Buenos Aires, ARG, 13 de noviembre de 2012.- Quiere la casualidad que hace pocos días tuve la satisfacción que la Corte Suprema de Argentina revocara una sentencia dictada contra varios periodistas, uno de ellos me encomendó su defensa, reivindicando el valor de la liberta de opinión. Personalmente alterno el periodismo y el ejercicio de mi profesión de abogado.
Fue una larga batalla judicial que comenzó en 1996 con dos fallos adversos en primera y segunda instancia, pero finalmente la Corte garantizó la vigencia de derechos constitucionales, como ese derecho esencial que es la libertad de opinión
Y quiso también el destino que en ese fallo se invocara una sentencia del Tribunal Constitucional de España, en una querella en la que un periodista había sido condenado por haber aludido al pasado fascista del Rey Don Juan Carlos, rescatando el valor de la libertad ideológica y el pluralismo, debiendo interpretarse de modo muy restrictivo toda restricción a la libertad ideológica y al modo de expresarlas.
Una cosa son los hechos que son susceptibles de prueba y otra las opiniones o juicios de valor que precisamente son valoraciones subjetivas que deben respetarse aunque resulten notoriamente equivocadas o erróneas.
La rectificación de ideas perniciosas, si se me admite la expresión, solo es admisible en el juego de la competencia de otras ideas, pero nunca por la decisión de un juez o lo que seria mucho peor de un funcionario público.
La persona que accede a la función pública lo hace por su voluntad, se trate de un cargo electivo o de una designación y como tal está expuesto, siempre en el régimen republicano, a la crítica y a la valoración pública, solo en los totalitarismos se veda no solo la crítica y la opinión sino la libertad misma
Hoy día la división de poderes, la publicidad de los actos de gobierno, la periodicidad de la duración de los cargos públicos constituye formas de gobierno que integran ese manojo de derechos que solemos llamar derechos humanos, porque la vida, la libertad en su más amplia expresión, el trabajo y la propiedad, solo tienen plena garantía en regímenes políticos que ofrezcan esas características, que en definitiva es la forma republicana de gobierno.
Es grave que algunos funcionarios aun intenten recurrir a la vía judicial para acallar opiniones y de paso condicionar juicios de valor futuros por el temor a verse enfrentado a una querella judicial que como en el caso que me toco intervenir perduro durante 16 años, a nadie le gusta estar sometido a proceso por sus opiniones y más aun cuando ese proceso se extendió durante tantos años.
En ese solo hecho de tener que soportar la querella, diría que ya hay una vejación, que precisamente en merito a las libertades del régimen republicano estamos obligados a tolerar.
El periodista sabe que ese es su riesgo y lo asumimos porque es causa de la credibilidad.
