¡Es una emergencia, idiotas!: La descoordinación y los intereses políticos dejan en manos de la sociedad civil el verdadero rescate

La DANA en Valencia dejó más de 220 muertos, expuso la falta de coordinación política, mientras la sociedad civil mostró el verdadero liderazgo.

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Eduardo Gavilán/Aviación Digital, Sp.- El pasado 29 de octubre de 2024, una DANA arrasó la Comunidad Valenciana, dejando una estela de destrucción. Con lluvias torrenciales e inundaciones sin precedentes, la tormenta anegó pueblos, cortó vías de comunicación y aisló a cientos de personas. 

En cuestión de horas, se desencadenó una emergencia que los servicios de rescate intentaron afrontar con todas sus fuerzas. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, quedó claro que algo fallaba en la coordinación de recursos, y en la toma de decisiones por parte de las autoridades responsables.

La respuesta de la tripulación de Sasemar (VLC): heroísmo en solitario 

En medio de la tormenta, el equipo de rescate de un helicóptero AW139 de Sasemar en Valencia dio lo mejor de sí, salvando diez vidas en una sola noche a pesar de las adversidades. La tripulación y técnicos de rescate, con gran valentía y destreza, llevaron a cabo operaciones en condiciones de extrema dificultad.

Sin embargo, se sabe que Sasemar cuenta con más recursos. Otros dos helicópteros AW139, con bases en Almería y Palma de Mallorca, relativamente cercanas a la tragedia, podrían haber sido movilizados para apoyar la operación, a escasamente una hora de la Zona Cero. Pero nadie tomó la decisión de activarlos.

¿Por qué, en una situación tan crítica, estos helicópteros no fueron enviados a Valencia para salvar vidas?

La falta de acción se suma a las crecientes preguntas sobre la coordinación y la planificación ante la emergencia. Si un solo helicóptero en Valencia logró rescatar a diez personas en una noche, ¿cuántas vidas podrían haberse salvado si se hubieran movilizado otros recursos disponibles? Las cifras actuales son devastadoras: más de 220 muertos y una treintena de desaparecidos en la Comunidad Valenciana, una cifra que se hace más dura cuando se consideran las oportunidades perdidas.

Solidaridad de los bomberos que suple la ineficacia del sistema de emergencias

¿Por qué España aún no tiene una legislación que coordine a los bomberos? Ante la negligente gestión tras la DANA, los bomberos de toda España alzan la voz contra un sistema que los dejó prácticamente atados de manos. Mientras miles de profesionales estaban listos para movilizarse en las primeras horas tras el desastre, la burocracia y la incapacidad del Ministerio del Interior, impidieron una respuesta ágil y organizada.

Israel Naveso, presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), ha sido contundente al señalar que esta situación no es nueva: «Llevamos una década advirtiendo que, sin una ley marco, esta descoordinación acabaría costando vidas». Así, en lugar de ser desplegados oficialmente, bomberos de Madrid, Tenerife, Galicia y hasta de otros países llegaron como voluntarios, improvisando su intervención para suplir un vacío operativo inadmisible en un país desarrollado.

El 30 de noviembre, bomberos y ciudadanos se manifestarán en Madrid, encabezando una movilización que va más allá de una simple protesta. La marcha, que recorrerá las calles hasta el Congreso, busca exigir una legislación básica de coordinación que garantice respuestas rápidas y efectivas en emergencias futuras. «No es solo un llamado al gobierno actual, sino a todos los que han ignorado nuestras advertencias durante años», enfatizó Naveso.

La rabia entre los profesionales es palpable: desde maquinaria bloqueada en aeropuertos hasta la necesidad de autogestionarse en el terreno, los bomberos se han enfrentado a una situación que consideran «tercermundista«. Pero su espíritu de servicio no ha flaqueado; en una mezcla de frustración y orgullo, han trabajado codo a codo con agricultores, ciudadanos y empresas privadas, demostrando que, incluso en el caos, la solidaridad puede prevalecer donde la política ha fallado.

La indiferencia de las administraciones y el vacío de liderazgo 

La ciudadania y los medios de comunicación han coincidido en señalar la descoordinación entre administraciones, y la aparente inacción política ante la emergencia. A medida que la tormenta se convertía en catástrofe, las autoridades parecieron centrarse en proteger sus intereses políticos más que en salvar vidas. En lugar de coordinar recursos y garantizar una respuesta eficaz, las administraciones se perdieron en la burocracia, incapaces de actuar con rapidez y decisión. Esto contrasta fuertemente con la respuesta rápida y contundente que se ha visto en otros momentos de crisis. Casualmente respuestas fulminantes en esas crisis, donde el componente político era el protagonista.

En 2010, por ejemplo, durante el cierre patronal del espacio aéreo, el gobierno español se tomó tan solo 30 minutos para redactar y aprobar el Real Decreto 1673/2010, que declaraba el Estado de Alarma y militarizaba a los controladores aéreos. En un abrir y cerrar de ojos, se envió a militares a todos los centros de control para restablecer el tráfico aéreo. Ante una catástrofe de la magnitud de la de Valencia, uno esperaría una reacción similar: una coordinación inmediata de los recursos nacionales, incluyendo la movilización del Ejército, que dispone de helicópteros y medios aéreos capacitados para operaciones de rescate en condiciones extremas.

Pero la realidad fue otra. El Ejército, con todos sus helicópteros listos para intervenir, no fue movilizado. Mientras las aguas subían y las vidas estaban en juego, la respuesta quedó en manos de los héroes de Sasemar y otros servicios de rescate locales, sin el apoyo nacional que podría haber marcado una diferencia crucial. Las familias afectadas y los ciudadanos en general ahora se preguntan: ¿Por qué no se tomó la decisión de movilizar todos los recursos disponibles?

Políticos a toda máquina, pero no para salvar vidas 

Mientras el drama de la DANA desbordaba a los equipos de rescate, y dejaba tras de sí una cifra devastadora de víctimas, en el Congreso de los Diputados el interés político seguía su curso sin pausa. A pesar de la tragedia, los legisladores no consideraron aplazar una sesión plenaria dedicada a colocar nuevos consejeros en RTVE, con un coste de 100.000 euros cada uno para las arcas públicas. La elección de estos consejeros, de evidente peso político, avanzó en el calendario con una celeridad que contrastó fuertemente con la respuesta ante el desastre.

Este acto, un ejemplo crudo de la desconexión entre las prioridades políticas y las necesidades ciudadanas, pone en evidencia una realidad amarga: la rapidez y determinación parecen reservarse para asuntos de índole política y partidista, mientras la emergencia en Valencia, que exigía decisiones inmediatas y coordinadas, era tratada con una lentitud incomprensible. La tragedia en la Comunidad Valenciana, que dejó sin hogar a cientos y sumió en el luto a muchas familias, no fue suficiente para desviar la atención de la maquinaria política de sus objetivos.

¿Por qué el Gobierno apartó a la autoridad militar? 

A medida que emergen detalles de la respuesta oficial, surge una nueva interrogante que pone en duda la claridad del operativo: ¿por qué el Gobierno decidió apartar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) en un operativo que es de su responsabilidad? Con la implicación de todos los Ejércitos, el dispositivo de respuesta debió haber estado bajo la dirección del Mando de Operaciones. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido a la Unidad Militar de Emergencias (UME) al frente, argumentando que es esta la que debe liderar el operativo. La confusión y la desviación de la estructura de mando plantean una inquietante pregunta sobre el motivo real de esta decisión, que dejó al Jemad fuera de una operación de rescate en la que se necesitaba la máxima coordinación entre todas las fuerzas.

La respuesta ante la DANA dejó en claro que la estructura de mando se volvió confusa y que la directriz oficial parece haber antepuesto el interés de mantener el control político a las directrices claras de un operativo bien gestionado. En una crisis de esta magnitud, donde cada minuto cuenta, ¿cómo se justifica que se alteren las normativas militares y se deje al margen la figura del Jemad?

La opinión: cuando el mando único salva vidas, y la sociedad civil responde con altura

Las catástrofes naturales no entienden de agendas políticas ni de burocracias. La respuesta ante una emergencia de esta magnitud debería ser inmediata, sin vacilaciones y bajo un mando único liderado por profesionales expertos en la gestión de emergencias. 

En casos como el de la DANA en Valencia, la presencia de políticos solo añade capas de ineficacia y de intereses secundarios que, en vez de salvar, ponen en riesgo más vidas. Mientras los recursos se emplean para proteger intereses políticos o colocaciones partidistas (de ambas administraciones), las necesidades reales de la población quedan desatendidas.

Sin embargo, ante la desidia y la falta de coordinación en las esferas oficiales, ha habido una luz de esperanza y solidaridad que merece toda nuestra gratitud: la sociedad civil. La respuesta de los ciudadanos ha sido ejemplar, y ha sido especialmente impactante el compromiso de los jóvenes, quienes, de forma voluntaria y sin pedir nada a cambio, se han volcado en ayudar a los afectados, en organizarse para ofrecer apoyo y rescatar a quienes se encontraban en peligro.

Es justo reconocer que yo mismo había caído en el prejuicio de pensar que la juventud estaba desvinculada de estos valores solidarios. Pero esta tragedia ha roto cualquier duda: los jóvenes han estado en primera línea, con una entrega y una empatía que han dado un ejemplo de humanidad en medio del desastre. Su valentía y su capacidad para organizarse en redes de apoyo mutuo, han mostrado el verdadero valor de una sociedad solidaria.

Aunque, no debemos olvidar, que la gestión de emergencias en España se enfrenta a un reto crítico: la fragmentación administrativa y la falta de una coordinación ágil entre comunidades autónomas. Esta limitación se agrava en situaciones de alta urgencia, como con los incendios forestales o fenómenos climáticos extremos, donde la rápida movilización de recursos es esencial para mitigar desastres.

Un ejemplo emblemático de las consecuencias de esta descoordinación fue el trágico incendio de Guadalajara en 2005, que resultó en la pérdida de vidas del retén de Cogolludo. En este caso, los medios aéreos de las comunidades autónomas vecinas, aunque disponibles, no se movilizaron de manera inmediata debido a barreras burocráticas y políticas, dejando al incendio avanzar sin control en sus primeras horas críticas.

Este caso ilustra la necesidad urgente de superar las «fronteras» autonómicas en la gestión de emergencias, un modelo que no solo encarece los servicios, sino que también compromete la operatividad y, en última instancia, la seguridad de los ciudadanos. La falta de un sistema centralizado y técnico que priorice la eficacia por encima de las rivalidades políticas no solo es un obstáculo, sino una irresponsabilidad cuando las vidas humanas están en juego.

Y ahora, quizás, no estaría de más sugerir que nuestros «líderes» políticos se matriculen en un buen curso sobre emergencias. Tal vez, en sesiones intensivas, podrían aprender qué significa realmente una catástrofe y qué consecuencias puede tener para la vida de sus conciudadanos.

No estaría mal que comprendieran que, en situaciones como esta, el tiempo no es para fotos o debates interminables, sino para actuar. Quizá, de esta manera, no tendríamos que repetirles el grito unánime de la ciudadanía cada vez que una crisis arrasa comunidades y vidas: ¡Es una emergencia, idiotas!

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