Madrid, SP.- En agosto de este año Enaire decidió unilateralmente aplicar el artículo de la Ley 9/2010 (ya sabemos que en su motivación no había ni un ápice de verdad), donde se establece que los controladores civiles se jubilarán forzosamente a los 65 años. En 2010, la edad legal de jubilación era 65 años y no se planteó ninguna controversia por ello en su momento entonces.
Ahora, 11 años después sí, los «Soldados del Estado» la Abogacía del Estado, a las órdenes del Ministerio de Transportes, y de ENAIRE, en un informe, contradicen lo que era norma hasta el momento, rescindiendo su contrato, pero no permitiendo a estos profesionales su jubilación. El resultado, un auténtico caos que ha reabierto viejas heridas, y que amenaza de aquí a 2022 con afectar a 200 controladores en activo hoy, justo en el momento de recuperación del tráfico aéreo en España.
Posteriormente la edad de jubilación se amplió, y así quedó reflejado en el famoso Laudo de 2011, del Sr.Pimentel, y posteriormente se firma del II CCP de 2016 donde se acordó que los controladores siguieran ejerciendo sus funciones después de los 65 hasta alcanzar la edad legal de jubilación.
Lo que se estaba poniendo en cuestión es la controvertida cuestión de la falta de controladores aéreos, tal y como se esgrimía en los meses anteriores al conflicto que desembocó en el cierre patronal del Espacio Aéreo español del 3D2010, que aún sigue en el caso de Madrid, sub júdice, en la Audiencia Provincial, a falta de resolución.
La Infantería del Estado interviene…, y la lía
En 2021, Enaire solicita a la Abogacía del Estado un informe jurídico al respecto y como resultado del mismo se concluye que los controladores se tienen que jubilar forzosamente a los 65 años, cambiando así el criterio usado por Enaire hasta entonces.
Como consecuencia de ello, 9 controladores han recibido cartas de cese de Enaire por ser mayores de 65 años quedando en el limbo puesto que se rescinde su contrato con Enaire pero no pueden jubilarse .
Enaire aduce imperativo legal en su acción pero no ha buscado previamente una solución a los afectados que quedan abandonados a su suerte tras más de 30 años de servicio como empleados públicos. Todos ellos, además, son funcionarios en excedencia (a ello fueron obligados cuando se creó AENA como ente público).
Spica, el otro sindicato de controladores aéreos, ha mostrado a la dirección de Enaire su más enérgica repulsa a este proceder (ejecutado señalan con el agravante de «estivalidad y alevosía», en pleno mes de agosto dando, y dando un preaviso a los sindicatos de unos pocos días).
Desde Spica están estudiando demandar los ceses como despido improcedente, al tiempo que buscan por parte de la dirección de Enaire una rápida solución para los controladores cesados. Esta medida va a afectar a 200 controladores hasta 2022 por lo que su solución se ha convertido en la prioridad de las negociaciones empresa-sindicatos.
