Guadalajara, SP, 12 de diciembre de 2013.- La película debería llamarse "Se lo que haciaís en diciembre de 2010" o "Silencio cómplice".. Puede extraerse una moraleja sobre la coherencia y la amnesia editorial. Si el objetivo de nuestra cámara hablara, podríamos llevarnos las manos a la cabeza sobre los "abrazos de Vergara" entre el poder político y algunos periodistas de medios de comunicación alrededor del 3D2010. Aparece hoy una información en el periódico de Pedro J., que titula "40 empresas públicas se reparten dietas de 9,6 millones de euros sin el aval del Ministerio de Hacienda", o lo que es lo mismo sin la autorización de CECIR. Entre ellas, !cómo no!, se encuentra AENA, en el reparto de dietas, claro está, las de asistencia a los Consejos de Administración. Allá por noviembre de 2011, CONTROLADORES AEREOS.org, una simple web, ya se preguntaba sobre "Las irregularidades de AENA con la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR)", y antetitulaba ¿Qué consecuencias administrativas y penales deberían exigirse para ellos?. La tardanza del diario El Mundo, en desvelar estos asuntos poco claros, parece más bien que se debe a intereses editoriales y comerciales actuales de este medio, más que a los intereses periodísticos que deben prevalecer en el cumplimiento del deber social de informar en nuestra modesta opinión. Si no no se puede explicar este cambio de 180º editorial sobre el conflicto de la patronal pública y sus controladores aéreos. Al menos esto es lo que parece dada la línea editorial que mantenían en aquella época, y la que ahora destapan con sus informaciones.
"A lo largo de los años diversos responsables de AENA, tanto de recursos humanos como de departamentos contables, han ocultado información a la Comisión Interministerial de Retribuciones, han cometido diversas irregularidades tanto en plazos como en formas y han sometido a distintos trabajadores de la entidad a un acoso sistemático a cambio de ver sus partidas presupuestarias aprobadas en negociación colectiva respaldadas por la firma de esta entidad. El «grifo» de la CECIR ha sido una conveniente medida de presión al servicio de AENA.
Estas irregularidades no solo han afectado al colectivo de controladores aéreos. El resto de trabajadores de AENA y sus sindicatos representantes han tenido que lidiar con la aprobación ulterior de sus sueldos y salarios por esta comisión. AENA rara vez se ha comportado con honestidad y ha venido retrasando cuando no esquivando la aprobación. Tras la creación de Aena Aeropuertos S.A. un informe de la abogacía del estado decía: «este órgano carece de competencias para autorizar la suscripción de los Convenios Colectivos de las sociedades estatales». Se abre pues la veda a que la pagaduría de sueldos y salarios de los trabajadores de la nueva entidad privada queden supeditados exclusivamente a los licitadores de la privatización.
Curiosamente, en las memorias anuales anteriores de AENA, presuntamente auditadas todas ellas, se consignan cantidades que no recibieron el visto bueno de la pagaduría del Estado y así se hace constar. ¿Quien o quienes han sido los responsables de esta sucesión de irregularidades? ¿Que consecuencias administrativas y penales deberían exigirse para ellos?"
Ya se apuntaban supuestas irregularidades, ocultaciones, etc… Y dos años y un mes después en la información del Mundo, lo que se apuntaba por parte de la web a escala AENA, ahora ya salpica a Puertos del Estado, Renfe, CDTI o Red.es. Es decir a 40 empresas públicas, que como concluye la información del diario de Pedro J. , el Tribunal de Cuentas, siempre con su retraso de 4 años en la fiscalización de éstas, con lo que resulta complicado "trincar" con las manos en la masa las malas praxis en estas empresas públicas, propiciando por ejemplo que Salgado, la ex ministra, diga que ya está fuera del Ministerio en una respuesta oficial al Tribunal de Cuentas. Pero es que además este Tribunal considera insuficente el plan de austeridad del Gobierno, en el sentido, de que en las empresas públicas aún no fija cuantías máximas de las dietas a repartir "ni por cada una de las reuniones ni en términos anuales". Tampoco se regula el número máximo de reuniones de los consejos de administración que puedan dar lugar al devengo de esas dietas, lo que da lugar a la picaresca.
Como resumen indicar que existen unos vicios adquiridos tradicionalmente, en lo que se refiere a las retribuciones de los componentes de los Consejos de estas empresas públicas, por medio de las dietas de asistencia por ejemplo, que suponen un complemento a sus retribuciones, han sido y son al día de hoy una práctica que nuestros gobernantes deberían definitivamente erradicar, dado que estos asistentes están retribuidos mediante un sueldos más que respetables, y además contemplados en los Presupuestos Generales del Estado. La parsimonia auditora del Tribunal de Cuentas, que funciona a cuatro años vista, resulta esencial para que determinados comportamientos en la gestión de lo público se perpetúen, e incluso lleguen a prescribir en sus responsabilidades administrativas, civiles y penales si las hubiere. La coartada de la prescripción es cómplice de las actitudes ante lo público. Si no fuera así, si el Tribunal de Cuentas fiscalizara a año vencido, mucho cambiarían las cosas.
