Quo vadis, Britannia?

Atalayar/Santiago Mondéjar

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(Atalayar, Santiago Mondéjar) Madrid, SP.- Para la mayoría de los países que formaron parte de la Europa de los 12, el proyecto europeo era un trayecto con billete solo de ida. No así para los británicos, que nunca se sintieron cómodos en un matrimonio de conveniencia cuyas cuitas provocaron la caída de 4 primeros ministros: Thatcher, Major, Cameron y May.

El peso de la nostalgia del imperio en el subconsciente colectivo británico llevó a una mayoría de súbditos de su Graciosa Majestad a separarse de la UE como quién deja a su pareja, en la convicción de que una nación como la suya puede, no ya sobrevivir, sino liderar en solitario el mundo del siglo XXI como lo hizo en el siglo XIX gracias a sus excepcionales cualidades, en esta ocasión reencarnando el Imperio Británico con los mimbres de la Commonwealth. A diferencia de España, que se sumergió en un gélido mar de dudas existenciales cuando dejó de ser una potencia colonial en 1989, Gran Bretaña nunca ha asumido plenamente la reducción hasta su mínima expresión de su antiguo status en la liga de las naciones, en la que la psique británica encaja mal como jugador de equipo. 

Añoranzas y sugestivos proyectos de vida en común al margen, al temporizador de la salida de Europa le queda poco para hacer saltar la alarma que señalará el alejamiento británico del continente. Y esto significa cruzar el umbral de la retórica enervante y el idealismo patriotero, para entrar en el mundo de la prosaica realidad material. Y mucho han de cambiar las tornas para que el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea no empiece con lo en la Teoría de Juegos se denomina suma negativa, esto es, una situación en la que todos los contendientes pierden, sea aposta o por accidente. Si es por accidente, nuestro país tiene mucho que perder en un escenario de ruptura con acrimonia, aunque el plan de reactivación de la Comisión Europea en ciernes diluirá en buena medida el impacto del Brexit. En cambio, en contra de sus expectativas, y sin acceso al plan de reactivación europeo, el precio a pagar por la industria británica a corto plazo rozaría lo existencial: los productos de Reino Unido destinados a la UE se verán sometidos a aranceles que oscilan entre 10% para la industria del automóvil y al 8% a la del calzado. 

Algunos productores de Reino Unido dejarán de ser competitivos si sufren estos aranceles, especialmente cuando sus precios finales entren en comparación con los productores de la UE, lo que posiblemente haga inviable su producción.

Por otra parte, los productos de Reino Unido que requieran certificación para entrar en el mercado de la UE necesitarán validaciones realizadas dentro de la UE, ya que las certificaciones propias de Reino Unido serán insuficientes, lo cual incrementará adicionalmente los costes a la producción. Si no hay cooperación aduanera entre Reino Unido y la UE, no habrá un reconocimiento mutuo del esquema de Operador Económico Autorizado. Por lo tanto, los productos tardarán más en pasar los controles aduaneros, perjudicando a los productos perecederos y creando disrupción a las cadenas de suministros de la isla.

Las exportaciones agrícolas de Reino Unido estarán sometidas a aranceles potencialmente incluso más altos, como el 42% para productos lácteos, haciendo estar exportaciones mucho menos competitivas. Además, habrá controles exhaustivos adicionales sobre las exportaciones agrícolas, lo que aumentará aún más los costes, a los que hay que añadir aquellos derivados de la ausencia de equivalencia veterinaria para productos cárnicos. Los proveedores de servicios de Reino Unido no tendrán derecho a vender ciertos servicios en toda la UE, especialmente directamente desde Reino Unido. En muchos casos se verán abocados a establecer nuevas oficinas en territorio de la UE.

La gran mayoría de los trabajadores de Reino Unido no tendrán derecho a trabajar en toda la UE, por ejemplo, como representantes turísticos de las compañías de viajes de Reino Unido. Las empresas de transporte de Reino Unido no podrán transportar cargas dentro de la UE y, a corto plazo, solo podrían transportar desde Reino Unido a un destino y retorno de la UE. 

Los aranceles a los bienes, y las restricciones en los servicios, también se aplicarán a los países con los que la UE tiene un acuerdo comercial actual que Reino Unido no puede replicar. Tras una salida unilateral, no habrá acuerdo con la UE sobre la adecuación de datos o la equivalencia de servicios financieros. Esto conlleva costes adicionales para todas las empresas del Reino Unido que comercian con datos entre Reino Unido y la UE.

Las soflamas chovinistas dan de sí lo que dan, y el Gobierno de Reino Unido tendrá que pasar a tomar decisiones consecuenciales, como mantener o reducir sus propias tarifas. Esta no será una decisión fácil: los aranceles más bajos pueden ayudar a los consumidores, pero al precio de perjudicar a los productores de Reino Unido y aquellos países en desarrollo que actualmente obtienen privilegios específicos como cero aranceles.

Más del 50% del comercio de Reino Unido se verá afectado por estos cambios. Menos del 10% del comercio de la UE se verá afectado por estos cambios. Los costes en el Reino Unido aumentarán, es poco probable que los costos de la UE lo hagan. Los problemas enumerados normalmente se resuelven por medio de un acuerdo de libre comercio. Pero esto lleva tiempo, entre 5 y 7 años, tiempo durante el cual todos estos problemas se mantendrían, afectando a la competitividad del Reino Unido. El Gobierno de Reino Unido tendrá que abordar los asuntos comerciales de forma diplomática con la UE, un proceso que generalmente lleva varios años. Las herramientas de conciliación del Mercado Único, como el SOLVIT, no estarán disponibles para los operadores británicos, por lo que las disputas tendrán una resolución más lenta, compleja y costosa.

Por otra parte, en el caso de que Reino Unido tratarse de ganar competitividad eliminando las regulaciones de la UE para facilitar un acuerdo con Estados Unidos, se haría difícil negociar un acuerdo comercial con la UE al mismo tiempo. Las incompatibilidades de estándares entre EEUU y la UE son bien conocidas, lo que causaría problemas que harían aún más complicado alcanzar un tratado comercial con la UE. 

Y sin tal acuerdo, las exportaciones alimentarias británicas dejarán de proceder de un país con un organismo nacional dotado de instalaciones de control sanitario certificadas por la Unión Europea. Sin controles aduaneros, alimentos importados al Reino Unido desde países extracomunitarios podrían acabar en la cadena alimenticia europea, si no fuese porque ésta está sujeta a un estricto sistema de certificación de alimentos: de la noche a la mañana, este ecosistema de normas, agencias y tribunales europeo dejaría de tener vigencia en Reino Unido, por lo que la Unión Europea tiene la obligación legal de aplicar a Gran Bretaña los requisitos de certificación propios de un país tercero. 

Esta es en realidad solo una cara del problema. Reino Unido no solo importa el 50% de sus alimentos, sino que su producción alimentaria está basada en cadenas de suministro que funcionan “Justo a Tiempo”, es decir, gracias a la constante y libre circulación de productos alimentarios y derivados procedentes de la Unión Europea en 10.000 contenedores, cada día. Gracias a la eficiencia de este sistema, Gran Bretaña no ha necesitado puestos de inspección de productos de origen animal, por lo que, hoy en día, carece tanto de la infraestructura requerida para la verificación sanitaria en sus aduanas, como del propio personal técnico necesario, especialmente veterinarios: el 95% de los que trabajan Reino Unido son comunitarios. Y, por supuesto, tampoco dispone de suficiente capacidad de almacenamiento en frío, ni para importar ni para exportar. 

Esto, unido a las limitaciones de la infraestructura portuaria del país, augura cuellos de botella en el transporte de las mercancías sensibles, que tendría un rápido efecto dómino en los suministros para la venta al por menor. Dado que este es un escenario perfectamente previsible, algunos políticos ingleses especulan con la posibilidad de renunciar unilateralmente a los controles y procedimientos para las mercancías que entren en Reino Unido, bajo la denominación “reconocimiento mutuo”. 

Aunque dichos políticos presentan esta posibilidad como un alarde de soberanía recobrada, lo cierto es que una política de puertas abiertas a importaciones alimenticias sin supervisar es una llamada al fraude alimentario que implica la desprotección de los consumidores británicos, y por extensión de los comunitarios, por lo que la Unión Europea se vería obligada a reforzar aún más el control de las importaciones de alimentos bajo normas de origen británico. Lo mismo ocurriría si Gran Bretaña optase por incrementar las importaciones alimentarias procedentes de EEUU, habida cuenta de que Norteamérica tiene estándares de calidad inferiores los de Unión Europea en aspectos clave como los niveles de residuos de pesticidas en la fruta, las inyecciones de hormonas en la carne de vaca y el lavado con cloro de las aves, el uso de antibióticos en la agricultura y modificados genéticos. Abriendo una puerta, se cierra otra.

Si todo esto no fuese lo suficientemente preocupante, aún quedaría por sumar a la ecuación los aranceles del 22% para productos alimenticios en caso de falta de acuerdo. Como contramedida desesperad, el Gobierno británico podría decidir bajar unilateralmente dichos tipos arancelarios. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio obliga a aplicar las denominadas normas de nación más favorecida para evitar discriminaciones arbitrarias, por lo que al quedar obligado a aplicar las tarifas reducidas a un país dado a todos los demás, Reino Unido incentivaría una inundación del mercado británico de productos agrícolas más baratos provenientes de fuera de la Unión Europea, contra los que es improbable que pudiesen competir los agricultores y ganaderos británicos.

Las consecuencias para otros sectores, como la industria, los servicios, la medicina o la aviación, son similares, y por razones parecidas. El caos que una disrupción combinada, causada por una separación desordenada no tiene precedentes. Como decíamos, el impacto en la economía española no será desdeñable. Esto será particularmente oneroso si no se materializa un marco de mínimos para el comercio sin trabas entre Reino Unido y la UE, lo que añadiría costes económicos que harían inviables las cadenas de valor posibles gracias al Mercado Único, y cuya desaparición obligaría a las autoridades británicas a adoptar una estrategia industrial propia que le llevaría rápidamente a entrar en una competencia mercantilista directa y conflictiva con la UE, en múltiples sectores de actividad -a nosotros debe preocuparnos especialmente el sector del automóvil, como ya hemos visto con Nissan- hasta ahora integrados sin costuras en la economía comunitaria.  

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