Guadalajara, SP, 11 de julio de 2015.– De nuevo nos encontramos con la conculcación de derechos a unos ciudadanos españoles en el ejercicio de un Derecho Fundamental, constitucionalmente reconocido. El Derecho a Huelga. De nuevo vemos como socialmente se asiste pastueñamente al ritual de la lapidación de unos teóricos logros sociales de décadas, desde la Transición, hasta la Reforma Laboral que de manera más o menos descarada violentó desde el Estatuto de los Trabajadores a los Convenios Colectivos, pasando por lo más grave, como fue la militarización de civiles, no ya para evitar el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de Huelga, sino que se les privó, y esto es quizás lo más grave, de su derecho a tener los derechos que los civiles tienen mediante la modificación sustancial de sus condiciones ciudadanas, pasando a someterlos al Código de Justicia Militar, durante los meses que duró esa situación. Los que tenemos una cierta memoria histórica recordamos como militares condujeron metros en Madrid, o trenes durante conflictos, pero jamás asistimos al inaceptable espectáculo de convertir en militares a ciudadanos civiles vía Real Decreto. En el país de los podemitas, ahoramitas, ciudadanitas, etc… es decir, en un país que teoricamente ha dado su confianza a una teórica nueva forma de hacer política, aún estamos en la prehistórica fase de la reivindicación de algo que ya estaría descontado en cualquier país con una cierta cultureta democrática, como es la corrupción o la malversación de lo público. Ver cómo en nota oficial el Ministerio de Fomento fija unos servicio mínimos de un 80% teórico (menos de un 0,08% real) a un colectivo que lleva cinco años en la más clara situación de inseguridad jurídica-los 61 expedientes y 1 despido son sólo eso, un síntoma de inseguridad jurídica- hace que reflexionemos sobre la enorme cobardía que como Sociedad lastra verdaderamente la defensa de los logros de toda la Transición en España. La odiosa comparación con los SSMM en Francia (50%) o Rumanía (30%), etc… no hace sino que haya que replantearse dónde estamos desde el punto de vista de esos derechos, y dónde vamos exactamente como Sociedad.
Cuando al pueblo soberano se le toma el pelo durante años, se le manteniene sometido al imperio de la arbitrariedad jurídica, desautorizando lo que el Poder Judicial teoricamente independiente, falla, como es el caso. Entonces tenemos un problema de un alcance más, mucho más serio, que lo que los síntomas están señalando.
La defensa de los derechos ciudadanos, la libre circulación de personas, que se esgrime como argumento para la conculcación de facto del ejercicio de un derecho. La búsqueda por la Abogacía del Estado de todo un argumentario para conculcar esos derechos, vía un Decreto de SSMM, como el que se ha generado tras el anuncio de los paros parciales de los controladores españoles, dejan poca salida al diálogo, a la negociación y a la solución razonable y razonada de este conflicto. Conflicto que pretende ser la punta de lanza, y de hecho lo ha sido en estos cinco años, de un experimento social, con la finalidad única de mostrar a los distintos colectivos lo que el poder del Estado es capaz de hacer, en la práctica, con los derechos de los ciudadanos.
En este caso no se compatibilizan los derechos a la libre circulación de la ciudadanía con el ejercicio del Derecho de Huelga de estos otros ciudadanos-controladores, simple y llanamente se hace desaparecer en la práctica ese Derecho a Huelga, dejando sólo, el papel lo soporta todo, uno de los derechos garantizado. Cuando los derechos, todos, no se garantizan, entonces llega la hora de defenderlos… Defender la Constitución, como máxima representación de todos los derechos que en la Carta Magna se fijan. Todo lo demás es falso.
Opino, mientras se pueda seguir opinando.