Los ingenieros han solicitado al Gobierno que se garantice una inversión pública mínima anual de 1.000 millones de euros en ingeniería en España para evitar una ‘fuga de cerebros’ al extranjero y atajar los 1.000 empleos al mes que actualmente pierde el colectivo por el recorte en la obra pública. Destacan su papel fundamental en industrias como la energía o las telecomunicaciones.