El Cabildo de Gran Canaria hace el trabajo de AESA con los helicópteros de incendios

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Gran Canaria, SP, 21 de abril de 2014.- Llevábamos un mes en AD siguiendo la pista de la posible adjudicación a la empresa portuguesa HTA por parte de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, pese a que dos operadores españoles se habían presentado a dicho Concurso Público, concretamente según fuentes consultadas por AD, Helicópteros Insulares (basada en Tenerife Sur) y Airnor (Pontevedra). Según publicaba Canarias7 ayer, éstas habrían falseado la antigüedad de las aeronaves, en artículo firmado por el periodista canario J.Quesada. Ahora el Cabildo de Gran Canaria, que ha destapado este escandaloso asunto, está valorando la punibilidad de dicha falsedad que podrían haber llegado a decrementar documentalmente la edad de algunas aeronaves hasta en 21 años. Ha tenido que ser un ingeniero de la Consejería el que ha destapado la discordancia entre la edad declarada y la placa de los Ecureuil.

AD está intentando recabar en estos momentos información directamente de la Consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria Doña María del Mar Arévalo, para obtener información directa de primera mano, que en estos días les podremos ir ampliando.


Pero lo curioso de cómo se ha destapado este asunto es que fue una de la compañías, concretamente Helicópteros Insulares, la que el pasado 6 de febrero le pidiera al propio Cabildo que inspeccionara los helicóptero de los otros dos licitantes. Con un criterio acertado, el personal técnico de la Consejería procedió en primer lugar a inspeccionar el cumplimiento de los requisitos del Pliego de Condiciones Técnicas a la propia denunciante, y la sorpresa vino de que ésta, según indica la prensa canaria, en uno de sus propios helicópteros la placa de registro en la propia aeronave, indicaba que la fecha de fabricación sería de 1983, cuando en el Pliego la condición era que tuvieran menos de diez años. Cazador cazado.

Lo mismo hizo el ingeniero competente para las revisiones el día 12 de febrero las instalaciones pontevedresas de la empresa Airnor, constatando que en lugar de lo declarado como fecha de fabricación, 2006-2007, realmente había sido fabricado en 2002 y 2006 respectivamente. Pero además tampoco tenía la aeronave de reserva que se especificaba en el Pliego. Esta empresa sufría un accidente el 2 de agosto de 2012 en las inmediaciones del Aeropuerto de Santiago de Compostela, en la fase de aproximación, en el que fallecían los dos tripulantes del Cessna 500 EC-IBA, al finalizar un vuelo de transporte de órganos. El Informe Final no se ha concluído aún, pero existe una Declaración Provisional de la CIAIAC a la que se accede PINCHANDO AQUI.

A continuación el perspicaz técnico canario, el 17 de febrero habría hecho lo propio al tercer licitante situado en el helipuerto Miguel Barros en el sur de Portugal, la compañía portuguesa HTA que efectivamente cumplía en sus dos aeronaves con los requisitos técnicos.

Fuentes consultadas por AD señalan además de la "seriedad operativa de esta compañía", que ésta no habría presentado una puja a la baja, y que se podría encontrar en un nivel intermedio desde el punto de vista económico de la oferta presentada por las dos españolas.

Y la cuestión de fondo es el debate de la responsabilidad que adquieren las Consejerías autonómicas a la hora de licitar, desde el punto de vista de la seguridad operativa, puesto que la comprobación de los requisitos técnicos que exceden aparentemente de las competencias autonómicas, deberían basarse en su cumplimiento de un cruce de información técnica entre la Consejería de Medio Ambiente correspondiente, y las inspecciones y supervisiones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, que según comprobamos una vez más no ha cumplido con su tarea de supervisión adecuadamente en este caso. Esa falta de coordinación básica es la que se ha manifestado en este caso, ni que decir tiene que los habrá a cientos, al tener que ser un organismo autonómico el que detecte un incumplimiento técnico, al no ser capaz de proporcionar todos y cada uno de los datos técnicos correspondientes AESA a las administraciones autonómicas. De nuevo se aprecia la falta de fiabilidad de esta Agencia, y de utilidad, para garantizar los requisitos técnicos que potencien la mejora de la seguridad aérea en los Trabajos Aéreos. Que por cierto comienzan de nuevo una campaña sin el famoso Real Decreto que debería amparar regulatoriamente todo este caótico sector.

No es de extrañar la desbandada generalizada de tripulaciones y técnicos de mantenimiento en la que actualmente esta inmerso este sector.

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