AENA tuvo que desembolsar 2010-2013, 3.750.637 € en demandas laborales perdidas

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2010-2013: 811 demandas a los controladores y 1064 al personal de aeropuertos

Madrid, SP, 24 de octubre de 2013.- Narvay Quintero (CC), recibía ayer la respuesta del Gobierno, a su pregunta sobre los gastos jurídicos y demandas en AENA para el período 2010-2013. Lo primero que llama la atención es que en un Ente Público con 13.000 empleados, se produzcan 1875 demandas laborales en menos de tres años. 1064 contra trabajadores incluídos en el I Convenio Colectivo del Grupo AENA, y 811 contra los del II CC del Control Aéreo. Evidentemente esto es judicializar las relaciones laborales, y disparar con pólvora de Rey. Pero pagando todos los ciudadanos claro. Y además externalizando los servicios jurídicos, en beneficio de por ejemplo, despachos como el sevillano, de Cuatrecasas Abogados que ha facturado cerca de 351.445 EUR, o el despacho Sagardoy, centrado en los controladores aéreos, que ha minutado entorno a los 130.000EUR. La pequeña cuestión es cómo disponiendo del apoyo de 20 abogados propios y la asesoría de la Abogacía del Estado, se contratan estos servicios externos, y qué resultados comparativos tuvieron en las pérdidas de las demandas, respecto a los propios abogados de AENA. El empleo de la herramienta jurídica como sistema de relaciones laborales se implantó en AENA en la época de Lema y Librero, como experimento para la privatización del Ente.

La guerra en los tribunales ha sido evidentemente el resultado de la gestión de las relaciones laborales en la empresa exclusivamente enfocada hacia la conflictividad jurídica, en lugar de al diálogo. Esto es más que evidente.


Pero si entramos en un análisis un poco más detallado de la judicialización de las relaciones laborales, por ejemplo, respecto a los trabajadores bajo el paraguas del I Convenio Colectivo del Grupo AENA, es decir de aeropuertos, fundamentalmente, vemos que la mayoría de estas demandas se han llevado a cabo contra las "Empresas Externas (cesión ilegal, subrogación, despido y retribuciones)". Esto significa en román paladino que aparte del Acuerdo de Garantías incumplido y firmado por la CES y el Sr.Lema, este experimento socio-laboral que preparaba la privatización del Ente, se ha visto entorpecido, bombardeado y desprestigiado por lo que aún salvaguardaba los derechos de los trabajadores de Aena Aeropuertos, por la legislación laboral vigente, y las contradicciones con el nuevo modelo a imponer a toda costa ante la quiebra contable del mismo.

Capítulo aparte es que el segundo motivo de demanda a los afectos al ICC Grupo AENA, es el de "Derechos". Aquí vemos el democrático modelo que una vez superada la negociación colectiva y la actual Reforma Laboral, se ha impuesto. Se ha adoptado la demanda como herramienta única para la negociación con los trabajadores. Es más, según se va acercando la privatización en el Ente, vemos como aumentan las demandas por los derechos laborales vulnerados. Se llega a 78 demandas en 2012, superando las 41 y 55 respectivamente de 2010 y 2011.
Tambien vemos como casi un centenar de trabajadores se han intentado despedir mediante demandas en estos años.

Las demandas en cuanto a derechos de los trabajadores para el colectivo del control aéreo, adscrito a su II CC, tambien han sido de un par de cientos en estos cuatro años.

Pero hay un dato relevante y preocupante en lo que se refiere a las demandas a los controladores españoles. Casi 600 demandas entre 2010-2011. Coinciden justo estas con el período de la actual Secretaria General de Transportes, Carmen Librero, como directora de NA. Y coincide tambien con todo el tiempo que Isabel Maestre lleva como directora de AESA. En un escenario como este, de evidente conflictividad, podemos convenir que la seguridad aérea se pudo ver amenazada por aquello del siempre minusvalorado estado psicológico del personal de control aéreo, y el factor humano, cuando 1 de cada tres controladores operativos en el período-al menos estadisticamente, estaban entre 2010-11 amenazados por una demanda por parte de la empresa. Ahora comienzan a cuadrar las 47 cuasicolisiones, de las que debían ser conscientes los responsables de seguridad de NA en ese momento, y la conflictividad laboral provocada por la obsesión política del megaloaeroportuario ministro Blanco. Que en 2013, tengamos como máxima responsable jerárquica de la seguridad aérea en España, de AESA, a la ex-directora de NA en el momento de esa enorme conflictividad laboral que se saldaba judicializándola, es decir dilantando aún más la angustia de los controladores en la solución de sus cuestiones laborales, y, cuando la actual directora de AESA, no se sabe exactamente si tuvo una sóla actuación al respecto, hace que evidentemente nos cuestionemos si la seguridad aérea estaba o no garantizada en el espacio aéreo español en ese mismo período. Aparentemente con el dato de los 47 incidentes de severidad A, oficiales y conocidos, en ese mismo período, la respuesta sería NO. Convendría que ya que se ha remangado el Senador Quintero con estos temas, continúe con su árduo trabajo y acabe relacionando los datos económicos que va logrando destapar, con los relativos a la garantía o no de seguridad operativa en España.

De estas casi 2.000 demandas AENA ha ganado unas cuantas, la mayoría, pero esto sólo significa que toda la fuerza del Estado, y la ayuda externa de servicios jurídicos se emplearon en doblegar a los trabajadores durante años. se invirtió en doblegar juridicamente. Especialmente a los controladores aéreos, pero sin olvidar que uno de cada doce trabajadores del Grupo AENA tuvo la soga de la demanda tambien sobre su cabeza en este período.

Por otro lado podemos ver que cuando los intervinientes en las demandas, en el caso de los trabajadores adscritos al ICC Grupo AENA, era el propio gabinete jurídico del Ente, con el apoyo inestimable de la Abogacía del Estado en estas lides, la proporción de demandas estimadas disminuye considerablemente, y se sitúan practicamente en un 50/50.

En el caso de los controladores, aunque casi 100 de ellas fueron desestimadas, dando la razón a los ATCs, la mayoría no. Pero he aquí que son precisamente los despachos privados los que pusieron toda la carne en el asador en estos procesos pues se estaban jugando interesantes minutas, y precisamente el enorme ruido mediático, no parece que le fuera ajeno totalmente a la judicatura, según hemos podido analizar en algunas sentencias y vivencias. Recordamos aún como en Palma un magistrado incluía como HECHOS PROBADOS, que una controladora "como es de dominio público…" realiza horas extras,etc, etc… Pudimos comprobar que precisamente la aludida jamás se había distinguido por hacerlas. Tremendo aquello. En otra ocasión, en el hall de entrada de los Juzgados de Plaza de Castilla, pudimos observar, mientras intentábamos hacer fotos, algo vetado en el interior del edificio, efusivos abrazos entre demandantes, que asistían como testigos del Ente al máximo nivel, y "alguna miembra" de nuestra judicatura. La repugnancia de la visión de algo que contradecía absolutamente lo que durante años ha vivido el asistente al "evento", respecto a la asepsia de jueces y magistrados ante los procesos, ha hecho posible que aquella imagen obscena metaforicamente hablando, produzca en el observador una profunda crisis de confianza en nuestro sistema judicial en determinados aspectos. Antiéstetico abrazo aquel. Imborrable recuerdo de lo que no debe ser.

Aparte los servicios jurídicos externos, tuvieron el inestimable apoyo del armazón normativo del que supuestamente se estaba blindando todas las medidas contra este colectivo. Una veintena de reales decretos, leyes, etc… Un armazón ad-hoc, como Gernika Aeronáutico para el resto de los trabajadores en sucesivos años. Las cartas estaban bastante "marcadas" en estas demandas. La realidad estadística de hoy demuestra que ha sido así. Pero a falta de valorar el lucro cesante con motivo de la desmotivación de todo el personal para el propio Ente, resulta tambien bastante evidente que la "actitud", como diría la actual ministra de Fomento Ana Pastor, era la de judicializar estas relaciones laborales, de tal forma que 1 de cada 6 trabajadores del Ente han estado o están inmersos en alguna demanda laboral. Otra cuestión son las demandas NO LABORALES. Que tambien tienen su miga.

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