El 14 de Junio de 2002 un helicóptero operado por la compañía Helieuropa Service, modelo Augusta Bell AB 205, se estrellaba en el municipio de Torallola (Lérida), por una sobrecarga en el conjunto de cola hizo que ésta se separara y rompiera en pleno vuelo. Como consecuencia del impacto fallecieron los 8 ocupantes que transportaba: la tripulación, dos técnicos en termografía, un responsable de una compañía eléctrica y tres funcionarios de la Delegación Territorial del Departamento de Industria y Turismo de la Generalidad de Cataluña en Lérida.
«Ocho» años después, el próximo 14 de febrero, se celebrará el Juicio, donde el principal imputado Pedro María Sáenz de Maturana, administrador de la sociedad Helieuropa Services S.A se enfrenta a una posible condena de cinco años y nueve meses de cárcel.
Pero no solo Maturana se enfrenta a esta condena, la fiscalía pide para Andrés García López, director técnico de la compañía, Jose Carlos de la Peña, director de calidad de la empresa y Carlos Mejias, TMA. una pena de cuatro años de prisión por los ocho homicidios por imprudencia profesional además de seis años de inhabilitación profesional. Por otro lado la acusación pública solicita un año y nueve meses de cárcel para cada imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Además solicita que se indemnice a los familiares de las víctimas con 600.000 euros a cada uno. En total 4.800.000 euros.
El helicóptero había sido declarado por el Ejército del Aire como «Inútil para el Servicio», reconstruido con piezas de museo, certificados de aeronavegabilidad que no se ajustaban al modelo real de helicóptero y un sin fin de irregularidades que pusieron de manifiesto las graves deficiencias de la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) y sus delegaciones de seguridad en vuelo, responsables de la emisión de las certificaciones. Como resultado de la investigación del accidente la CIAIAC emitió cinco recomendaciones, las cinco dirigidas a la Dirección General de Aviación Civil.
Una de las páginas mas negras de la aviación española, donde una vez más, se pone de manifiesto las graves deficiencias de la inspección y supervisión de nuestras autoridades aeronáuticas.
A modo de ejemplo, el 27 de febrero de 2002, 3 meses y medio antes del fatídico accidente, el Jefe de la D.S.V. nº 4 de Sabadell envió un Informe de Compañía al Jefe del Área de Inspección y Seguridad en Vuelo de la DGAC de Madrid, en el que dice: «A la vista de todo lo anteriormente expuesto, ésta DSV nº 4 considera que la Cía. HELIEUROPA SERVICES reúne las condiciones y requisitos establecidas para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de su flota y en consecuencia se la considera APTA para realizar las siguientes actividades: (relación de actividades autorizadas, entre ellas TPP)"
Mañana, aviaciondigit@l publicará un artículo más completo sobre la actuación de inspectora de la DGAC en este accidente y el fin de semana el artículo sobre «La truculenta historia del EC-GJL en Francia»
