Zorex reclama a AESA 1,14 millones de euros

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BastaGuadalajara, 6 de noviembre de 2012.- Como recordarán nuestros lectores, un artículo de AD del mes de marzo, hacía referencia al que denominamos "CASO ZOREX". La empresa presentó el pasado lunes una Reclamación previa a la vía judicial por la responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de las actuaciones de la citada Agencia Estatal de Seguridad Aérea, es decir de la Administración. Todo ello ya se ha notificado, tras asesorarse por una prestigiosa consultora alemana, a la propia EASA. Agencia Europea de Seguridad, que, por cierto, debe andar conociendo de cerca o reconocerá en estos días a sus "homólogos" españoles, inmersos en otra Auditoría, tras la de OACI en 2010.

El escrito se basaría en que pese a que la compañía viene realizando el transporte aéreo de mercancías desde hace 15 años, con su correspondiente AOC (certificado de operador aéreo), E-AOC-049, su Licencia de Explotación B41/97, y superar todas y cada una de las inspecciones a la que ha sido sometida por la AESA desde marzo del 2011, en la que indican en su escrito "supuestamente" se habrían detectado por parte de nuevos inspectores algunas deficiencias, de "menor entidad", según valora y acredita el operador aéreo, como para prohibirla cautelarmente realizar operaciones de transporte aéreo con la merma que esto supone para la cuenta de resultados de cualquier empresa.

Uno de los argumentos para su reclamación está basado en la propia Auditoría que OACI realizaba a España en 2010, en la que se detectaban deficiencias de "perfil" en los propios inspectores que AESA emplea en España. Fundamentalmente relacionados con la insuficiente experiencia de éstos, o la realización de tareas para las que no son competentes. Es decir, según se argumenta, existe una deficiencia en los propios inspectores a nivel formativo, como para que realicen adecuadamente sus funciones, lo que explicaría su extralimitación de funciones y consideraciones sobre un aspecto tan básico y esencial como la falta de seguridad de esta compañía, utilizando la herramienta desproporcionada, derivada de la falta de formación, como fue suspender las operaciones de una compañía "limpia" de accidentes durante el nada despreciable período de 15 años.

Esto se achaca a un funcionamiento "anormal" de la propia administración aeronáutica. Pero redundando en esta anormalidad, la primera suspensión se levantó en tres meses, impuesta el 5/5/2011, al cumplirse automáticamente el plazo, 5/8/2011, dada la "inconsistencia" de las supuestas deficiencias. De persistir o demostrarse no hubiera existido dicho levantamiento.

Pero después viene la profundización en la anormalidad, como es que tras cerrarse todas las discrepancias leves, es con fecha 7/10/2011, como resultado de una SAFA (inspección en rampa para aeronaves extranjeras), realizada en Francia, que se cerró satisfactoriamente por la operadora, se vuelven a suspender las operaciones de la compañía. La Aviación Civil francesa jamás había inmovilizado la aeronave, lo que puede dar una idea de la levedad de lo que se pudiera detectar en el país vecino. Pues, a pesar de lo que se acredita, AESA, y concretamente la Dirección de Seguridad de Aeronaves, debió informar con algo que desconoce todo el mundo oficialmente, y se procede a justificar una nueva suspensión de los certificados AOC y LE.

Se realizaron de nuevo inspecciones, y el resultado sobre la organización, planificación, control y seguimiento de vuelos, comprobándose que eran correctos, como se acredita en un documento firmado por la propia Isabel Maestre a fecha 7/11/11. La empresa solicitó el levantamiento de dicha suspensión, denegándose expresamente al aducir AESA que se requerían nuevas inspecciones que "no fueron realizadas por falta de personal en la AESA", indica en su reclamación la empresa, por toda una serie de motivos que a la empresa no deberían afectar en su cuenta de explotación. Esta lo que requiere es al servicio público de inspección para solucionar solicitamente la cuestión..

Todo esto supuso ilógicamente la dilación en la resolución del expediente. De tal forma que hasta el 4/8/2012 no se levantó la suspensión. Hagan cuentas Sres. Nueve meses de suspensión para una empresa, los consiguientes daños emergentes, despidos, lucro cesante y daño moral.

A todo esto, la situación económico-financiera de la empresa era correcta, siendo ésta la única causa legal para suspender la AOC, esgrimen. Pero redundando aún más en la seguridad aérea, la empresa desde el punto de vista técnico-operacional era tamien correcta, y así lo demostrarán mediante el correspondiente informe técnico. Para que no haya duda alguna.

Al existir una causalidad entre la anormal actuación administrativa, "injustificada y desproporcionada", se han producido una serie de daños que deben ser compensados economicamente opinan desde Zorex. Y de ahí la reclamación que le hacen, previamente a la vía judicial.

Por esta vía, trascendiendo la vía económico-administrativa, incluso podríamos estar delante de supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental, etc… ,si se demuestran estos aspectos muy relacionados con la arbitrariedad en la toma de decisiones que han afectado a Zorex, nos informan solventes fuentes jurídicas consultadas, pudiéndoles, de demostrarse dichos supuestos e imputaciones, suponerles a los actores penas de prisión contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces podríamos estar ante dimes y diretes, por ejemplo en relación con lo informado a la Directora de AESA, por el/los responsables de la Dirección de Seguridad de Aeronaves, de la que depende la inspección. La firma de la suspensión es la de la Directora, pero pueden ser muy relevantes los informes que a instancias de la Dirección de Seguridad de Aeronaves de AESA, puedan haber inducido o no a ésta a la toma de la drástica decisión de la suspensión de operaciones, arbitrariamente si se demostrara, así como al mantenimiento durante meses de esa situación.

Ni que decir tiene que como "daños colaterales", la empresa se encontró dada la dilación en la resolución de su expediente de suspensión de la AOC, obligada a despedir tripulaciones en un número de 4. Además, tambien estarían valorando muy seriamente, si no se compensa el daño causado, centrar su actividad en un país donde no se penalice administrativamente la operación aérea de esta forma "arbitraria", que directamente ya ha repercutido en el empleo y la riqueza nacional.

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