Ante la sentencia dada a conocer hoy por la Audiencia Nacional, USCA manifiesta su sorpresa por la rapidez de la resolución, en tan sólo cinco días teniendo en cuenta que la sentencia tiene 60 folios, de una cuestión de extraordinaria complejidad. Esta rapidez es acorde con la tramitación de un Real Decreto Ley y una ley formalizada con carácter de urgencia en el Congreso y el Senado, sin haber escuchado a una de las partes implicadas.
El juez en su sentencia reconoce la escasez de personal para atender las necesidades de servicio, al tiempo que admite que aunque se vulneran algunos derechos, la ley se dicta en aras de la seguridad y la continuidad del servicio. Sin embargo, la aplicación de la ley retira del trabajo a los controladores mayores de 57 años, agravando la falta de plantilla, lo que repercute negativamente en la seguridad aérea.
En este sentido, desde USCA manifestamos que la propia aplicación de la ley pone en riesgo precisamente esa seguridad en el tráfico aéreo, tal y como se reconoce en un reciente informe de AENA.
Por otra parte, queremos significar que la sentencia hace valoraciones que ni siquiera se plantearon en la demanda ni en el juicio oral. Además, entendemos "se quiebra el principio de seguridad jurídica, para cualquier colectivo, al asegurar que los pactos suscritos entre empresa y trabajadores no son acordes a la ley, ya que AENA no ha cumplido una de sus obligaciones fundamentales: solicitar la autorización a la CECIR".
El colectivo de controladores que respeta, pero no comparte, la sentencia, estudia la posibilidad de presentar un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, por entender que la misma tiene un carácter más económico y político que jurídico.
