La Audiencia Nacional, deberá “amparar” la seguridad aérea ante la incompetencia económico-técnica de los organismos aeronáuticos del Estado

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Audiencia Nacional

La mesa de la Audiencia Nacional, dejó vista para sentencia la demanda que interpusieron los controladores de USCA por cuestiones de vulneración de derechos laborales del colectivo, con el Estatuto de los Trabajadores, el I Convenio Colectivo (en vigor) y finalmente, como indicó la fiscalía la constitucionalidad o no del RDL y la posterior Ley. La mesa compuesta por el magistado Poves, la magistrada Vives y el presidente del Tribunal Sr. Bodas, van a tener que dirimir una cuestión importante que afecta a la seguridad del tráfico aéreo en España. La cuestión es que si se han violado todas las normas de la relación laboral entre Fomento-AENA y los ATC, en lo que se refiere a actividad y descanso, por las imaginarias y servicios obligatorios, la seguridad aérea en España está comprometida desde el 5 de febrero (publicación en el BOE del RDL 1/2010). Ni más ni menos.

Lo más significativo, fué a la hora de establecer las conclusiones finales, entre las que la parte demandante que representaba al colectivo ATC, indicó que "se están presentando notificaciones a AESA, que no han sido tramitadas como expedientes aún". Esto significa, que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como AD ha podido recabar de numerosos controladores, está "guardando en un cajón", todas las notificaciones de los controladores, desde hace meses. AESA, no a abierto expediente alguno a AENA, que sepamos hasta el momento. Ni la DGAC, ni Fomento, ni organismo administrativo alguno, han intervenido en ningún sentido desde que se comenzó a aplicar el RDL y la posterior Ley se aprobó por diputados y senadores.

La boca se le está llenando a la casta ultimamente en demasía con la cuestión de la seguridad. Pero lo que realmente se ha puesto de manifiesto en la vista oral es que ninguno de los organismos competentes en esta cuestión tan delicada, ha actuado, a pesar de las numerosas "notificaciones" del colectivo a la AESA. Esto podría significar la nula independencia de un organismo que debería de estar por encima del bien y del mal, velando exclusivamente por la seguridad. No se ha movido ni un sólo dedo.

Por otro lado, la propia Abogacía del Estado, ha reconocido pública y notoriamente esta mañana, que "desde 1992, el CECIR (organismo que fiscaliza las retribuciones de los funcionarios), venía señalando que existían irregularidades en el pago del sueldo de las horas extraordinarias del colectivo ATC". El hecho de que la propia representación del Estado, reconozca la irregular situación DESDE EL AÑO 1992, es de una gravedad supina. ¿Quiénes han estado pagando irregularmente esas horas extraordinarias?, como reconoció el propio inquilino de Fomento, o ministro. Esta es la cuestión que cualquier ciudadano de a pie se plantea. Si no ha intervenido nadie en favor del erario público, cuando desde hace 18 años se estaban pagando irregularmente las horas extraordinarias, que la propia AENA demandaba de los profesionales, el desamparo al que está sometido aquello que de todos es, tambien deberá necesariamente verse intervenido por algún organismo oficial.

Luego, la conclusión es sencilla, clara y notoria. En esta querida piel de toro, los organismos que han de velar por lo público, se llame seguridad aérea, dinero público, etc… no están cumpliendo con su obligación para con los ciudadanos. De ahí la relevancia de la Sentencia que en un par de semanas la Audiencia Nacional fallará.

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