
Las inspecciones de la AESA se llevan a cabo en todas las áreas y ámbitos que afectan a la seguridad operacional, como revisiones a la aeronavegabilidad de los aviones, inspecciones a compañías aéreas y a la actividad de operadores de trabajos aéreos e inspecciones relacionadas con el mantenimiento e inspecciones sobre el diseño y fabricación.
También se realizan inspecciones a las actividades de formación de personal aeronáutico, centros médicos y examinadores, a la actividad deportiva, a aeródromos y aeropuertos, además de revisiones a los derechos de los usuarios e inspecciones de seguridad ante la interferencia ilícita. Lo que Librero no hizo es desglosar qué tipo de inspecciones son esas exactamente. No es lo mismo una inspección documental, que una de material o vuelo. Esto no lo especificó, como por otra parte hubiera parecido lógico al tratarse de un tema recurrentemente reclamado por los profesionales del sector.
En cuanto a las subvenciones al transporte aéreo para los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, Librero explicó que el Ministerio de Fomento ha hecho un importante esfuerzo para mantener la subvención del 50 %, pero es fundamental que las bonificaciones lleguen a quienes realmente tienen derecho a ellas, especialmente en la actual coyuntura. Por ello, en los presupuestos generales del Estado para 2013 se introduce una habilitación a Fomento para que se pueda fijar un limite máximo subvencionable, con el que se pretende evitar que el ministerio subvencione tarifas excesivamente altas, Para ello se ha elaborado un plan de inspecciones a los diferentes usuarios que permitirá minimizar los casos de fraudes. En este sentido, Librero señaló que no es normal que se subvencionen tarifas de 600 euros en Canarias o de 500 en Baleares, cuando las tarifas medias son de 120 y 70 euros, respectivamente.
Con la implantación del requisito de acreditación del empadronamiento, en septiembre, se han ahorrado 5 millones de euros, cifra que no es "baladí" en una cantidad de partida que asciende a 289 millones, apuntó. Añadió que, con una estimación sobre una muestra tomada a 600 pasajeros, en el 6 % se produce el fraude, según los datos del ministerio, aunque alguno de los diputados asistentes a la Comisión de Fomento, mostró sus reticencias porque ese requisito vulnere o no principios constitucionales según indicó. Librero, que reconoció su desconocimiento en temas legales, indicó que eso no era así.






