La sequía crediticia entorpece la venta de aeropuertos y Loterías

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16/08/2011.- El Ejecutivo socialista ratificará en los Consejos de Ministros del 19 y el 26 de agosto su intención de cerrar la privatización parcial de Aena, la concesión de la gestión de Barajas y El Prat y la salida a Bolsa del 30% de Loterías y Apuestas del Estado, como muy tarde, a finales de noviembre. Si es posible, incluso, se acortarán los tiempos. (M. Veloso/ABC)

Moncloa mantiene así su calendario para cerrar unas ventas que darían oxígeno a las arcas públicas, según fuentes gubernamentales consultadas. Pero la volatilidad en los mercados ha dejado al descubierto una falta de liquidez en la banca y, por lo tanto, una sequía crediticia, que afectaría a las empresas privadas interesadas en esos activos.
A lo largo de los seis primeros meses del año, bancos y cajas prestaron a las grandes compañías 174.100 millones de euros, un 9,2% menos que en el semestre anterior y un 24% menos que hace un año, según las cifras del Banco de España, que demuestran que el grifo del crédito a la sociedad española se ha cerrado aún más. Que el Banco Central Europeo reabra la «barra libre» de liquidez y que las entidades financieras españolas hayan aumentado su deuda con el emisor casi un 10% en solo un mes no son síntoma de que el flujo del crédito se haya recuperado.
Y una inversión de este tipo no es precisamente «pecata minuta». El Gobierno ha valorado el 49% de Aena que quiere traspasar a manos privadas en 8.906 millones. Por el 90,05% de Barajas y El Prat —el 9.95% restante queda en manos de Aena— se pide un desembolso inicial de 5.300 millones; 3.700 por el aeródromo madrileño y 1.600 por el barcelonés. Además de un canon anual del 20% sobre los ingresos durante los 20 años de la concesión, con una cantidad anual mínima garantizada de unos 150 y 80 millones en cada aeropuerto. El 30% de las Loterías del Estado está valorado entre 6.000 y 7.000 millones.
Los analistas creen que el tipo de empresas interesadas en estos activos públicos no deberían tener mayor problema para encontrar la financiación necesaria. «Son operaciones estratégicas y posiblemente hayan dejado ya todo bien atado», explica Sara Baliña, de Afi, quien añade que encontrar o no el crédito suficiente «dependerá mucho de la empresa y su capacidad de negociación con los bancos y otros inversores». Y, por supuesto, de la capacidad de endeudamiento de la empresa en función de sus cuentas.
Quizá por eso las compañías dispuestas a pujar por los aeropuertos y Loterías y Apuestas del Estado busquen ahora fórmulas más seguras. Abertis, uno de los grupos más interesados tanto en Barajas como en El Prat, estaría formando una alianza inversora con el fondo de capital riesgo CVC, uno de los accionistas de cabecera de la constructora, y la aseguradora francesa AXA, que ya acompaña a Abertis en otro consorcio. Ferrovial es la otra gran candidata a hacerse con la gestión de uno de los dos aeropuertos —para garantizar la competencia no se adjudicarán a la misma empresa—; y hasta la fecha no suenan más nombres.
Las elecciones, otra traba

La cercanía del proceso electoral al proceso de adjudicación de ambos aeródromos podría espantar a posibles inversores. Según fuentes del mercado, temen que un posible cambio de Gobierno altere también las condiciones de la concesión. El Partido Popular no quiere que se malvendan los aeropuertos de Madrid y Barcelona. El portavoz popular en la comisión de Fomento del Congreso, Andrés Ayala, calificó hace un mes la operación de «total expoliación».
Y lo mismo sucedería en el caso de las loterías, en cuyo capital el Estado seguirá siendo mayoritario. El PP exigió en marzo al Gobierno que dé «marcha atrás» en su salida a Bolsa.
Las cifras

Aena
El Gobierno valora el 49% de Aena en 8.906 millones. La concesión de Barajas y El Prat supondrá un ingreso inicial para el Estado de 5.300 millones; las empresas que se adjudiquen su gestión pagarán al año el 20% de los ingresos.
Loterías
Se ha valorado Loterías y Apuestas del Estado en unos 21.000 millones de euros. La intención de Economía es sacar a Bolsa el 30% de la empresa, lo que reportaría unos 7.000 millones a las arcas públicas.

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