La verdad del accidente de Alcorisa o la tibieza de PAR, PSOE y PP

Aviaciondigit@l

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Zaragoza, SP.- Recordarán nuestros lectores que en septiembre de este año hablábamos de la comparecencia de familiares del mortal accidente de la Brigada de Alcorisa el Día del Padre. Finalmente la comparecencia de Marisol Villafranca, madre de uno de los fallecidos, se producirá el próximo 15 de noviembre ante la Diputación General de Aragón (DGA) para solicitar una Comisión de Investigación tras cerrarse la vía judicial. La tardanza en la comparecencia que anunciábamos para finales de septiembre, entre otras cuestiones, como la Agenda de la propia DGA, tiene una causa clara, al menos para algunos de los afectados que nos señalan, la tibieza del posicionamiento para aprobar la apertura de dicha Comisión, por los partidos que han tenido alguna relación o con los gobiernos de Aragón, o con la empresa pública SODEMASA, contratante del servicio, controlada por el PAR durante años, según fuentes aragonesas consultadas,como señala El Periódico de Aragón quien lo explicaba así en 2013:

Red de colocaciones

Pero la red de colocaciones, enchufes y enchufitos perpetrada a través de Sodemasa durante años ha sido sutil. Y se ha extendido como una mancha de aceite. A todos los niveles, siempre como favores. Todo el mundo lo sabía y lo sabe. Pero se ha callado o se ha admitido en los grandes años de crecimiento como algo inevitable. A fulanito de tal lo han puesto en la cuadrilla de tal. Así se ha funcionado.

Es ahora en el ardor de la batalla, cuando se están negociando los despidos de Sarga, cuando están aflorando nombres y apellidos, vinculaciones con el PAR, salarios impresionantes. Pero es posible que todo vuelva a quedar soterrado cuando se alcance un acuerdo. Porque el PP, adalid de la transparencia y de las buenas prácticas en la gestión, tampoco se ha atrevido a meter mano en el asunto. Todo lo que denunciaba la formación liderada por Luisa Fernanda Rudi cuando estaba en la oposición, ahora con el Partido Aragonés de la mano, se lo está teniendo que tragar.

Pues bien, SODEMASA, dependiendo de la Consejería de Medio Ambiente, de la que a su vez dependía la contratación de medios aéreos de extinción de incendios. Y aquí es donde quizás se encuentren las reticencias de los partidos que han tenido en los últimos años responsabilidades de gobierno, o del “gobierno” de SODEMASA.

Esto puede explicar la dubitativa posición de los grandes partidos, que frente a Podemos, Ciudadanos, CHA e Izquierda Unida, se han posicionado claramente en favor de la creación de una Comisión de Investigación desde el primer momento, para que publica y transparentemente analice y esclarezca lo que la Justicia ha archivado en relación con el helicóptero del operador INAER.

Se trata de una cuestión política evidentemente, con un trasfondo mucho más trascendente que la pura política en una Comunidad, como es el esclarecimiento de la Verdad Técnica que pueda suponer incluso que se derivaran responsabilidades de terceros. Un ejemplo reciente es el del Metro de Valencia donde se ha conseguido la reapertura de momento, y señaladas nuevas responsabilidades incluso.

Si PAR, PSOE y PP finalmente deciden tras la comparecencia de Salafranca, apoyar la apertura de la Comisión, será la empírica demostración de que por encima de las susceptibilidades políticas se encuentra un bien común tan esencial como es la seguridad de las operaciones de los trabajos aéreos. En caso contrario, supondría evidentemente un nuevo retrato de una realidad que cuando desgraciadamente se produce un accidente aéreo en este Sector, la Administración, responsable de la contratación de los medios aéreos, históricamente se ha lavado las manos, pero sobre todo, no ha tenido la mínima responsabilidad de conocer la Verdad Técnica de porqué ha sucedido. Un mínimo exigible a cualquier Administración que vela por los intereses públicos. Es decir de sus ciudadanos.

Posibles planteamientos

Con mucha probabilidad esa Comisión deberá aclarar con precisión lo que la Justicia ha parecido obviar en algunos casos. Desde el organigrama CAMO o 145 de la empresa operadora, hasta los TMAs intervinientes, certificadores, responsables de flota, toda la parte de la trazabilidad de los “part numbers”, clave en este accidente como el propio Informe de la CIAIAC señala, responsables de mantenimiento, etc… Algunas actuaciones judiciales no fueron ejecutadas por la Audiencia Provincial, así como algunos documentos solicitados durante el trámite por el COPAC que no fueron atendidos para el esclarecimiento de este accidente.

El 15 de noviembre se verá en la DGA de quién realmente está por la seguridad de estas operaciones aéreas, es decir de los propios ciudadanos, y quién se guía más por los “intereses” de las formaciones políticas en Aragón.

 

 

 

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