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Ana Pastor consuma la obra de José Blanco al privatizar AENA basándose en sus decretazos

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Guadalajara, SP, 14 de junio de 2014.- El anuncio de privatización del 49% del Patrimonio aeroportuario español, por Ana Pastor, Ministra de Fomento, no es sino la consumación de la Operación financiera iniciada por su antecesor José Blanco, que hoy disfruta de inmerecidos privilegios como Eurodiputado, tras llevar a la quiebra al Ente Público. Nadie le ha exigido responsabilidades, nadie se las exigirá, muy probablemente al tratarse de una operación pactada por ese otro Ente político, llamado PPSOE. Blanco les hizo el trabajo sucio a sus colegas del PP, y de no exigírsele explicaciones por la quiebra, quedará evidenciado el "Pacto de Estado" para expoliar AENA. Ahora se entiende el silencio cómplice del PP cuando se militarizó a 2.400 ciudadanos españoles, y las contínuas pruebas de fuerza con distintos colectivos opuestos a estos turbios negocios ad-hoc para la casta financiera y empresarial que evidentemente maneja las decisiones políticas en nuestro país. Estos son los patriotas que rigen los destinos de este chiringuito en el que España se ha convertido ultimamente. El pasado 25M, un serio aviso advertía de que esta deriva puede llevar a este Ente, el PPSOE, más cerca de las listas del paro, que de volver a gobernar esta gran nación que ambos llevan 30 años rapiñando. El ciclo ha cambiado. ¿Harán lo mismo las fuerzas sindicales directamente implicadas, o asistiremos de nuevo a las movilizaciones paripé?

En artículo aparte hablaremos de todas las reacciones que se vayan produciendo al respecto.


Ayer Fomento se esforzaba en presentar las cifras de sus logros, alejándose cada vez más de dotar de lógica a la medida que ahora se consuma.

La duplicación del Resultado Bruto de Explotación en 2013, pasando de los 883 millones de euros en 2011, a los 1.610 a finales de 2013, recorte de gasto de 255 millones, una generación de caja de -511 millones en 2011, a +847 en 2013. un beneficio neto de 597 millones, o la relación Deuda/Ebitda, pasando de 13,8 m/EUR en 2011 a 7,1 en 2013, son la palmaria prueba de que necesariamente se tendrían que exigir responsabilidades a los anteriores gestores. Sin hacer esto, repetimos, la complicidad queda demostrada con esta medida. Este debería haber sido el principio.

Pero es que además en 2013 el récord de pasajeros internacionales de 129 millones sobre un total de 187,4, demuestran que es precisamente en el momento en el que el tráfico aéreo esta creciendo, cuando se decide acometer la privatización. De nuevo una contradicción con la necesidad de hacerlo.

Otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno, por boca de Ana Pastor, es que los gestores aeroportuarios de todo el mundo han dado entrada a capital privado, poniendo el ejemplo de Fraport en Alemania del 49,4% o del ADP con el 48,6%. Aquí se obvia el hecho diferencial objetivo de que el sector turístico español es de tipo estratégico, como si fuera el agua, y esencial para la economía nacional. Dejar en manos privadas el destino de la única industria capaz de mantener minimamente estable los datos macroeconómicos de la economía nacional, dice mucho de hasta qué punto son los intereses nacionales los que se pretenden salvaguardar. Que se lo digan a los canarios por ejemplo.

El tópico argumentario empleado por Fomento va desde el fortalecimiento en la gestión al irrumpir el capital privado, haciendo sostenible el sistema de red, estímulo para el sector aéreo en España, y los sectores vinculados como comercio y turismo, o el desarrollo internacional de la compañía. Dos cuestiones contradicen estas supuestas buenas intenciones. Por un lado si la gestión se ha mejorado en estos dos años, ¿qué sentido tiene no seguirla mejorando desde el ámbito de lo público ahora?. Y por otro lado, si el desarrollo internacional es una vía para internacionalizar a las empresas españolas, ¿porqué no se restringe al ámbito de la internacionalización el experimento privatizador, asegurándose un impacto menor en el estratégico sector aeroportuario en España?. La respuesta es sencilla, y es que los intereses particulares, financieros y especulativos que hay detrás de la privatización, se imponen al interés general y público, demostrando que PPSOE gobiernan para esos intereses particulares.

El Gobierno regulará mediante el DORA para establecer los niveles de calidad, estándares de capacidad de los aeropuertos, condiciones mínimas de servicios e inversiones y marco tarifario. ¿Cómo conseguirá que inviertan sus amigos si se mantiene el 51% en manos del dicen textualmente, y ese es un peligroso lapsus linguae, "del Gobierno", en lugar del Estado. Otro síntoma de la Operación PPSOE, hablan del 51% de capital en manos del Gobierno, en lugar de hacerlo del Estado.

El 49% del capital patrimonial de los españoles de la red de aeropuertos se dividirá entre el 28% que se colocará en bolsa a través de una OPV, y el 21% licitado a través de un núcleo que llaman "estable" de accionistas seleccionados, más bien ya preseleccionados, mediante un proceso de concurrencia, que obvian especificar que será "público", en la nota del propio Ministerio. Luego evidentemente se trata de una operación financiera y especulativa que servirán a los intereses de esos "seleccionados", bancos y empresas, donde de nuevo veremos brillar el ladrillo y el hormigón armado por doquier.

Pero lo que si resulta de Traviatta total es el soporte legal. Aquí se evidencia que lo legislado por el RDL 13/2010, el desencadenante de toda esta operación especulativa, tiene su encaje legal en la época de José Blanco. A ese marco legal no se le tiene que cambiar ni una coma para legitimar lo que ahora Ana Pastor ha materializado, consumado y pornograficamente desde el punto de vista estético, y político, consumado. Es todo un señor orgasmo lujurioso de la fase final de ese capitalismo del que chupan a diario, mientras las urnas se lo sigan permitiendo. Es el poder de unos pocos, para otros menos aún. De nuevo el compadreo del PPSOE se refleja con ello de manera ya totalmente obscena.

Y quizás resulte aún de una obscenidad insoportable leer el argumento de que esa nueva regulación y la transformación de AENA "redundará en un control de los costes y un incremento de la eficiencia", haciéndo un sector aéreo más competitivo. Este argumento es un mantra, que además, desprestigia y pone en dialéctica evidencia no ya la falta de profesionalidad de la fuerza de producción de AENA, de forma desmotivadora, sino sobre todo, que reconoce implicitamente que los gestores públicos de este Ente Público, ni controlaron costes, ni mejoraron la eficiencia. Y decrementaron la safety (47 cuasicolisiones en 2010). Eso sí, sin responsabilizarse ni exigírseles responsabilidades por ello curiosamente.

Los 15.000 millones de déficit de AENA, ahora valorada teoricamente en 16.000 millones, en cualquiera de los países de nuestro entorno habrían supuesto evidentemente una convulsión tal de la opinión pública, que dificilmente cargos públicos como Blanco, Lema, Marín o Librero, intervinientes directos en su gestión, se habrían visto librados de someterse a preguntas de Congreso, Senado, Tribunal de Cuentas, Auditorías de AENA, e incluso, deduciéndolo de ello de oficio del Fiscal General del Estado, en un país normal. Y los medios de comunicación habrían cumplido con su social obligación de preguntar, dudar, y llegar hasta la verdad final.



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