que vuelan, y actúan como unos ocupantes más de la aeronave, incluyendo si en un momento crítico tuvieran que actuar. Algo absolutamente surrealista, teniendo en cuenta que el origen de esa situación es un puñado de euros que quieren ahorrarse en formación.
Otro de los problemas denunciado hasta la saciedad, y con incidencia directa en la safety, es la estacionalidad del servicio. La «solución» que parece encontrarse es que finalmente la mayor parte de los helicópteros medios que operarán este Verano en España se arriendan a empresas extranjeras. Estos helicópteros incluso proceden de accidentes, sobrantes de cuerpos de policías de terceros países, e incluso militares, eso sí, con certificados alemanes en vigor, que a priori, los ponen a nivel de los españoles. Pero aquí los profesionales consultados indican que ésto genera razonables dudas comparativas sobre operatividad en relación a modelos que se encuentran ubicados en España y bajo supervisión AESA… Aquí, como no podía ser menos, AESA tiene muchísimo que decir, supervisar y probablemente corregir.
Finalmente llama la atención que desde el propio MAGRAMA no se tomen las máximas medidas necesarias, señalan expertos consultados de tal forma que prevalezca tanto la seguridad máxima, como los puestos de trabajo, en lugar de hacerlo sobre criterios exclusivamente económicos que ponen en peligro finalmente la máxima eficiencia en el servicio, con las máximas garantías de seguridad, con la premisa de que hay que pagar por esa seguridad y considerarla como una inversión, y no como un coste simplemente por lo que conlleva.
La situación es grave nos señalan las fuentes consultadas, muy grave, y además alarmante desde el punto de vista de la safety. «Es competencia de MAGRAMA velar no sólo por el correcto cumplimiento de los pliegos de condiciones prescriptivas, sino además garantizar el futuro de los profesionales, de todos ellos, del dispositivo contra incendios«. Los consultados conocedores de estas supuestas «subastas» nos indican que el futuro profesional con esta forma de actuar se encuentra seriamente comprometido.
Tambien señalan que la libre concurrencia para evitar prácticas monopolísticas, está amenazada por precios arbitrarios basados única y exclusivamente en los beneficios empresariales, que terminan además fuera de España, consiguiéndose por un lado la merma en la ejecución del servicio que se demanda, la pérdida de derechos de los trabajadores, que se ven indefensos y reducidos a un mero coste económico, y no a un valor añadido como capital humano que es. De esta forma finalmente se conseguirá, como está sucediendo poco a poco, la destrucción del sector aéreo español, tambien en estos servicios esenciales.
