Ucrania acelera los preparativos para recuperar la aviación civil tras más de cuatro años sin operaciones comerciales.
El Gobierno ha dado luz verde a un marco técnico y normativo que permitiría retomar vuelos en un plazo estimado de entre 45 y 50 días.
La medida se articula a través de un nuevo decreto aprobado por el Ministerio de Desarrollo, que abre la puerta a la reactivación de rutas bajo condiciones extraordinarias de seguridad y cobertura aseguradora.
Desde 2022, cuando el espacio aéreo quedó completamente cerrado tras el inicio de la invasión rusa, las autoridades han trabajado en distintos escenarios para reactivar el tráfico aéreo.
Ahora, el enfoque es más concreto: diseñar un sistema que combine protección militar, coordinación civil y respaldo financiero suficiente para operar en un entorno todavía inestable.
Un equipo mixto para garantizar la seguridad operativa
El plan pivota sobre un grupo de expertos formado por miembros de la Fuerza Aérea, responsables aeroportuarios y técnicos especializados en navegación y seguridad.
Este equipo está dirigido por el viceprimer ministro Serhii Derkach, con el objetivo de supervisar todos los aspectos críticos antes de la reapertura.
Entre las prioridades destaca la protección de infraestructuras clave como los aeropuertos de Kiev y Leópolis. Ambos enclaves concentran el mayor potencial para reiniciar operaciones, tanto por su capacidad logística como por su relevancia estratégica.
El trabajo incluye auditorías técnicas, simulaciones de riesgo y la adaptación de protocolos a un contexto de posible amenaza.
Un seguro de guerra como pieza clave del plan
Uno de los mayores obstáculos para reactivar vuelos en Ucrania ha sido el elevado nivel de riesgo para aerolíneas y aseguradoras.
Para sortear esta barrera, el Ejecutivo ha identificado un modelo de seguro de guerra que permitiría cubrir operaciones comerciales en condiciones excepcionales.
Este instrumento financiero resulta determinante, ya que sin cobertura adecuada las compañías no pueden asumir la operativa. El nuevo esquema pretende reducir la exposición al riesgo y facilitar la entrada progresiva de aerolíneas, tanto nacionales como internacionales.
En paralelo, compañías como SkyUp han seguido ampliando su presencia en otros mercados, a la espera de poder regresar a su país de origen.
Corredores seguros y tecnología de protección aérea
El plan contempla la creación de corredores aéreos seguros, diseñados para minimizar riesgos durante despegues, aterrizajes y rutas iniciales.
Estos pasillos estarían protegidos mediante sistemas avanzados de guerra electrónica, capaces de detectar e interferir posibles amenazas.
Además, se trabaja en la coordinación con organismos internacionales de aviación para validar estos protocolos.
Como es lógico, la seguridad de los pasajeros se sitúa como eje central, lo que implica controles adicionales, rutas limitadas y una operativa muy controlada en las primeras fases.
Reacciones internacionales y precedentes en zonas de riesgo
El anuncio ha generado sorpresa en algunos países, donde se percibe todavía un nivel elevado de incertidumbre.
No obstante, existen precedentes recientes de aerolíneas que operan en entornos complejos, especialmente en Oriente Medio, donde compañías como Emirates o Etihad mantienen rutas activas bajo estrictas medidas de seguridad.
Estos casos sirven como referencia para Ucrania, aunque el contexto es muy diferente. La clave estará en la capacidad del país para demostrar que puede garantizar estándares mínimos de seguridad y fiabilidad operativa en un entorno todavía condicionado por el conflicto. Complicado.
Cuatro años sin vuelos y un impacto global devastador
Desde febrero de 2022, Ucrania no ha registrado vuelos comerciales ni nacionales ni internacionales. Esta paralización ha tenido un fuerte impacto en el sector aéreo, con aeropuertos sin actividad, aerolíneas reubicadas y una pérdida significativa de conectividad.
En los primeros tres años de guerra, el impacto económico general en Ucrania ha sido devastador, con pérdidas multimillonarias en sectores clave de su estructura productiva y social.
El comercio y la industria encabezan el golpe, con daños estimados en 17.500 millones de dólares, reflejando la paralización de fábricas, cadenas logísticas y actividad empresarial. Le siguen educación y ciencia, con 13.400 millones, afectando infraestructuras, universidades y centros de investigación.
La agricultura, pilar estratégico del país, acumula pérdidas de 11.200 millones. A esto se suman daños en la red de suministro de agua por 4.600 millones y en cultura y turismo por 4.100 millones.
En conjunto, la destrucción verificada ya supera los 175.000 millones de dólares, evidenciando una reconstrucción que será larga, compleja y extremadamente costosa.
