El llamado “Plan Social de Viabilidad” de Pastor-Vargas ha sido solicitado por 1.256 trabajadores de AENA

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ColateralesUNA EXCLUSIVA DE AD/ Guadalajara, SP, 10 de enero de 2013.- Los trabajadores del Ente Público AENA han solicitado al amparo del Plan de Viabilidad de Aena Aeropuertos y Navegación Aérea su adhesión al denominado Plan Social de Viabilidad. Es el caso de los trabajadores entre 55-63 años con 10 de antigüedad en Aeropuertos, en el que 993 trabajadores se han adherido a esta "solución", a la que no llaman ERE. En el caso de Navegación Aérea 263 lo han hecho, a fecha 2 de enero de 2013.

Pero la pregunta que debe surgir es ¿porqué?. Este "porqué" tiene una clara respuesta. La deuda acomulada del Ente tras la gestión de J.I.Lema Devesa se acerca, si no lo ha superado ya a los 15.000 millones de euros, tras su gestión de varios años de este Ente Público, a cuya presidencia accedió con cifras en verde, hace practicamente inviable, salvo por el pequeño matiz de su condición de "público".

Lo que desde todo punto de vista resulta inaudito, es que este Sr., con semejante responsabilidad, no tenga que enfrentarse a una Comisión de Fomento, en serio, o a una Auditoría del Estado con consecuencias patrimoniales tras su nefasta a todas luces gestión.

Este silencio radio, ni tan siquiera, ha sido roto por las organizaciones sindicales, cuyos representantes tendrían que estar ya exigiendo responsabilidades, a quien con un sueldo o varios relacionados con su actividad directiva, ha conducido a la imperiosa en teoría necesidad de acometer estos recortes a los que eufenisticamente denominan Plan Social, por no llamarlo directamente ERE.

Un año antes, en mayo de 2011, los sindicatos de la CES (Coordinadora Estatal Sindical), CC.OO. y UGT, firmaban con este Sr. un Acuerdo de Garantías que no se ha cumplido ni en los términos que figuran en el margen del documento. Es decir, ni en la firma.
No se entiende, menos aún lo hacen los trabajadores de AENA, que este incumplimiento no se haya trasladado a las máximas instancias relacionadas con las relaciones laborales en España. Con los inmensos medios de asesoramiento jurídico que tienen estas organizaciones sindicales que pagamos los ciudadanos.

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