Madrid, SP, 17 de mayo de 2016.- El pasado 6 de mayo, el Boletín Oficial del Estado publicó el anuncio de una convocatoria para cubrir 39 plazas de controlador aéreo para Enaire, la empresa pública proveedora de servicios de navegación aérea dependiente del Ministerio de Fomento español. Lo que sigue, es un análisis de esa convocatoria y de los posibles problemas que se podrían generar de llevarse a cabo tal y como está planteada. También se proponen algunas soluciones, por si alguien quisiera tenerlas en consideración.
CUESTIONES SOBRE LA CONVOCATORIA.
A la vista del texto de la misma se plantean los siguientes interrogantes:
1.- ¿Por qué se somete a los aspirantes que ya poseen una licencia europea de controlador a la prueba de conocimientos generales sobre control aéreo?
2.- ¿Por qué no se les somete, en cambio, a una prueba práctica en simulador?
3.- ¿Por qué se examina de inglés a aquellos aspirantes que posean en el momento del inicio de las pruebas selectivas al menos nivel 4 certificado de ese idioma?
4.- ¿Por qué no se va a examinar de español a los extranjeros que participen en el proceso selectivo?
5.- ¿Qué baremos de fiabilidad contrastada se van a emplear para puntuar de forma objetiva la entrevista conductual y la de inglés oral? ¿No sería más transparente que se calificaran ambas como «Apto» y «No Apto», del mismo modo que la prueba psicotécnica -a la que sí podría asignarse puntuación- y la entrevista clínica de personalidad?
6.- ¿Por qué se ha decidido dilucidar los desempates acudiendo, en primer lugar, a la valoración subjetiva de las entrevistas conductual y de inglés oral y, en último lugar, a la puntuación conseguida en las pruebas objetivas? ¿No supone esta situación cierta arbitrariedad a la hora de decidir quién va a ser finalmente seleccionado y genera indefensión ante una posible reclamación?
7.- Debido a la extrema rigidez de algunos de los requisitos de la convocatoria, da la impresión de que la misma ha sido diseñada como si se tratara de una oposición para funcionarios de un ministerio, en vez de para contratar personal laboral por parte de una empresa pública. ¿No resta esta circunstancia agilidad a Enaire y coarta su libertad para poder actuar conforme a sus necesidades empresariales en un ámbito teórico de competencia con otros proveedores.
CUESTIONES SOBRE LA FORMACION Y LA TITULACIÓN REQUERIDAS
1.- Dado que es muy probable que en los últimos concursos de traslados de Enaire para cambio de dependencia hayan quedado, o vayan a quedar disponibles en los dos próximos años, numerosas vacantes en torres de control, sería plausible deducir que buena parte de los 39 nuevos controladores van a ser destinados a ellas. Por esta razón cabría preguntarse:
¿Es absolutamente necesario exigir que todos aquellos que superen el proceso selectivo tengan todas las habilitaciones y todas las anotaciones en su licencia de controlador antes de firmar el contrato de trabajo?
Esta cuestión cobraría más fuerza si consideramos que, a la fecha de inicio del proceso selectivo, muchos aspirantes:
* serán profesionales que prestan en la actualidad servicio en las torres liberalizadas o,
* tendrán licencia de alumno controlador de torre y permanecen a la espera de poder optar a una plaza en cualquiera de los proveedores que hay en España.
De ahí, que no parezca necesario que deban realizar de inmediato los cursos de aproximación y área que se les exigen, ni gastar decenas de miles de euros en ellos, si cabe la posibilidad de que durante varios años no los vayan a necesitar.
2.- Si concluido el proceso de selección un aspirante aprobado, pero sin plaza, que ha sido adscrito a la «bolsa de reserva», es sacado de ella para cubrir una baja producida durante los siguientes 18 meses, ¿qué seguridad hay de que un centro de formación esté dispuesto a organizar los cursos necesarios para ese aspirante?
3.- ¿Cómo afectaría a los aspirantes aprobados el hecho de que durante el proceso de formación surgiera alguna incidencia con el centro de enseñanza que impidiera que finalizaran los cursos exigidos en el plazo marcado?
4.- A esta fecha se continua vetando, según la resolución de la directora de AESA de 29 de diciembre de 2015 (ampliada en su resolución de 18 de febrero de 2016), a los controladores y operadores AFIS que ya estuvieran trabajando para proveedores privados para realizar los cursos necesarios para cumplir la exigencia de Enaire antes de ofrecerles un contrato de trabajo. ¿Es esto legal?
CONCLUSIONES Y ALGO MÁS
Si se da por seguro que Enaire conoce el número de nuevos controladores que necesita para cubrir las vacantes hoy existentes en sus dependencias de control, entonces también debe conocer cuántos de ellos van a ir destinados a torres de control y cuántos a centros de control. Por tanto, parece que, en principio, no sería necesario que todos aquellos que superen el proceso selectivo tuvieran que poseer todas las habilitaciones y anotaciones que Enaire exige en las bases de la convocatoria para poder ser contratados.
Por otro lado, debido a que la convocatoria está abierta tanto a quienes no tengan ninguna licencia, como a quienes tengan ya una licencia de alumno controlador de torre y a controladores profesionales hoy prestando servicio en torres de control de proveedores privados, puede darse el caso de que haya quienes tras el proceso de selección elijan ser destinados, precisamente, a una torre de control. De resultar esto cierto, no sería necesario que realizaran de momento curso alguno, pudiendo estar disponibles para su incorporación inmediata a Enaire.
De modo, que si Enaire no necesita desde un punto de vista de distribución de recursos humanos que todos los nuevos controladores tengan de inmediato todas las habilitaciones, y si la mayoría de ellos tampoco mostraran interés en tenerlas en un primer momento, cabría preguntarse: ¿es absolutamente necesaria esta exigencia en las bases de la convocatoria?
Asimismo, aunque es altamente probable que el mayor número de quienes superen el proceso selectivo y obtengan una plaza en Enaire procedan de proveedores privados, lo cierto es que van a encontrarse con el inconveniente de que no hay controladores que les releven y, por tanto, les liberen para poder realizar los cursos o incorporarse a Enaire, tal y como se reconoce en las resoluciones de la directora de AESA ya mencionadas.
Debe destacarse en este punto, que si no se actúa a tiempo para evitar que esos controladores tengan la impresión de que otros ocupan los puestos a los que ellos creen tener el mismo derecho por haber sido los primeros en embarcarse, al principio de la presente década, en la aventura de la liberalización del ATC, probablemente se producirían a medio plazo reacciones laborales que podrían afectar a la continuidad del servicio en las dependencias gestionadas por esos proveedores, que es lo que precisamente quiere evitar AESA con su resolución, viéndose, en consecuencia, afectado nuestro sistema nacional de navegación aérea. ¿Dónde quedaría la «igualdad de oportunidades» si se impide a esos profesionales concurrir al proceso selectivo de Enaire en igualdad «real» de oportunidades?
Otra conclusión que se puede extraer, es que el hecho de que en realidad estemos ante un sistema nuevo de incorporación de controladores a Enaire después de un periodo dilatado sin llevar a cabo reclutamiento alguno, junto al hecho de que sea la primera vez que controladores de proveedores privados pueden optar a plazas convocadas por Enaire, obliga al Estado español, como garante de la calidad y de la continuidad del servicio de navegación aérea, a adoptar las soluciones necesarias para dinamizar un mercado laboral hoy muy cerrado en el que participan un proveedor público y varios privados.
Limitarse a argumentar la garantía de un derecho constitucional a la movilidad de los ciudadanos con la excusa de tratarse de un servicio esencial, obviando los derechos constitucionales de sus controladores, que son meros trabajadores de ese proveedor y no dueños o accionistas del mismo, dice muy poco bueno de las instituciones que tutelan la vida de los ciudadanos. Por no hablar de ignorar un problema que fue generado por el Estado español al liberalizar sin necesidad la provisión de servicios de navegación aérea, que va a terminar -si alguien con sentido común no lo remedia- convirtiendo en rehenes a unos trabajadores al impedirles, sine die, ejercer su derecho a prosperar en su carrera profesional.
No cabe duda a la vista de lo expuesto hasta ahora, que el ministerio de Fomento por la vía de AESA como autoridad supervisora debería, en primer lugar, diseñar una estrategia que facilite la movilidad laboral y la promoción profesional de los trabajadores de los proveedores privados, y, en segundo lugar, congelar el proceso selectivo de Enaire hasta que aquellos pongan en marcha también procesos de selección de controladores. Esta medida contribuiría a dinamizar este mercado laboral y garantizaría los derechos constitucionales de todos los trabajadores, por delante sin duda del derecho a irse de vacaciones en avión. No hacerlo facilitaría la permanencia a contracorriente de un mercado «liberalizado» que, por tratarse en realidad de un oligopolio, carece de competencia y aliena a una parte de los trabajadores. ¿Sería una solución convertir la convocatoria de Enaire en una convocatoria conjunta de todos los proveedores en la que podrían compartir una «bolsa de reserva» única y común?
Para concluir, debe quedar constancia de que el análisis de la convocatoria de Enaire arroja muchas dudas, algunas de ellas nada baladíes como las relacionadas con la coherencia de los requisitos y la transparencia del proceso selectivo, por lo que resulta del todo necesario reformar con urgencia la misma.
El pasado año ya fue publicada por Enaire una convocatoria que, finalmente, debió ser anulada debido al gran número de desatinos que contenía. Sería deseable que la de este año, siendo mejor que aquella, no fuera otra oportunidad perdida.
Aún estamos a tiempo.
