Madrid, SP, 10 de abril de 2013.- Como ya anunciábamos cuando se produjo la expropiación de la filial de Aena y Abertis por el presidente Evo Morales, la Constitución boliviana recoge la protección del país ante operaciones mercantiles que pretendan el «control y la exclusividad en la producción de bienes y servicios». En el caso de Sabsa se perseguía la producción exclusiva de determinados servicios, además del incumplimiento del contrato firmado por las empresas españolas con el gobierno andino, por lo que el presidente boliviano actuó con la carta magna en mano, asumiendo de inmediato el paquete accionarial de Sabsa y una compensación a las partes.
Ahora es Bruselas quien dice no tener instrumentos para actuar contra el país andino por la expropiación y, aunque ha expresado su «preocupación» por la situación, su responsable de comercio, Karel Gucht, ha admitido que «no hay ninguna vía legal evidente para que la UE actúe contra las inversiones y propiedades bolivianas en Europa».
