Aviación Digital, Sp.- Salvador Illa ha querido vender en el Parlament una inminente “nueva gobernanza” de los aeropuertos catalanes, pero el problema para el relato político es que los papeles dicen otra cosa. Aena es una sociedad cotizada, con el 51% en manos de ENAIRE, y la red de aeropuertos de interés general está blindada por ley como red estatal integrada. Con ese armazón, hablar hoy de cogobernanza real no parece una reforma madura, sino un mensaje político diseñado para dar oxígeno a ERC en plena negociación presupuestaria.
El presidente de la Generalitat aseguró este miércoles, 15 de abril, en la sesión de control del Parlament, que el acuerdo sobre la nueva gobernanza del sistema aeroportuario catalán está próximo y podría llegar de forma “bastante inmediata”. La declaración se produce mientras Esquerra Republicana de Catalunya aprieta al Govern para que cumpla compromisos en materia de competencias, con la carpeta aeroportuaria entre los asuntos que ERC quiere exhibir como avance tangible.
Un anuncio útil para la negociación, pero débil en lo técnico
El problema no es el titular. El problema es el contenido, o más bien la falta de contenido conocido. Hasta ahora no se ha detallado qué instrumento jurídico se pondría en marcha, qué competencias concretas asumiría Cataluña ni cómo encajaría esa supuesta “nueva gobernanza” en el diseño actual de Aena. Y sin ese detalle, la fórmula no deja de ser una etiqueta política vacía.
En terminología sectorial, no es lo mismo participación institucional que cogobernanza, y no es lo mismo una mesa consultiva que capacidad real de decisión sobre inversiones, estrategia de red, slots, expansión de terminales o priorización de capital. Presentar cualquiera de esas fórmulas como si equivalieran a una cogestión efectiva del sistema aeroportuario sería, a estas alturas, una sobreactuación política.
La víspera de la Junta de Aena deja en evidencia el margen real
La oportunidad del anuncio también llama la atención. Aena celebra este jueves, 16 de abril de 2026, su Junta General Ordinaria de Accionistas, con aprobación de cuentas de 2025, gestión social, informe de sostenibilidad y reelecciones en el consejo, incluida la de Maurici Lucena como consejero ejecutivo. La junta se celebrará en la Terminal 4 de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en formato mixto presencial y telemático.
Ese calendario subraya una contradicción de fondo. Mientras Illa habla de una gobernanza catalana “inmediata”, Aena se mueve en los carriles estrictos de cualquier gran cotizada: junta, consejo, accionistas, reelecciones y cumplimiento de sus obligaciones societarias. No hay en la documentación oficial de la junta, al menos en la publicada hasta ahora, rastro de una cesión de poder que altere ese esquema.
Aena no es un consorcio territorial: es una cotizada con control estatal
Aquí está el núcleo de la cuestión. Aena cotiza en bolsa desde 2015 y mantiene una estructura accionarial en la que ENAIRE, entidad pública empresarial dependiente del Estado, controla el 51%, mientras el 49% restante está en free float. La propia compañía se presenta como sociedad mercantil estatal cotizada.
Ese dato, por sí solo, rebaja mucho la retórica de la cogobernanza. El gobierno de una empresa cotizada no se redefine por anuncio parlamentario ni por necesidad táctica de una mayoría presupuestaria. Se rige por legislación mercantil, por sus estatutos, por su junta de accionistas, por su consejo de administración y por un marco regulatorio estatal que protege la integridad de la red.
Por eso, sostener que Cataluña va a cogobernar Aena en sentido material resulta hoy poco creíble. Puede haber más interlocución, más presencia política o más escenografía institucional. Lo que no aparece por ninguna parte es un mecanismo que permita compartir de verdad el mando societario o estratégico de la red aeroportuaria. Llamar a eso cogobernanza sería, como mínimo, exagerado. Esta conclusión es una inferencia razonable a partir de la estructura accionarial y normativa vigente.
La ley de la red aeroportuaria estrecha todavía más el margen
La Ley 18/2014 añade otra capa de realidad. El artículo 21 configura la red de aeropuertos de interés general gestionada por Aena como servicio de interés económico general y la vincula a la movilidad, la cohesión territorial y las necesidades del transporte aéreo en el conjunto del Estado. Además, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que marca inversiones y parámetros regulatorios clave, sigue orbitando en la esfera estatal, aunque contemple consultas previas a las comunidades autónomas.
Traducido al lenguaje menos diplomático que reclama el momento: no hay base visible para vender una cogobernanza plena o bilateral sobre los aeropuertos catalanes sin abrir una reforma legal y, previsiblemente, un debate societario mucho más profundo. Y de eso, por ahora, no se ha presentado nada.
Más gesto para ERC que cambio estructural
Con los elementos disponibles, la lectura más severa pero más consistente con los hechos es que Illa ha lanzado un mensaje políticamente útil para ERC, no una arquitectura nueva y ejecutable para el sistema aeroportuario catalán. El anuncio puede servir para desinflamar la negociación y ofrecer un titular de avance competencial. Pero venderlo como cogobernanza real de Aena roza el artificio discursivo.
En otras palabras, la gobernanza prometida podría acabar siendo poco más que un envoltorio político: más foro que poder, más relato que mando, más humo negociador que reforma efectiva. Y esa diferencia importa mucho en un sector donde las palabras “red”, “capacidad”, “inversión”, “regulación” y “control” tienen traducción jurídica, presupuestaria y operativa concreta.
