Durante esta semana algunos controladores aéreos han recibido un burofax de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), firmada por su directora, Isabel Maestre, en la que se amenaza con represalias y sanciones económicas de hasta 225.000 euros si no se presentan a un examen de inglés voluntario que ha organizado AENA.
AENA organizó esta ronda de evaluaciones de manera voluntaria dentro del marco de certificación de licencias del Cielo Único Europeo, entendiendo que si los controladores preferían certificarse por otras vías era a su discrección. En marzo de 2011 tanto controladores como pilotos deberán acreditar un nivel de inglés operacional OACI 4, pero AENA no ha impartido cursos de formación en idioma inglés a sus controladores. Se da la circunstancia de que en las pruebas de acceso a la profesión se incluía una selección eliminatoria en la Escuela Oficial de Idiomas. Asimismo, en la actualidad todos los controladores aéreos españoles se desenvuelven en el uso del inglés aeronáutico, dado que se comunican normalmente en este idioma para el desempeño de sus funciones. AENA es conocedora de la necesidad de certicación de este nivel de inglés desde hace años, sin que haya adoptado ninguna medida encaminada a mantener el nivel de competencia lingüística de su plantilla de controladores. Una vez más, a AENA le ha pillado el toro con los planes del Cielo Único Europeo.
Resulta incomprensible jurídica y profesionalmente que la AESA mande esta comunicación, habida cuenta de que hasta marzo de 2011 todos los controladores tienen su nivel de inglés certificado. Y en cualquier caso es responsabilidad del controlador el acreditar su nivel de inglés en esa fecha. Esta actuación de la agencia solo puede responder a presiones por parte de AENA como táctica de presión ante la negociación del II Convenio de control y demuestra el riesgo que para AENA puede suponer que un número significativo de sus controladores no estuvieran certificados para esa fecha.
Paraójicamente, la AESA ha recibido multitud de denuncias de la Asociación Profesional de Controladores, APROCTA, sobre cuestiones operativas sin que haya resuelto investigar ninguna de ellas, por lo que sería deseable que la diligencia y el apremio de la agencia se centrase sobre aquellas funciones que realmente debería desempeñar en vez de ser utilizada como perro de presa por intereses políticos.
La AESA debería no ya ser utilizada como el brazo armado de AENA contra los controladores, sino que debería ejercer sus funciones de tutela, inspección y vigilancia que le encomienda la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) desde su creación. Pero la evidente falta de independencia de la AESA en relación a AENA demuestra una vez más que el conjunto de garantías necesarias para el buen funcionamiento de la seguridad aérea está comprometido por intereses que van más allá de la regulación normativa y lo dispuesto por la Agencia Europea de Seguridad Aérea o Eurocontrol.
