Palma de Mallorca, SP.- Independientemente de las al menos 1.125 razones que los trabajadores de Babcock tienen para ir a la huelga, pues de progresar la modificación de salarios que propone la empresa aún en su grado mínimo del 13% a esos 1125 €/mes netos quedaría reducido el salario de p.ej. un copiloto con más de 1000 horas de vuelo y 10 años de experiencia, hay otro aspecto que me gustaría tratar ¿Tiene alguna razón Babcock para justificar su MSCT, Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo?
Viene justificando la Empresa la necesidad de tal MSCT en la disminución de facturación motivada por la pérdida de concursos públicos en España debido , dicen, a la competencia de empresas españolas que concursan a la baja ya que , entre otras cosas, ofrecen peores condiciones salariales a sus trabajadores.
Conviene anticipar que desde antiguo las empresas, todas, ofrecen a sus trabajadores unas pésimas condiciones laborales (singularmente en trabajaos aéreos: salvamentos en mar y montaña, evacuaciones sanitarias, transporte urgente de órganos para trasplantes, lucha contra incendios forestales, etc.) No sólo abonan salarios bajos nada acordes con el alto coste económico requerido para adquirir sus titulaciones habilitantes ni con la dureza de la vida en su ejercicio (mayormente alejamiento familiar, larguísimas hornadas de 12 horas durante períodos continuados de hasta 23-24 días, pueden llegar a alcanzar los 47), tampoco con el riesgo de pérdida de sus licencias por incapacidades sobrevenidas ni, cómo no decirlo, el altísimo riesgo de accidentes que afrontan cuando de trabajos aéreos se trata, nada comparable a ninguna otra profesión; sino también contratos temporales de 4 meses que no aseguran la adquisición de derechos cara a pensiones o incapacidades. Precariedad esta última que incide directamente en dicho elevado índice de siniestralidad. Precisamente debido a estas carencias laborales los profesionales comenzaron ya el pasado año a organizarse para revertir tal situación que impide el correcto desarrollo futuro del sector y es ahora cuando se ven sorprendidos con esta MSCT que no sólo no las mejora sino que pretende deteriorarlas todavía más.
La normativa que hasta 2017 regulaba la contratación pública primando para su adjudicación a la oferta económica más baja condicionando por tanto la oferta de las empresas que acudían a los concursos públicos de tal forma que estas, en el mejor de los casos, ajustaban sus costes de operación a la satisfacción de los mínimos legales exigibles, pues ¿para qué dotar a una aeronave de un sistema cortacables o una radiobaliza marítima o…si aunque vuele a ras de suelo en incendios o sobre la mar en un traslado entre islas, siendo estos medios más caros la legislación no lo exige?¿para qué destinar a una base un mecánico titulado y no un aprendiz si no es exigido ni, fundamentalmente, valorado? Incluso minimizaban sus pretendidos beneficios previos al concurso para así hacer su oferta más económica. Ahora, una vez ganado el concurso ¿cómo incrementar tal beneficio? pues, entre otras cosas, congelando el salario de sus trabajadores, una vez más, aunque ya lo lleven haciendo así durante los últimos 13 años (dato real que ha «recortado» el poder adquisitivo de los trabajadores del sector un 20% en dicho período).
En este sentido no son las empresas las responsables de la precariedad del sector, lo es la Administración. Son las administraciones quienes directamente fomentan la explotación de los trabajadores por las empresas adjudicatarias, y lo hacen a cambio de no prestar a sus ciudadanos el mejor servicio (obviamente, los trabajadores de tales empresas no parecen estar para ellas incluidos entre los ciudadanos a quienes servir ni garantizar derechos)
No sólo es que las administraciones fomenten la explotación de los trabajadores de las empresas adjudicatarias por la vía de premiar la oferta más económica sino que además la administración en su papel vigilante ha sido en muchos casos laxa cuando no connivente ( recordemos el caso de los medios aéreos con certificado de aeronavegabilidad restringido, de infausta memoria) en los casos de aquellas empresas que hayan ido más allá de los límites legales o incumplido la normativa laboral para maximizar sus beneficios con posterioridad a ser designadas como adjudicatarias. Las administraciones contratantes en su erróneo sentido de servicio al ciudadano que le permite tratar a sus trabajadores como de segunda categoría tiende a no poner pegas a las ejecutantes a fin de que estas en el futuro no se vean obligadas a incrementar el monto de sus ofertas. Esto es así en todos los casos en cuanto a los trabajadores temporales de contrato de duración menor a un año, a quienes las empresas mantienen contratados únicamente durante el estricto tiempo de duración de contrato sin tener en cuenta que durante los mismos los trabajadores efectúan jornadas diarias de hasta 12 horas de presencia (sin contar disponibilidad fuera de ellas) y no de 8 como es lo habitual, por lo que tienen derecho a un descanso en el período de contrato. Incumplimiento generalizado, conocido, y no perseguido a pesar de ser un claro fraude a la seguridad social y a los derechos de los trabajadores que pierden cotizaciones y derechos.
Por tanto, sí, tiene razones Babcock para mejorar la calidad del servicio dado a las Administraciones y que esto le sea reconocido en las adjudicaciones de contratos públicos. Así mismo tiene el derecho, y el deber, de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores (compatible con su logro de beneficios empresariales), pero no lo tiene a responsabilizarles del resultado de su actual gestión.
Busque también Babcock el acuerdo con sus trabajadores y acudan juntos a las Administraciones para que premien su apuesta por la calidad en el servicio y la justicia en el trato a sus trabajadores. Inviten a ello a las empresas que dentro de la legítima competencia participen de esta idea. De lo contrario continuará el deterioro continuo de este sector empresarial.
