Madrid, SP, 27 de abril de 2015.- La Sección Sindical de CGT en Aena ha enviado hoy un escrito a partidos políticos, diputados, asociaciones sociales y de consumo, más de 800 interlocutores de la sociedad civil y política de España, denunciando la estafa y el fraude que ha supuesto la privatización de Aena a los 75 días de su salida a Bolsa. La denuncia se hace eco de las palabras de Dolores de Cospedal: «Hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país». El saqueo es de magnitudes estratosféricas. En la carta se ponen negro sobre blanco los beneficios obtenidos por los fondos buitres y bancos colocadores, grandes beneficiarios de esta transferencia de un bien público rentable a manos privadas. Unos beneficios que se han obtenido sin generar riqueza real, sino a través de un proceso fraudulento.
TCI ha visto incrementado su patrimonio en sólo 75 días en 365 millones de euros. También destacan HSBC y Morgan Stantley con un incremento patrimonial de 160 y 113 millones de euros respetivamente. No se quedan atrás Bank of America y Fidelity con incrementos en unos 40 millones de euros.
Todo esto quiere decir que el accionariado actual de Aena no está compuesto por capitales estables que busquen la mejora en la operación, sino por fondos cortoplacistas que requieren beneficios inmediatos. Básicamente, se ha hecho una transferencia de renta desde lo público y estatal hacia bancos de negocio, los que iniciaron la crisis mundial con sus negocios de hipotecas basura, y hacia fondos de inversión extranjeros.
CGT denuncia que quienes se autodenominan patriotas y defensores a ultranza de la unidad de España han regalado la mitad de un bien público, estratégico y fundamental para la economía del país, construido durante generaciones con el esfuerzo ciudadano, a especuladores extranjeros que no aportarán a la gestión del modelo aeroportuario más que voracidad en la obtención de dividendo a costa de la seguridad operacional y del mantenimiento normal de las instalaciones, como ya hemos comprobado en tantos otros casos, e inestabilidad en la toma de decisiones.
Igualmente intenta poner cara a esa pérdida de patrimonio público, con el ejemplo de su impacto en el sostenimiento de hospitales públicos de referencia.
Finalmente, denuncia la perdida de plantillas en los aeropuertos de interés general, que ponen en riesgo la prestación de un servicio de calidad y con seguridad operacional y reclama a estas organizaciones que soliciten comisiones de investigación para encontrar los responsables de este expolio. Así mismo se les solicita a los partidos políticos, que incluyan en sus programas electorales el mantenimiento de la propiedad y la gestión de la red pública de aeropuertos de interés general.
