IU y CC piden a Fomento trasladar a Barajas dependencias para ahorrar 5,7 millones al año

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Madrid, SP, 25 de agosto de 2014.- El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Ricardo Sixto y el senador de Coalición Canaria (CC) Narvay Quintero quieren que el Ministerio de Fomento traslade al edificio CLASA, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, varias dependencias que actualmente están instaladas en inmuebles alquilados para ahorrar casi 5,7 millones de euros al año.

Así se lo hacen saber a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a través de sendas preguntas escritas, a las que ha tenido acceso Europa Press. En su texto, el diputado valenciano subraya que el Centro de Carga Aérea de Barajas –el llamado 'edificio CLASA'– tenía, a principios de julio, unos 7.500 metros cuadrados de oficinas disponibles en ocho plantas para alquilar.

Además, el inmueble dispone de casi 900 plazas de aparcamiento, así como de "todos los servicios" necesarios, tales como parking público, control de accesos, seguridad 24 horas, mantenimiento, centro de negocios con tres salas para eventos, servicios de restauración y entidades bancarias en un edificio público cuya ocupación actual es "bastante baja".

En estas circunstancias, Sixto pregunta a la titular de Fomento, Ana Pastor, por qué no se instalan en esas oficinas todos los trabajadores de Aena, "refacturando internamente por sociedades del grupo lo que corresponde, en vez de gastar 5,68 millones de euros al año".

GASTO EN DOS ALQUILERES

Y es que Aena paga anualmente 3,31 millones de euros al año por el arrendamiento del Edificio Piovera Azul, situado en el número 12 de la calle Peonías, en Madrid, donde tiene oficinas desde 1990. Actualmente, en estas instalaciones se encuentran la Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios y la División de Servicios Aeroportuarios. Este contrato, que vencerá en abril de 2018, incluye tanto oficinas como plazas de garaje.

Por otra parte, el gestor aeroportuario tiene también alquiladas unas oficinas en la Pegaso City de Madrid, donde se encuentra ubicada la Dirección de Navegación Aérea desde noviembre de 2011. El contrato, por el que se pagan 2,37 millones de euros al año, vence en noviembre de 2016.

En total, casi 5,7 millones de euros, tal y como señaló el propio Gobierno hace unos meses en respuesta al senador Quintero, que a resultas de estos datos registró otra pregunta escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que pregunta a Aena si "piensa mudar los dos alquileres al edificio de su propiedad conocido como CLASA, en la zona de carga de Barajas" y si "sería posible ubicar al personal en las instalaciones de oficinas infrautilizadas del Dique Sur y la Torre de Control" del mismo aeropuerto.

TRASLADO DE AESA

Al margen de los dos alquileres mencionados, el Ministerio de Fomento también tiene arrendada por 3,7 millones de euros anuales la sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que en julio de 2011 se trasladó desde el Ministerio de Fomento, en el madrileño paseo de la Castellana, hasta un centro comercial próximo, propiedad de la Fundación Mapfre.

El Gobierno justificó entonces el traslado por la "creciente dotación de recursos humanos y la conveniencia de contar con espacios acordes con el nuevo régimen de actividad" de la AESA, dada la "insuficiencia de espacio físico disponible en las dependencias del Ministerio de Fomento", donde la agencia no pagaba alquiler.

No obstante, a finales de junio el Ejecutivo confirmó su intención de trasladar este organismo de nuevo a un edificio propiedad del Estado, concretamente al número 112 del paseo de la Castellana, después de que la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo haya liberado ese espacio.

La mudanza se producirá cuando finalice el actual contrato de arrendamiento, el próximo 31 de diciembre, lo que permitirá suprimir el coste del alquiler que se abona actualmente y que, según datos del Ejecutivo, se eleva a 3,03 millones de euros en 2011 y 3,1 millones en las tres siguientes anualidades (IVA excluido), lo que en total y contando impuestos supone unos 14,8 millones de euros en cuatro años por un contrato que se firmó cuando José Luis Rodríguez Zapatero aún era presidente.

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