Hoy, titular de primera plana. Noticia bellaca por su ilegalidad y, sobre todo, por la ausencia de sentimientos humanitarios y falta de respeto a las víctimas y a sus familiares. Jamás pueden ni deben salir a la voracidad pública detalles que afecten a la intimidad personal al amparo de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999). Su conocimiento generalizado no aporta nada válido, solamente la excitación del morbo público y cierto beneficio económico para el comunicador que sustituye su derecho constitucional a la libertad de información por la vocación de vender sensacionalismo con el que movilizar audiencias, aun a costa del dolor de los afectados.
La SER incurre en un presunto delito contra la Ley de Seguridad Aérea, en cuyo art.12º consta: "Los datos, registros, grabaciones, declaraciones, comunicaciones e informes obtenidos por la CIAIAC (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil), así como por los integrantes de los equipos de investigación, en el desempeño de sus funciones, tienen carácter reservado y sólo pueden ser utilizados para los fines propios de la investigación técnica".
La renuncia a la privacidad de los tripulantes, su consentimiento a ser grabados, tanto en la operación profesional como en la intimidad de la conversación personal, se concede en aras de la Seguridad, exclusivamente. Son datos confidenciales que sólo serán utilizados, en caso necesario, para la investigación de un accidente, en la que utilizará el más ínfimo detalle para averiguar sus motivos y aplicar medidas correctoras que eviten que el suceso se repita, con un veredicto final en un diagnóstico lo más preciso posible.
La indefensión de los tripulantes, ante una actuación tan denigrante, podría afectar a la filosofía de la Seguridad como parámetro prioritario de la Aviación Comercial como el medio de transporte más eficaz, rápido y seguro que ha conocido la Humanidad. Si no se produce una condena ejemplarizante para los presuntos delincuentes que han comprado y/o vendido información reservada, con motivo de lucro, ¿estarían en su derecho los pilotos de negarse a ser grabados en su puesto de trabajo?. Sería lamentable para la Seguridad.
Como penoso para la decencia es el precio de la operación fraudulenta de la compra-venta de las cintas, cifrado, según fuentes de aviaciondigital, entre 60.000 y 90.000 EUR. Si la Justicia no ataja de raíz esta infamia periodística, estamos abocados a un vertedero de inmundicia.
CARLOS CASTAÑOSA.Ex-comandante de Iberia
Santa Cruz de Tenerife a 10 de mayo de 2010
