Lo que revela la audiencia del NTSB sobre el accidente aéreo ocurrido el 29 de enero

Las familias de las 67 víctimas esperan respuestas seis meses después de la colisión entre un avión de American Airlines y un helicóptero del Ejército

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Claudia C./ Aviación Digital, Sp – Seis meses después del trágico accidente aéreo del 29 de enero que cobró la vida de 67 personas, el National Transportation Safety Board (NTSB) ha dado inicio a una audiencia pública de tres días para esclarecer lo ocurrido. La colisión entre un avión comercial de American Airlines y un helicóptero militar Black Hawk operado por el Ejército de EE.UU. sacudió tanto al sector aeronáutico como a la opinión pública, y aún hoy deja más preguntas que respuestas.

Audiencia esperada por las familias y la industria

Desde este miércoles 30 de julio, las miradas del mundo de la aviación están puestas en el edificio del NTSB en Washington, donde expertos, testigos, y representantes legales intentan arrojar luz sobre un suceso que, de haberse evitado, podría haber cambiado el destino de decenas de vidas.

Entre los asistentes se encuentra Robert A. Clifford, abogado especializado en derecho aeronáutico y representante de varias familias afectadas. Clifford, quien también lidera el caso del accidente de Boeing en Etiopía de 2019, afirmó que “estas familias merecen respuestas tras seis meses de incertidumbre”. Su presencia en esta audiencia es señal de la seriedad con la que se está tratando el caso, así como del potencial impacto legal que puede tener.


Una tragedia que expone fallas del sistema

El vuelo American Airlines 5342, operado por PSA Airlines, se encontraba en aproximación hacia el aeropuerto Reagan National cuando impactó en el aire con un helicóptero Black Hawk del Ejército estadounidense. El impacto fue fatal. Todos los ocupantes de ambos aparatos fallecieron al instante.

Según los primeros informes del NTSB, esa noche se reportó una dotación atípica de controladores en la torre de control, sumado a fallos en la comunicación entre el control aéreo y las aeronaves involucradas. El Black Hawk, fabricado por Sikorsky Aircraft, realizaba una operación rutinaria de entrenamiento, lo que ha abierto también una línea de investigación sobre la coordinación entre operaciones militares y civiles en el espacio aéreo compartido.


El caso ante el gobierno estadounidense

El 18 de febrero, Clifford Law Offices presentó una demanda formal contra la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Ejército de EE.UU., representando a la familia de Casey Crafton, un padre de tres hijos que perdió la vida en el accidente.

El procedimiento legal comenzó con la presentación del Formulario 95, una herramienta esencial para activar el Federal Tort Claims Act (FTCA). Este tipo de reclamo es el paso obligatorio previo a una demanda federal contra entidades del gobierno, por daños causados por negligencia de empleados públicos.

El importe exigido: 250 millones de dólares. Este reclamo no solo busca una compensación, sino también justicia y responsabilidad por parte de agencias que, según los abogados, podrían haber prevenido la tragedia. Si el gobierno no responde antes del 26 de agosto, los demandantes tendrán la vía libre para llevar el caso a tribunales federales.


¿Falla humana o sistémica?: el verdadero debate

Además de los problemas evidenciados en la torre de control, el equipo legal de Clifford también ha enviado cartas de preservación de pruebas a American Airlines, PSA y Sikorsky. El objetivo: asegurar que ningún documento, registro de mantenimiento, ni comunicación interna sea destruida o alterada.

Pero el caso va más allá. Clifford advierte sobre una crisis aérea anunciada, mencionando la creciente congestión en el espacio aéreo cercano a Reagan National, y cómo los conflictos entre aeronaves civiles y militares han sido ignorados durante años por las autoridades.

“Esto no fue simplemente un error humano; fue el resultado de años de negligencia estructural”, declaró el abogado en una entrevista reciente.


Audiencia pública y transmisión en vivo

El NTSB ha anunciado que la audiencia será transmitida en vivo y estará abierta a los medios y al público. Entre los testigos se espera la comparecencia de personal del ATC, responsables de la coordinación aérea militar, técnicos de Sikorsky, y representantes de las aerolíneas implicadas.

Además de los testimonios, se revisarán grabaciones de audio de la torre de control, radares de seguimiento de vuelos, y documentación técnica. Será una oportunidad sin precedentes para entender cómo pudo ocurrir una colisión en pleno siglo XXI entre dos aeronaves bajo control de organismos altamente capacitados.


Más allá de las culpas legales, la audiencia del NTSB representa una oportunidad crucial para reformar procesos, identificar vulnerabilidades y proteger futuras vidas. Las familias de las víctimas merecen no solo justicia, sino también cambios reales en una industria donde la seguridad aérea no admite descuidos.

La aviación, por su propia naturaleza, debe aprender de cada accidente. Y esta audiencia, más que un procedimiento técnico, es un llamado urgente a la responsabilidad compartida.

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