“AESAbrickGATE”: La poco precisa respuesta de Librero a la diputada Valido sobre la nueva sede

Aviaciondigit@l

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Madrid, SP.- La Opinión Pública quizás se quedará sólo con las superficiales explicaciones que desde Fomento se daban ayer de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Ministerio que dirige Iñigo de la Serna, ante la Comisión de Presupuestos de nuestro Congreso de los Diputados. Pero entre las comparecencias, la que más se centraba en el Sector Aéreo era la de Carmen Librero, Secretaria General de Transportes y responsable jerárquica de AESA. En la presentación del presupuesto destinado para “inversiones” la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,AESA, dentro de los PGE 2018, destacaba una cifra, 17 millones de euros. El resto, 61,3, hasta los 78,8 millones totales, son los gastos corrientes para su funcionamiento ordinario.

Y destacaba aún más, los 12 millones de esos 17, que ahora van a destinar al edificio, antigua sede de IRYDA, para trasladarse desde la actual ubicación en alquiler de la Fundación Mapfre, con el consiguiente agravio percibido por la AVJK5022, por la “módica” cifra de 3,7 millones de euros anuales, que se llevan puntualmente liquidando desde 2011. Ocurrencia política ésta. Estos le supondrán al contribuyente por ese concepto, “ALQUILER”, un total de prácticamente 30 millones de euros, hasta que previsiblemente en 2019 se haga efectivo el traslado. Librero no fue precisa en la respuesta a la interpelación de Valido en la Comisión de Presupuestos de ayer cuando señalaba en relación a esa sede que: “…los 12 millones que son de la sede que sí es cierto, que ha tenido que estar presentes en varios años por distintos problemas que hubo en la contratación a una empresa que suspendió pagos y tuvimos que reiniciar una nueva contratación…” Se refiere a la constructora ISOLUX CORSAN que fue la adjudicataria. Tambien daba entonces una clave como es que decía esta empresa que “ya había sido realizada la demolición del edificio” de ahí que nos preguntemos quién ha pagado y cuánto por ese concepto hasta ahora. Pero lo curioso es que ISOLUX se había adjudicado dicha obra por 5,5 millones, y ayer Librero hablaba ya de 12 millones en Sede Parlamentaria hay que recordar. Tambien que el arquitecto entonces, Sr. V.Olmedilla cifraba el coste en 10,4. Aquí los números ya comenzaban a bailar. Se hace imperativa una pregunta parlamentaria al respecto. Simplemente para tranquilidad del contribuyente, puesto que este extraño baile de millones no cuadra por algún lado. Sobre todo si tenemos en cuenta que en origen, se trata de un error en la planficación en general de este proyecto, de un Ministerio, precisamente muy relacionado con las obras, las constructoras, y demás. 

Esto es lo que respondía Librero, en Sede Parlamentaria literalmente. Pero la respuesta es bastante imprecisa, puesto que lo realmente sucedido, según fuentes consultadas por AD, es que la contratista adjudicataria en primera instancia vió depronto como tras iniciarse la obra, se pretendió que asumiera modificaciones de calado del proyecto original (téngase en cuenta que Fomento tiene competencias en cuestiones relacionadas con los proyectos y la arquitectura). El contratista demandó a Fomento, y finalmente no realizó la obra. Librero señalaba que la empresa “suspendió pagos” (por cierto una terminología que ya no se emplea, ahora se habla de “Concurso de Acreedores). Pero no parece que ese fuera el caso. Hablamos de 2015. Luego lo señalado ayer por Librero no se ajusta en la literalidad de lo sucedido, según nuestras fuentes.

Tras resolverse judicialmente la resolución del contrato, se tuvo que adjudicar a un nuevo contratista, mientras religiosamente se pagaba a la Fundación Mapfre por el local en General Perón, ¡en un centro comercial!, los 3,7 millones anuales, y además, según nuestras propias fuentes, se contrato el servicio, por ejemplo externo de un nuevo arquitecto para que diseñara dichas modificaciones.

El problema de todo esto, es la factura que pagará el contribuyente finalmente. Si no son muy imprecisos los datos de los que disponemos, finalmente el coste se aproximará a los más de 50 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el presupuesto anual de la Agencia es de unos 78,8 millones, vemos que por el concepto “Sede” en estos 8 años que transcurrirán hasta 2019 en que está previsto se produzca el traslado, se podrían haber invertido esos 50 millones en el cometido fundamental que tiene AESA, como es la seguridad y supervisión de las operaciones aéreas en España, o contratado un cuerpo inspector, que si fijamos un coste anual de unos 30.000 euros/año, tendríamos para 166 años de inspectores, o un cuerpo de 5 inspectores durante 30 años. Por ejemplo para cubrir las actuales necesidades de dicha Agencia, que en la pasada Campaña de Incendios, vieron como se carecía de inspectores específicos para las compañías que cubren estos servicios esenciales, en el terreno.

Fuentes conocedoras de todo este proceso de “AESAgate” respecto a su sede nos han indicado que “la cortina de humo de que hubiera amianto por ejemplo, estaba tapando realmente una inaudita mala gestión de los recursos de AESA, más sangrante aún si tenemos en cuenta que todo este dispendio de recursos, va en detrimento evidentemente de la labor de supervisión de la Agencia, detrayendo del nudo gordiano de su misión, respecto a la seguridad aérea, nada menos que esa astronómica cantidad, que podría alcanzar intuimos, si se tuvieran disponibles todos los datos, prácticamente el presupuesto anual completo de la Agencia“.

Imaginémonos por un momento que la NTSB destinará las 3/4 partes del presupuesto anual total de la Junta para la Seguridad en EEUU a la construcción de un edificio. ¿Qué creen Vds. que diría la Opinión Pública norteamericana?. Ese es el real alcance de la “inocente” pregunta de nuestra diputada Carmen Valido lanzaba a la Secretaria General de Transportes ayer.

INSPECCIONES 2017. Cuándo la cifra engaña…

Mientras de nuevo Librero enjuagaba el presupuesto con la maravillosa gestión numérica para residentes insulares, etc…, y hablaba de nada menos que 12.610 inspecciones realizadas por AESA en 2017, que sobre el papel parece una cifra importante, pero que fundamentalmente se reduce a eso a papel nos tememos.

¿Porqué la Sra. Librero, por ejemplo, no ha detallado el perfil de esas inspecciones, las que son documentales, las que son de material y … las que son de vuelo/operaciones y tráfico aéreo exactamente?. También de paso podría aclarar cuántas han sido exactamente de oficio, sin avisar al inspeccionado, y por tanto prevenirle de la actuación inspectora. Quizás con todos esos datos, se tengan todos los elementos necesarios para poder tener criterio sobre la calidad de lo supervisado e inspeccionado. Y quizás así se pueda valorar como con 78,8 millones de euros del contribuyente se ha mejorado el nivel de eficiencia de la Agencia. Esa es la responsabilidad en la gestión sobre la que debería dar detalles precisos. Como de esos 12 millones destinados a puro ladrillo, cemento y obras sobre un total inversor de 17,5 milones…

Estamos ante un nuevo escándalo de mala gestión. Y la mala gestión económica en AESA, también “amenaza” a la safety, si se detraen recursos económicos que deberían servir para su fin.

Para finalizar baste recordar que era la propia Asociación del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Estado la que en 2012 denunciaba el alquiler de dicha sede como un ejemplo de derroche tal y como publicaba AD entonces.

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