Barcelona, SP.- El portavoz del Gobierno de la Generalidad de la región catalana, Jordi Turull, se permitía exigir el pasado martes a Aena y a la Delegación del Gobierno en ese lugar del Noreste de España, que colaboren para encontrar una solución al conflicto laboral abierto en El Prat, según señalan, por una huelga de los trabajadores de Eulen. Hasta ahí correcto. También en el reconocimiento, al contrario que recientemente hacía respecto a la función inspectora un Consejero, respecto a los aeropuertos, donde aprovechaba para dudar de la utilidad de la Guardia Civil, al señalar que la Generalidad «sólo puede actuar de mediadora» en un conflicto laboral entre trabajadores de una adjudicataria y Aena. Pero de nuevo arremeten a cuenta de este conflicto contra la Guardia Civil cuando señala que «seguro que la Guardia Civil haría más trabajo allí que persiguiendo las urnas«… algo que resulta bastante improcedente pronunciado por un portavoz de un gobierno regional, amparado única y exclusivamente en lo que la Constitución señala respecto a las Comunidades Autónomas, más aún, en pleno proceso de investigación por presuntos delitos, aún no tipificados penalmente, pero que a instancias de la Justicia, merecen el esfuerzo de los recursos del contribuyente para investigar precisamente a miembros de semejante presunta organización o individuos, por presunta comisión de ilícitos penales con tipificación en nuestro ordenamiento jurídico por la Guardia Civil actuando en todo momento por mandato judicial, sin respeto alguno, reiterado en estos días, para estos trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El llamamiento a que tanto Aena, como la Delegación del Gobierno «se pongan las pilas» en la solución del conflicto laboral que afecta a miles de pasajeros a diario, sí entraría dentro del ámbito competencial y de la simple libertad de expresión. Y ahí debería estar exactamente el punto. También puede parecer aceptable, aunque incoherente, el que se pidan más recursos, es decir más guardias civiles, ahora para la gestión del aeropuerto, cuando en el Congreso de los Diputados nada han señalado al respecto estos próceres de la actual neoburguesía catalana, por ejemplo, respecto al expolio privatizador de la red aeroportuaria de Aena, que puede ser analizando el origen, la causa raíz con estas consecuencias para los pasajeros de El Prat. La privatización.
La Guardia Civil seguro que está haciendo su trabajo para que se cumpla con nuestro ordenamiento jurídico tanto en los aeropuertos como en la persecución y evitación de los presuntos delitos de sedición relacionados con el plebiscito ilegal secesionista que precisamente estos señores, acompañados de otros, presuntamente, aunque públicamente lo hayan señalado, podrían estar instigando de forma pública, notoria y con conocimiento incluso de lo ilegal de sus acciones, presuntamente.
El problema suele ser la falta de valentía que acompaña afirmaciones como la que deslizan en relación con «las urnas» y la investigación ordenada por la Justicia a la Guardia Civil como Policía Judicial. Y eso que estamos aún en el momento de la toma de declaraciones simplemente, es decir, en la toma de pruebas que posteriormente serán a buen seguro aportadas en el momento de la constatación de algún ilícito penal.
Pero completando el círculo de la demagogia de estos políticos locales, nos encontramos con que este Sr. Turull, critica que el conflicto laboral da «mala imagen»… algo que no deja de resultar chocante, cuando menos, viniendo de donde viene. Resulta muy «heavy» que aluda a la «mala imagen» en medio de una situación de caos instigado desde el poder.
