ACOSO MEDIATICO-JUDICIAL/El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, ha asegurado este miércoles que no ve "descabellado" que se solicite el embargo de bienes de los controladores aéreos en el marco de las diligencias penales que se inicien con motivo de la huelga secundada los pasados 3 y 4 de diciembre que paralizó el espacio aéreo español. Los fiscales deberían permanecer absolutamente mudos, durante todo el proceso, hasta que exista alguna resolución concreta al respecto, y más aún todo un fiscal jefe. Con estas declaraciones, lo que se hace, de facto, es orientar a la opinión pública en uno u otro sentido, interviniendo en lo que por la mínima prudencia y corrección jurídica, debería hacerle no intervenir(AD)
Eduardo Esteban se ha pronunciado así tras concluir el acto de inauguración de las nuevas instalaciones judiciales de la Comunidad de Madrid en la Plaza de los Cubos de la capital. A preguntas sobre si la Fiscalía apoyará esta medida, el fiscal jefe ha subrayado que "en absoluto" es algo que se pueda descartar con la finalidad de asegurar las responsabilidades civiles que se deriven del proceso penal.
Las manifestaciones de Esteban se producen en el mismo día en que la Fiscalía de Madrid ha remitido al Decanato de los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla la denuncia contra los controladores aéreos por un delito de sedición.
Así lo ha confirmado esta mañana Esteban Rincón, quien ha adelantado que "intervendrán en las diligencias con todas las consecuencias".
Además, Esteban ha señalado que pedirán nada más recaiga la denuncia en un Juzgado que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal.
Hasta ahora, los controladores se han negado a declarar hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo.
Los controladores que fueron llamados a declarar ante el fiscal se negaron a prestar declaración ante él al no reconocer su competencia, puesto que entienden que se les debe interrogar bajo la jurisdicción militar desde el momento que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma.
Las investigaciones están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar
