Madrid, SP, 5 de noviembre de 2014.- El Confidencial.com, publica hoy un artículo firmado por Agustín Marco, y titulado «El sueldo de la cúpula de AENA desencadenó las hostilidades entre Guindos y Vargas». Sólo decir que se veía venir que tras la paralización, extraña y muy probablemente costosa, del lanzamiento con todos los motores en marcha ya de la OPV de AENA, algo más tenía que haber aparte de los «defectos formales» de PwC. Nadie se creía que pudieran ser los únicos motivos para el ridículo del pasado viernes. El malestar respecto al presidente de AENA, José Manuel Vargas, ex-Vocento, era un rumor a voces en los últimos días en el entorno de Fomento y AENA. Según El Confidencial este Sr. pretendía implantar un plan de stock options para vincular los intereses de la compañía a los de sus directivos. Ni Economía ni Hacienda aprobaron semejante pretensión. Vargas tambien trabajó en PwC entre 1993-1995 según la web de Fomento.
En honor a la verdad, ni Luís de Guindos ni Cristóbal Montoro habrían dado el sí quiero a semejante pretensión. El vil metal según algunas fuentes de El Confidencial, sí que habría sido un factor de discordia AENA-Gobierno.
Una anécdota, pero no tanto que revela el medio digital es que Vargas habría incluído en el folleto informativo de la colocación de hasta ell 28% del capital, en su capítulo 0, «que los directivos cobraban poco en comparación con las compañías competidoras, y que podrían aceptar cualquier oferta de un rival». Pero lo que sobrecoge, por alucinante, es que además indica que debido a esos austeros sueldos, Vargas 160.000EUR/año, «AENA corría el riesgo de perder talento clave para la buena gestión del negocio…», eso sí «pudiendo impactar en la cotización». Ole, olé.
Vargas tras el el desmantelamiento de Vocento recibió como indemnización 3,12 millones de euros, cuando dejó el cargo percibía 1 millón de euros, como consejero delegado de Vocento. Quizás, de ser cierto lo indicado por El Confidencial, lo que estaría buscando es algo parecido aprovechando el revuelto río de la privatización expoliadora del Ente Público.
