Santa Cruz de Tenerife, SP, 31 de diciembre de 2014.- Si profundizamos en la situación actual de la «conectividad aérea» en nuestras islas, podemos caer en la frustración, el desespero, o en la voluntad de salir a delante. Por tratarse de un motivo de supervivencia incuestionable, es vital encontrar soluciones viables. En tal sentido se mueven los testimonios aquí aludidos –señores Negrín y Bethencourt– publicados en este medio, que han planteado con objetividad serios problemas con los precios abusivos de los pasajes de avión; la mala praxis de actuación sobre el transporte de mercancías; la insuficiencia de la bonificación a residentes por aplicarse sobre las tarifas máximas impuestas por las aerolíneas, beneficiarias principales de dicha compensación económica… conjunto de penurias, en fin, que nos marginan como españoles y nos discriminan como ciudadanos por no contemplarse las limitativas condiciones de insularidad en su justa medida.
¿En manos de quién están las soluciones? La dispersión de responsabilidades agudiza el verdadero problema. La complejidad burocrática de una infraestructura política en que varias competencias sobre una misma área se solapan e interfieren, permite escurrir el bulto con facilidad por el simple procedimiento de «No, esto no es cosa mía…».
El caso más evidente lo tenemos en casa. Dentro del contexto descrito en estos trabajos informativos sobre lo mal tratados que estamos desde fuera por las compañías aéreas que, desde que desapareció Spanair, han disparado impunemente los precios, y ante la despreocupación de las autoridades centrales por nuestros intereses legítimos, nos encontramos directamente con el mayor perjuicio sufrido de cerca: la conectividad local. Nuestra capacidad de desplazamiento entre islas a un precio razonado y asequible. Así era hasta que desapareció Islas Airways en un mercado donde la competencia autorregulaba los precios sin necesidad de intervención de la Administración Autonómica. Necesidad que en la actualidad es imprescindible para cumplir, y hacer cumplir, la OSP, Obligación de Servicio Público, por la impunidad en que se mueve la única compañía regional, que actúa libremente en su condición de monopolio, sin competencia presente y blindada ante la posibilidad de que alguien pudiera acceder a este mercado local. Situación de privilegio que redunda en brillante «negocio» empresarial, pero en perjuicio de los usuarios indefensos ante los extremados precios unilaterales que, además, se duplican en favor del empresario por la aportación del Estado Central en nombre de las bonificaciones por residencia.
Por tratarse además de una empresa que ha reducido costes drásticamente a base de despedir a la plantilla completa de profesionales expertos para ser sustituidos por mano de obra barata, al amparo de una reforma laboral que ha erradicado los derechos laborales; si además ha trasvasado todos los aviones y la actividad operativa a dos compañías de bajo coste que, para redondear el negocio, las ha absorbido como propias, pero mantiene el nombre comercial de la marca original, era de esperar que la OSP en beneficio de los usuarios se viese favorecida con una rebaja sustancial en el precio de TFN a FUE o de LPA a TFN. No es así, sino que como mínimo se ha duplicado desde que desapareció la competencia. Es imprescindible la intervención del Gobierno Autonómico para erradicar una situación local penosa por abusiva, so pena de considerar un estado de connivencia.
Por correlación, y en la misma onda reivindicativa, debe preocuparnos la aparente pasividad de nuestras autoridades frente a la demoledora operación privatizadora de AENA. Para contrarrestarla basta con aplicar, sin ambages, el punto 13 del art. 33 de nuestro Estatuto de Autonomía.
Sin la firmeza y honradez de quienes tiene que defendernos, estamos perdidos.
20/12/2014 bonzoc@hotmail.com
