El Gobierno de Canarias estudia introducir límites temporales al precio de los vuelos entre el archipiélago y la Península durante las épocas de mayor demanda.
Navidad y verano son los dos periodos señalados en una propuesta que también pretende aumentar la vigilancia sobre las tarifas de las aerolíneas y garantizar que el descuento del 75% para residentes mantenga su efectividad.
Las medidas aparecen recogidas en el borrador de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (Emsican), un documento que plantea cambios en la supervisión del transporte aéreo.
Ninguna de estas iniciativas está aprobada todavía, por lo que su puesta en marcha dependerá de posteriores decisiones administrativas y regulatorias.
El precio inicial de los billetes, en el punto de mira
Una de las principales preocupaciones del Ejecutivo autonómico es la evolución de las tarifas antes de aplicar las bonificaciones públicas.
Actualmente, los residentes canarios pueden beneficiarse de una reducción del 75% en el importe subvencionable de sus desplazamientos aéreos nacionales. Sin embargo, cuando las compañías incrementan los precios de partida, también aumenta la cantidad que finalmente paga el pasajero.
Por ejemplo, un billete con una tarifa bonificable de 200 euros supone un desembolso de 50 euros para el residente. Si ese mismo trayecto pasa a costar 400 euros, el importe final asciende a 100 euros, pese a mantenerse idéntico porcentaje de descuento.
Para vigilar estas diferencias, la estrategia contempla la creación de un observatorio específico de precios aéreos, encargado de examinar periódicamente las principales conexiones con la Península.
El seguimiento permitiría identificar incrementos especialmente pronunciados, comparar tarifas entre temporadas y estudiar posibles distorsiones en el funcionamiento de las ayudas.
Más transparencia y vigilancia sobre los algoritmos
La iniciativa también pretende modificar la información que reciben los consumidores durante la compra de billetes.
Entre las propuestas figura exigir una presentación más detallada de las tarifas, diferenciando claramente el importe original y el precio resultante después de aplicar la subvención.
Asimismo, se plantea revisar los conceptos incluidos en el cálculo de las bonificaciones para determinar cómo afectan los suplementos y recargos al coste final.
Otro aspecto relevante es el funcionamiento de los sistemas automáticos de fijación de precios.
Las aerolíneas utilizan herramientas que ajustan las tarifas en función de variables como la ocupación, la anticipación de la reserva y la demanda prevista.
El borrador contempla auditar estos algoritmos, especialmente en conexiones subvencionadas, para comprobar su incidencia sobre los viajeros residentes.
También propone reforzar la capacidad de inspección y los procedimientos sancionadores ante eventuales incumplimientos.
Posibles obligaciones de servicio público para determinadas rutas
El establecimiento de precios máximos no constituye la única alternativa contemplada.
La estrategia abre la posibilidad de estudiar nuevas Obligaciones de Servicio Público (OSP) para determinadas conexiones entre Canarias y la Península cuando se detecten dificultades persistentes de accesibilidad económica.
Este mecanismo permite introducir condiciones específicas de prestación del servicio en rutas consideradas esenciales, dentro de los requisitos establecidos por la normativa europea.
No obstante, su aplicación exige justificar la necesidad de intervención y cumplir los procedimientos correspondientes.
Canarias no tiene competencias para imponer unilateralmente límites generales a las tarifas aéreas. Por ello, cualquier actuación de esta naturaleza necesitaría coordinación con el Gobierno central y, dependiendo de su alcance, con las instituciones europeas.
En julio, el Gobierno autorizó una subida del 7% en los vuelos interinsulares
Las nuevas propuestas llegan después de que el Ministerio de Transportes aprobara, el pasado 27 de julio, una actualización de las tarifas de referencia de los vuelos interinsulares sometidos a OSP.
La revisión supuso un incremento medio del 7% en diez de las trece rutas reguladas, ampliando el margen comercial de Binter y Canaryfly.
Entre las conexiones afectadas figuran los enlaces de Gran Canaria con Tenerife Norte, Tenerife Sur, Fuerteventura, El Hierro y Lanzarote, además de varias rutas con origen en Tenerife Norte.
Por el contrario, permanecieron sin modificaciones los trayectos Gran Canaria-La Palma, Gran Canaria-La Gomera y Tenerife Norte-La Gomera.
Transportes justificó aquella actualización por el incremento de los costes operativos y las condiciones del mercado. El departamento defendió que la bonificación del 75% reduciría el impacto económico sobre los residentes.
