Santiago de Compostela, SP, 9 de abril de 2013.- El gobierno gallego ha adjudicado a Inaer un contrato a dedo por valor de 12,3 millones de euros para que se haga cargo del dispositivo antiincendios para este año y el próximo, utilizando un proceso negociado y sin publicitar, según adelantó El País. Helibravo Aviación competía con la multinacional alicantina en el concurso abierto a finales de diciembre pero la Xunta lo declaró desierto.
La consellera do Medio Rural, Rosa Quintana, explicó en rueda de prensa que ninguna de las dos empresas cumplía el pliego de condiciones y argumentó que "a consecuencia de eso, se vuelve, de acuerdo a la Ley de contratos del Estado, a hacer un negociado con las dos empresas que se presentaron". Utilizando este subterfugio, la Consellería pudo evitar otro concurso público "Y de las dos empresas, la comisión de baremación selecciona la que mejor oferta hace", aseveró Quintana. La oferta de Inaer rebajaba un 0,06% el valor del concurso, pasando de 12.388.254,88 euros a 12.380.300,48 euros, con un "ahorro" de 7.954 euros.
Desde hace años Inaer ha operado los helicópteros antiincendios en Galicia, y desde el año pasado también se ha privatizado la contratación de las brigadas forestales. Para la Confederación Sindical Gallega (CIG) la adjudicación supera con creces los máximos legales y considera que estaba "cantada". Tanto es así que los helicópteros de Inaer "llevan desde el 1 de febrero hasta el 2 de marzo en la base de helicópteros de O Campiño en Pontevedra, desde donde partieron para Sevilla para pasar la revisión técnica volviendo a mediados de marzo para la base de Silleda", explican en un comunicado.
Por su parte, en otro comunicado enviado a los medios, Inaer ha manifestado que como "proveedor habitual de servicios de emergencia para las administraciones públicas cumple escrupulosamente con la ley de contratos públicos".
El año pasado, mediante encomienda de gestión, la Xunta ya evitó llevar a concurso el contrato argumentado la falta de tiempo para abrir un proceso de licitación. Por este motivo la CIG puso el caso en manos de la justicia, denunciando un delito de prevaricación. Para esta nueva adjudicación, a su entender, fraudulenta, también se están estudiando nuevos recursos judiciales.
