Santa Cruz de Tenerife, SP, 16 de febrero de 2015.- Aunque de ámbito europeo y aplicación a varias áreas del sector estratégico, aquí nos centraremos en el transporte aéreo en Canarias. La regulación comunitaria contempla ciertas medidas de protección para los derechos ciudadanos cuando la gestión empresarial, aplicada a determinado servicio público, no cubre una parte de las necesidades mínimas exigibles que, referidas al transporte aéreo, son condiciones de regularidad, continuidad, calidad y precio razonable. Si ubicamos la escena en la región ultraperiférica por antonomasia, cual es nuestro archipiélago atlántico, la reflexión adquiere una preocupante intensidad. El único argumento aplicado por las autoridades para aparentar su cobertura de la O.S.P. son las subvenciones; ya sean como descuento a residentes, o bien bonificaciones a aerolíneas de bajo coste con nuestro dinero público en favor de empresarios foráneos.
Si consideramos los demás criterios que configuran la normativa al respecto, cuales son: regularidad, continuidad, capacidad y calidad del servicio, junto a un precio asequible para el usuario, nos percataremos de la complejidad de un sistema que abarca demasiadas responsabilidades, en confrontación con intereses económicos de la empresa que asume un servicio público deficitario, que a su vez es un derecho fundamental y prioridad incuestionable para el pueblo.
¿Cuál es la realidad actual del medio aéreo en Canarias?
La conectividad de las Islas con la Península se ha convertido en un motivo traumático por los precios exorbitados desde que desapareció la competencia entre operadores por el cierre de Spanair. Si se trata de un viaje imprevisto o urgente, la ruina está servida. Puede resultar más caro que un vuelo transatlántico.
El destrozo afecta, no solo a los residentes canarios, quienes disfrutan, «disfrutamos», el descuento del 50%, sino que con mayor intensidad disuade a los potenciales turistas peninsulares que han dejado de venir por la exagerada carestía de los pasajes.
Este gobierno autonómico suele eludir responsabilidades cargando culpas en la administración central –es la constatación del fracaso de una infraestructura política donde la multiplicidad de competencias sobre una sola área transferida, crea una burocracia patógena que bloquea cualquier posible éxito de gestión–. Es correcto exigir medidas que palíen el problema de conexión de los habitantes del Archipiélago con la Península, y la discriminación que supone la carencia de medios de transporte alternativos. Deficiencia que requiere una compensación ajustada a derecho. Pero es imprescindible, para reclamar dichas soluciones con legitimidad, que las autoridades locales actúen con el ejemplo de regular la propia conectividad interna.
En paralelo con las dificultades de desplazamiento hacia y desde la Península, la movilidad entre islas está más deteriorada que la de larga distancia; pues la condición de monopolio de la única aerolínea interior no es compatible con la doctrina comunitaria de O.S.P. Precios abusivos y una gestión operativa, aparentemente protegida por la administración autonómica, priorizan los millonarios beneficios sobre los derechos socio-económicos preconizados por la normativa europea.
La solución es tan simple como reunir a los responsables autonómicos con los del gobierno central para analizar la adaptación del negocio aéreo a la condición de servicio público, compensar el déficit económico y operativo allá donde fuera necesario, penalizando incumplimientos, y erradicar los beneficios abusivos de aquellos empresarios especuladores que entienden el negocio en un solo sentido, interesado y dañino para los ciudadanos.
Por desgracia, la tendencia no va hacia la mejoría, pues la reciente privatización de los aeropuertos, impuesta con apisonadora, acentuará la prioridad de la rentabilidad sobre la condición de servicio público. Aquí, en Canarias, seremos más perjudicados por la vulnerabilidad ultraperiférica y la escasa capacidad reivindicativa exhibida por nuestros políticos locales para contrarrestar los efectos de una operación tóxica, con indicios de expolio de patrimonio estratégico, hurtado al pueblo soberano.
Solo es exigir el cumplimiento del art. 33.13 de nuestro Estatuto de Autonomía.
14/02/2015 bonzoc@hotmail.com
