Aviación Digital, Sp.- La reciente admisión a trámite en el Parlamento Europeo de la petición 87/2025, presentada por la plataforma sindical Controladores Unidos (CCUU), ha revelado con claridad las divisiones internas entre las organizaciones profesionales que representan a los controladores aéreos en España.
En el centro de estas tensiones se sitúan diferencias de estrategia, enfoque y representación entre CCUU y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), mayoritaria hasta ahora en el sector.
CCUU —una coalición formada por SPICA, OCCA, SNCA, APCAE y DdS— considera que España, no esta cumpliendo varias normativas comunitarias. Entre ellas destacan el Reglamento (CE) 2096/2005 sobre requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea (actualizado en el 373/2017 hoy en vigor), y la Directiva 89/391/CEE sobre la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores.
La plataforma también denuncia la eliminación del sistema de retiro anticipado (ERS), vigente en países como Francia, Alemania o Estados Unidos, lo que —a su juicio— compromete la salud de los controladores y la seguridad operativa del sistema.
Uno de los elementos más significativos de esta iniciativa ha sido la ausencia de USCA. Según se deduce de un comunicado a los Controladores Aéreos desde la plataforma www.controladoresaereos.es, la organización mayoritaria fue invitada en repetidas ocasiones a sumarse a la petición europea, pero declinó colaborar.
Esta negativa ha sido interpretada por algunos representantes de CCUU como un intento de desmarcarse de una estrategia más confrontacional, en favor de una línea de actuación más institucional o bilateral. CCUU reafirma su compromiso con la lucha por los derechos de los controladores, destacando que su acción en Europa busca abordar la sobrecarga laboral y garantizar la seguridad aérea para equipararse con sus homólogos europeos, en contraste, según la apreciaciones de CCUU, con la postura de USCA.
En su boletín NOTAC 30/2025, USCA expuso su posición, expresando dudas sobre la viabilidad jurídica y la utilidad práctica de la acción impulsada por CCUU. En particular, USCA defendió la restauración del sistema de Reserva Activa (RA) como su principal objetivo, y subrayó su decisión de no respaldar el modelo ERS, al que considera inadecuado en el contexto español. En el mismo comunicado, USCA señaló que no comparte la táctica de recurrir al Parlamento Europeo para abordar asuntos que —a su juicio— deben tratarse dentro del marco nacional de negociación colectiva.
La postura de USCA fue mencionada durante la intervención parlamentaria de la eurodiputada del PSOE Cristina Maestre, quien subrayó que “los sistemas ERS no son una prioridad en USCA”, lo que fue interpretado por algunos como un intento de reforzar el argumento de la falta de consenso sindical.
Estas divergencias reflejan una disputa más amplia sobre el modelo de representación profesional en el colectivo de controladores aéreos. Mientras USCA mantiene una posición predominante desde hace décadas y participa en los órganos formales de negociación, CCUU se presenta como una alternativa más reivindicativa, centrada en una acción sindical de mayor presión pública y alineación con estándares internacionales.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado dejar abierta la petición, una vez se debatió el pasado 14 de mayo en la sesión. Este procedimiento abre una nueva vía de escrutinio internacional sobre la situación del colectivo en España y podría, indirectamente, redefinir los equilibrios sindicales dentro del sector. Este es sólo el comienzo del camino emprendido por CCUU que aglutina a la mayoría (5 de 7) de las organizaciones de controladores aéreos españoles.
