Guadalajara, SP, 12 de enero de 2014.-Y resulta que mientras escribo estas letras, ya se ha ejecutado la sanción del Expediente Disciplinario 27/2013 (30 días de suspensión de empleo y sueldo), incoado al trabajador, nada menos que el C.P.O. (Coordinador de Programación y Operaciones) del aeropuerto de Palma por notificar un suceso a la máxima responsable de AESA, en copia a la realizada por vía interna del envío al proveedor de servicios AENA. Y se preguntarán, ¿qué ha hecho al respecto la máxima responsable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea?. ¿Ha analizado lo notificado, y ha implementado en el aeropuerto las medidas correctoras pertinentes sobre lo notificado por el trabajador?. ¿Ha abierto un expediente a este proveedor de servicios -AENA- por la acción disciplinaria emprendida contra este profesional que directamente afecta al Sistema de Notificación de Sucesos (SNS)?. Tanto este cargo público, Isabel Maestre ( directora de AESA), como su inmediata superior jerarquicamente, la Secretaria General de Transportes, Carmen Librero, que tiene gran experiencia en el funcionamiento interno de AENA, en el ejercicio de sus obligaciones, no se pueden escudar en la necesidad de más tiempo para analizar lo explicitado en la notificación para actuar. Lo notiificado es gravísimo, así como su consecuencia ejemplificada en el trabajador por su efecto directo sobre el SNS, y ha de ser corregido de forma inmediata. La inacción omisiva, cuando, como en este caso, afecta directamente a la confianza en el propio Sistema de Notificación en España, requiere si no se es capaz deresponder con contundencia y proteger a la fuente notificadora, es decir si no se ejerce la autoridad de la que la legislación en vigor les ha investido (LSA 212/2003 y RD 1334/2005), una automática destitución y sustitución por la propia Ministra de Fomento, por manifiesta incapacidad de garantizar la cultura de notificación, y por lo tanto de la información, para la mejora de la seguridad operativa en nuestro país.
No creemos exagerar ni un ápice. Por cierto que las organizaciones sindicales del aeropuerto, concretamente los sindicatos USO, CC.OO. y UGT, sí han explicitado claramente su rechazo al expediente, pero se ha echado en falta, hasta el día de hoy la de las organizaciones profesionales relacionadas más directamente con el SNS (pilotos y controladores).
Seguramente debido a su contínua mirada en su propio ombligo laboral, estos otros eslabones de la cadena de seguridad que constituyen tanto el colectivo de pilotos como el de controladores, aún no han movido un sólo dedo que nos conste de forma oficial, mostrando un enfoque acusadamente gremial y cerrado en la denuncia de situaciones manifiestamente mejorables de nuestro sistema aeronáutico. Hay un doble rasero que afecta a la solidaridad por corporativismo cerrado, en este caso de nuestros ATCs o pilotos, algo distraídos debido a convenios o acuerdos respectivamente, con otros colectivos profesionales de la cadena de seguridad que juntos conforman, como son los CPOs. Esperemos que se trate de un simple lapsus debido a la irrupción de la Fiestas navideñas precisamente coincidiendo con la resolución del Expediente. Pero de lo que se ha de tomar nota es de lo que el propio Comité del aeropuerto de Palma señalaba de forma tan contundente como precisa al decir que: "Que AENA diga que remitir una notificación o suceso a AESA acredita una conducta desleal y trasgresora de la buena fe contractual, no sólo es una irresponsabildad que como Comité de Empresa y trabajadores de este Aeropuerto, no podemos permitir ni consentir, sino que además, demuestra el nulo compromiso de AENA y de la Dirección del Aeropuerto de Palma en cuanto a seguridad operacional. Esto sí que perjudica la imagen de AENA y pone en riesgo la seguridad de los millones de pasajeros que pasan por los aeropuertos españoles, en especial, el nuestro". El Comité no puede estar más acertado cuando indica que el Expediente va contra la LSA, el RD1334/2005 que obliga a la notificación, y contradice la "just culture" (cultura positiva de la seguridad operacional), sino lo más grave como es que "sirve de aviso a navegantes y desallienta a otros trabajadores,…, a que reporten incidentes afectos a la seguridad operacional. Y aquí es precisamente donde se echa de menos el incondicional apoyo de los controladores en general, pues en esta ocasión el afectado es un CPO, pero en cualquier momento podría serlo un ATC cuya notificación le pareciera una "conducta desleal y trasgresora de la buena fe contractual…" a Navegación Aérea. "Y luego vinieron a por tí, pero era demasiado tarde…"
Por esto es por lo que iniciábamos este artículo pidiendo explicitamente que si los cargos públicos que deben velar por que en España se cumplan los más altos estándares posibles para garantizar la safety al máximo nivel posible, no lo hacen, deben venir otros que lo hagan mejor. Las actitudes pastueñas, tibias y cobardes cuando ese bien público por el que deben velar para que los pasajeros lo tengan garantizado, la safety, dentro del máximo posible humanamente, no valen. Y si los cargos públicos, que deben supervisar todo este sistema para que funcione engrasado y correctamente, permiten que "gripe" algo tan esencial en la prevención de los accidentes como es que la información fluya de forma transparente y contínua para mitigar las amenazas, mediante la contínua notificación de sucesos e incidentes, entonces sólo hay un camino que es el directo cese por parte de la máxima responsable como es la Ministra de Fomento. Y si Ana Pastor no lo hace, entonces es ella la que debe marcharse del Ministerio. Así de simple.
Este retrato resulta cada vez más borroso y sobre todo de una arbitrariedad, que salvo que exista otra notificación paralela de los controladores que desconozcamos (de torre fundamentalmente en este caso) y de los pilotos, al unísono, choca bastante con algunas de sus manifestaciones recientes sobre la convicción de que se debe notificar. Incluso la propia AESA se ha permitido alabar la creciente cultura de la notificación en España. Choca pues todo ello con que el incidente relatado y notificado, por el trabajador pues afectaba a la seguridad tambien en la zona de competencia de la TWR como es la propia pista o la rodadura, y podría afectar a la operación de otras aeronaves. Al apreciarse que hubo una obstrucción en la intersección con una zona de rodadura de una de las pistas, y otra serie de detalles de obligada notificación en opinión del responsable de la coordinación de la programación y operaciones en el aeropuerto, !nada menos!, éste evidentemente cumplió con lo que la normativa le marca y obliga. El no tiene que valorar en absoluto el alcance del suceso, incidente o como se le quiera denominar. El tiene la obligación de notificar y eso es lo que hizo exactamente. Exactamente como si Vd. estimado lector observa que un registro de combustible de la aeronave en la que va a emprender un vuelo está abierto. Vd. está obligado por la legislación en vigor a notificarlo de forma inmediata. !Imagínense entonces hasta donde llega la obligación y la responsbilidad de un profesional contratado por el proveedor de servicios aeroportuarios!
Pero a día de hoy, el trabajador está cumpliendo inauditamente, su suspensión de empleo y sueldo, mientras aún no tenemos noticia alguna de la intervención de AESA, la Secretaria General de Transportes, o la propia Ministra. Por no hablar de la CIAIAC, etc…
Una cosa es una situación injusta, y otra muy diferente es que además sea injustamente peligrosa. Este es el caso. Imagínense por un sólo instante que debido al miedo a la represalia de los trabajadores si notifican un suceso o incidente, depronto se llega a un RATE O en el SNS. ¿Qué sucedería?. Pues este caso es un peligroso precedente si se interpreta como un aviso a navegantes. Y la denuncia de la presión que reciben los profesionales en ocasiones por notificar algunos sucesos, ya sean pilotos o ya sean otros colectivos, la hemos oído por activa y por pasiva durante años. Y ahora, ahora que se materializa esa presión, esa represalia concreta y escrita en forma de Expediente a un profesional de intachable trayectoria, y que además es uno de los máximos responsables de una organización sindical especificamente profesional (SICA/CSPA), no se mueve nadie. O al menos nadie lo ha hecho de una manera tan contundente como la materialización de la evidencia de una represalia en blanco sobre negro, por algo tantas veces denunciado por otros colectivos profesionales requiere. Esto, no hay forma humana de comprenderlo…
Guadalajara, SP, 12 de enero de 2014.- Y resulta que mientras escribo estas letras, ya se ha ejecutado la sanción del Expediente Disciplinario 27/2013 (30 días de suspensión de empleo y sueldo), incoado al trabajador, nada menos que el C.P.O. (Coordinador de Programación y Operaciones) del aeropuerto de Palma por notificar un suceso a la máxima responsable de AESA, en copia a la realizada por vía interna del envío al proveedor de servicios AENA. Y se preguntarán, ¿qué ha hecho al respecto la máxima responsable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea?. ¿Ha analizado lo notificado, y ha implementado en el aeropuerto las medidas correctoras pertinentes sobre lo notificado por el trabajador?. ¿Ha abierto un expediente a este proveedor de servicios -AENA- por la acción disciplinaria emprendida contra este profesional que directamente afecta al Sistema de Notificación de Sucesos (SNS)?. Tanto este cargo público, Isabel Maestre ( directora de AESA), como su inmediata superior jerarquicamente, la Secretaria General de Transportes, Carmen Librero, que tiene gran experiencia en el funcionamiento interno de AENA, en el ejercicio de sus obligaciones, no se pueden escudar en la necesidad de más tiempo para analizar lo explicitado en la notificación para actuar. Lo notiificado es gravísimo, así como su consecuencia ejemplificada en el trabajador por su efecto directo sobre el SNS, y ha de ser corregido de forma inmediata. La inacción omisiva, cuando, como en este caso, afecta directamente a la confianza en el propio Sistema de Notificación en España, requiere si no se es capaz de responder con contundencia y proteger a la fuente notificadora, es decir si no se ejerce la autoridad de la que la legislación en vigor les ha investido (LSA 212/2003 y RD 1334/2005), una automática destitución y sustitución por la propia Ministra de Fomento, por manifiesta incapacidad de garantizar la cultura de notificación, y por lo tanto de la información, para la mejora de la seguridad operativa en nuestro país. 
