Aviación Digital, Sp.- Tras un accidente, las familias necesitan respuestas rápidas, interlocutores estables e información veraz. La investigación técnica, en cambio, necesita tiempo, rigor y distancia. Conciliar ambas necesidades es el reto del nuevo órgano que el Gobierno aprobó el 10 de noviembre de 2026: el Defensor o Defensora de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo.
Según la referencia oficial del Consejo de Ministros, el real decreto crea esta figura dentro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y modifica para ello los reales decretos 1009/2023 y 253/2024. Su ámbito abarca los accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús.
Una estructura con rango de subsecretaría
El Gobierno la define como una figura «estable y permanente». El titular tendrá rango de subsecretario y será nombrado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes.
Su soporte será una Oficina con rango de dirección general, de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas. Además, contará con un Gabinete Técnico, con rango de subdirección general, que asesorará directamente al Defensor.
Sus funciones se ordenan en diez bloques. Entre ellos figuran la interlocución con víctimas y asociaciones, la coordinación de protocolos, la información y el asesoramiento, la transparencia mediante informes sobre la atención prestada y la capacidad de requerir información. Su actuación podrá extenderse a servicios autonómicos y locales mediante acuerdos de colaboración.
La frontera con la investigación técnica
El punto más sensible para el sector aéreo es su relación con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT). El acuerdo establece que el Defensor colaborará de forma particular con ella, pero «respetando su independencia».
La referencia oficial insiste en que el nuevo órgano no sustituye a ningún organismo. Respeta también la función de los órganos judiciales y las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos en sanidad, servicios sociales y transporte.
Esta cautela es coherente con el principio que rige la investigación de accidentes en aviación, recogido en el Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y en la normativa europea: la investigación técnica busca prevenir futuros sucesos, no determinar culpas ni responsabilidades.
Las asociaciones, dentro del sistema
Las asociaciones de víctimas participarán a través de un grupo de trabajo que, según el Gobierno, «formará parte activa, consultiva y permanente» de las funciones del Defensor. Con ellas deberá elaborar, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas. Ese plazo no corre desde la aprobación del decreto, sino desde el nombramiento, que todavía no se ha producido.
Análisis: atención estable sin intermediación política
La creación del Defensor ofrece una vía estable de atención y de rendición de cuentas, una demanda histórica de las asociaciones de víctimas. Pero abre una cuestión institucional relevante: evitar duplicidades y preservar una frontera nítida entre la asistencia gestionada desde el Ministerio y la comunicación de una investigación técnica que, por diseño, debe ser independiente.
Habrá que seguir de cerca el texto publicado, el perfil de quien ocupe el cargo y el futuro protocolo con la AITAT. La verdadera prueba será que el nuevo órgano facilite información y apoyo a las víctimas sin convertirse en intermediario político de los avances, hipótesis o conclusiones técnicas de la Autoridad. ¿Sabrá el sistema sumar empatía sin restar independencia?
