Madrid, 1 de diciembre de 2011.- Según una nota de prensa de SEPLA, la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre, se comprometió ayer con los agentes del sector a publicar en enero un borrador de Real Decreto que regule las operaciones de salvamento marítimo y extinción de incendios, dos operaciones que carecen de legislación que establezca unas pautas mínimas sobre su funcionamiento. Se trata de un compromiso, que dependiendo de decisiones que no le competen, se elevaría o no a Real Decreto. Estuvo presente algún miembro de la CIAIAC, así como de la empresa INAER.
Pero todos los profesionales consultados nos indican que si cualquier regulación no es posteriormente supervisada, y se inspecciona efectivamente todo queda en papel mojado. Además, evidentemente, tras años con las mismas personas merodeando la aplicación de la normativa regulatoria-que ahora se indica como "principal problema" en el sector-, la credibilidad de su puesta en práctica, por esas mismas personas, en el tiempo de descanso del cambio de legislatura en nuestro país, no parece más que reafirmar que se trata de una operación maquilladora de último momento.
Los profesionales consultados por AD, del sector, tambien apuntan a la "mala calidad" de los informes que emite la propia CIAIAC, como otro "factor contribuyente" a la mala salud de la seguridad operacional de los Trabajos Aéreos, muy especialmente en los helicópteros. La función preventiva que deberían tener dichos informes no se cumple.
Según SEPLA indica en su nota, el compromiso de la Agencia se obtuvo ayer, durante una jornada de trabajo sobre el sector de helicópteros y trabajos aéreos convocada en la sede de AESA. La jornada se auspició ante el alarmante dato de siniestralidad de los trabajos aéreos en este año 2011, en el que ya han muerto 20 personas en doce accidentes. A ella acudieron representantes de los empresarios y los trabajadores del sector, así como la alta cúpula de la AESA, formada por su directora y los Directores de Seguridad de áreas concretas (aeronaves-Luís Rodríguez Gil-, aeropuertos y navegación aérea y aviación civil y protección al usuario). Se formaron 3 grupos de trabajo independientes: Legislación y Regulación, Condicionantes de la actividad Procedimientos Operacionales asociados y Empresas. De esta manera cada grupo ha hecho un diagnóstico propio de la situación y finalmente han puesto en común sus conclusiones.
Así, SEPLA identificó el principal problema en la falta de regulación del sector, que se traduce en una libertad de las compañías a la hora de realizar sus operaciones. Por ello, es necesaria una regulación que incida especialmente en el entrenamiento de las tripulaciones, un aspecto clave para la seguridad operacional que actualmente se encuentra en un claro declive.
2011 ha resultado el año más mortífero del sector. "Han hecho falta 20 muertos en 12 accidentes para que, por fin, el organismo que vela por la seguridad de las operaciones aéreas en nuestro país comience a hacer algo", apuntan fuentes de SEPLA que asistieron a las jornadas: "Esperemos que las promesas no se queden otra vez en papel mojado y sirvan para dar un vuelco a esta situación insostenible".
Las más peligrosas
Precisamente, la búsqueda y salvamento (SAR) y la extinción de incendios son las operaciones de helicópteros más peligrosas y, a su vez, más extendidas en España. La extinción de incendios ha sufrido casi la mitad de los accidentes (el 43% de 2000 a 2010) ocurridos en los trabajos aéreos. Precisamente por ello, era imperativo redactar una normativa operacional que limite la capacidad de los operadores de realizar estas operaciones siguiendo unos requisitos mínimos de seguridad.
Además de la regulación, la Agencia ha prometido aumentar la cantidad y calidad de inspecciones que realizan tanto a las aeronaves como a los operadores aéreos que ofrecen sus servicios a la Administración. Asimismo, se ha comprometido a convocar a las Comunidades Autónomas para buscar soluciones conjuntas. La competencia de la mayoría de los trabajos aéreos que se realizan en España corresponde a las Comunidades Autónomas, que son quienes sacan el concurso público de adjudicación de estos servicios, al que acuden operadores privados. El principal operador en España es INAER, del que se estima que copa entre un 70 y un 80% del mercado.
