El Convenio de Asistencia Jurídica Abogacía del Estado/ENAIRE nos cuesta 185.000€ anualmente

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Madrid, SP.- El Convenio de Asistencia Jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado) y la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, firmado por Marta Silva de Lapuerta (Director del Servicio Jurídico del Estado) y Julio Gómez-Pomar, como presidente de ENAIRE, le supone al contribuyente, entre los que se encuentran los trabajadores del propio Ente, 184.502,17€, más el correspondiente IVA, anualmente, y se firmaba el 1 de enero de 2015, teniendo una duración de dos años… “Sin embargo se entenderá prorrogado tácitamente, si no hay denuncia expresa de cualquiera de las partes comunicada a la otra con una antelación de un mes”.

La intervención de la Abogacía del Estado en juicios de índole laboral, en representación de AENA y ENAIRE, es algo que aunque tras la firma del Convenio esta revestido de legalidad, dado que dentro de las funciones de la Abogacía del Estado se podría encontrar la representación de los Ente Públicos, sí resulta cuando menos curioso, dado que en este tipo de cuestiones laborales, como por ejemplo en los juicios abiertos a día de hoy entre Ente y trabajadores (controladores, técnicos, etc…) llama la atención cuando menos al tratarse de defender los intereses del Estado, frente a trabajadores para el Estado de un Ente Público, y más aún cuando se trata en ocasiones de derechos laborales, fundamentales, como los recientes referidos a horas sindicales, etc…

Tanto AENA como ENAIRE cuentan con un Gabinete Jurídico propio, al que pagan logicamente, que entre otras cuestiones, debido a la judicialización de las relaciones laborales en estos últimos 6 años fundamentalmente, se ven desbordados en ocasiones, en muchas de ellas no saliendo demasiado victoriosos en los juicios de ésta índole, por lo que tiene la lógica de llamar al “Séptimo de Caballería Jurídica” que puede representar la Abogacía del Estado en estos juicios.

Una cuestión de matiz es que actualmente AENA tiene una participación del 49% de capital público, con lo que teoricamente ENAIRE, que es quien firma el Convenio, debería girar a AENA el importe de dicha representación, al menos de forma proporcional a la representación que la Abogacía hace de dicha empresa semipública o medio privatizada… En caso contrario realmente no han sabido expertos consultados por este medio explicarnos si la situación es regular o no, si no se repercute al 49% privatizado los gastos de representación o asistencia jurídica que ENAIRE, en el caso de AENA. La Abogacía del Estado, como su nombre indica, representa los intereses del Estado, o de las Empresas o Entes Públicos, pero logicamente no debería o debe representar ningún tipo de interés privado. Menos lógica aún cuando esos intereses privados o privatizados, se oponen a los trabajadores del Ente Público. Esto debería ser explicado con precisión.

ENAIRE cuando sea condenada en costas ésta deberá abonar las causadas a la parte contraria, y cuando ésta sea la condenada ENAIRE será la que las ingrese según aparece en el Convenio.

 

 

 

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