Madrid, SP, 17 de junio de 2014.- Tras el artículo que publicábamos en AD el pasado 27 de mayo titulado "La ratonera normativa del PNSAC complica la acreditación de trabajadores de aeropuertos y tripulaciones" los dos diputad@s Sixto y de las Heras (IU), que comenzaron a ocuparse de la ocurrencia desarrollada por la Secretaria General de Transportes, de nombre Carmen, y apellido Librero, han debido ver que hay determinados flecos relacionados con derechos ciudadanos básicos que trabajan o transitan en el ámbito aeroportuario ZRS, que pueden estar afectados desde su entrada en vigor en abril, y de hecho se preguntan sobre si el Defensor del Pueblo, por ejemplo, lo ha valorado, o lo ha hecho la propia AENA. AD ha podido saber que uno de los supuestos que se pretendió introducir en un primer momento era casualmente el del delito de "sedición". ¿Les suena a quién podría haber afectado?. Quizás por eso desde AENA podrían haber tenido que explicar a la Secretarísima de la Ministra Pastor, que tenía ciertos riesgos incluir ese supuesto.
El razonamiento de nuestros dos representantes en el Congreso es el siguiente:
El pasado 4 de abril se publicaba en el BOE una Resolución con fecha 11 de marzo de 2014, por la que se aprobaba la "Actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil" (PNSAC) de carácter no clasificado. El Adjunto H trata de la "Evaluación de la idoneidad del personal en el ámbito de la aviación civil." En él se establece el procedimiento de evaluación de idoneidad de aquellas personas y/o colectivos cuyos antecedentes personales deben ser verificados para que puedan desarrollar su actividad: todas aquellas que necesitan acceder a la Zona Restringida de Seguridad (ZRS) del aeropuerto. En este Adjunto se especifica además que "el procedimiento de la evaluación de seguridad se aplicará a todo el personal, incluidos los miembros de las tripulaciones que para desarrollar su actividad tengan que acceder a la ZRS del aeropuerto". En el apartado 9 se especifica una relación de tipos delictivos que provocará que el informe de idoneidad sea negativo (NO APTO) en cualquier caso, sin perjuicio del posible resultado negativo de la evaluación de idoneidad en atención a la consideración de otros antecedentes penales o «otras circunstancias personales».
La evaluación la pueden hacer las FFCCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), también las Policías Autonómicas, y serán AESA y AENA o cualquier gestor aeroportuario (privado incluso) quien facilite la información necesaria a las FFCCSE.
Hay toda una serie de tipos delictivos que harán que se deniegue la renovación de idoneidad y acreditación para el acceso ZRS de los trabajadores. Van desde el homicidio o asesinato, al tráfico ilegal de órganos, secuestro, robos, daños, blanqueo de capitales, apoderarse de materiales nucleares, incendio, falsificación de moneda, tenencia, tráfico y depósito de armas, asociación ilícita, desórdenes públicos, terrorismo, crimen organizado, delitos de humanidad y genocidio o de piratería. Pero también todo lo relacionado con los delitos contra la salud pública, incluidos todos los relacionados con el cultivo, elaboración o tráfico de drogas por ejemplo.
Por todo ello se necesita conocer la opinión del Gobierno a estas preguntas:
- ¿Se ha hecho en otros países de nuestro entorno la trasposición de la normativa europea de esta manera?
- ¿Qué derechos asisten a los ciudadanos?, ¿Se puede recurrir estos no aptos?
- ¿Esta norma no deja una puerta abierta a la arbitrariedad?
- ¿Se aplica esta norma con carácter retroactivo de cinco (5) años?
- ¿Aquellos trabajadores NO APTOS no se les conculca el derecho constitucional al trabajo?
- ¿No es dudoso el encaje legal y/o constitucional de esta restricción del derecho al trabajo de personas por ejemplo que hayan cumplido su pena, o se encuentren en las figuras que se consideren arbitrariamente en el futuro fuera de los requisitos de "circunstancias personales o penales" en los últimos 5 años como para denegar la acreditación que permita el acceso a zonas ZRS?
- ¿Ha habido alguna declaración del Defensor del Pueblo sobre esto?, ¿Cómo lo valora AENA?
