Aviación Digital, Sp.- Febrero de 2026 marca el inicio de una tormenta legal sin precedentes para la seguridad aérea en España. El reciente anuncio de acciones legales por parte de One Air Aviación no debe leerse como un simple recurso administrativo ordinario; es un desafío judicial que impugna la existencia misma de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) tras la reforma de 2024. Lo que comenzó como un desacuerdo técnico se ha transformado en un cuestionamiento sistémico sobre la legitimidad de un organismo que, sobre el papel, ya debería ser historia.
El epicentro del conflicto es el accidente ocurrido en Almería el 10 de octubre de 2023. One Air ha mantenido una oposición frontal desde que recibió el borrador inicial en junio de 2025, señalando, según la ATO, errores flagrantes en la recopilación de datos, hipótesis infundadas y opiniones carentes de rigor técnico.
La estrategia legal de One Air no radica solo en la defensa técnica, sino en denunciar que la CIAIAC está operando en un vacío de poder. Esta disconformidad es el síntoma visible de una «caducidad institucional» que amenaza con invalidar cada resolución emitida por la comisión en el último año, según la denuncia de esta escuela de pilotos.
El Mandato Incumplido: La Ley 2/2024 y la «Prórroga Forzosa»
En el Derecho Administrativo, la seguridad jurídica es un pilar que no admite demoras por conveniencia. Cuando el Estado establece un mandato de disolución y creación de un nuevo organismo, cualquier actividad posterior al plazo legal incurre en un riesgo de nulidad radical. La CIAIAC se encuentra hoy operando en tiempo de descuento, proyectando una sombra de ilegalidad sobre cada firma que produce.
La Ley 2/2024, promulgada en agosto de 2024, no fue una declaración de intenciones, sino una orden de ejecución para unificar las comisiones de investigación (Aérea, Ferroviaria y Marítima) en una única Autoridad Administrativa Independiente Multimodal. El cronograma del incumplimiento, sin entrar en otras valoraciones, es demoledor:
- Agosto 2024: Entrada en vigor de la Ley 2/2024.
- Febrero 2025: Vencimiento del plazo legal de seis meses para aprobar el Estatuto Orgánico y poner en marcha la nueva Autoridad.
- Febrero 2026: Un año después de la fecha límite, la administración sigue alegando retrasos burocráticos, falta de presupuesto y ausencia de sede.
Esta «prórroga forzosa» sitúa a la CIAIAC en un limbo de ilegitimidad, según One Air Aviación. Al haber expirado el plazo de febrero de 2025, la pervivencia del organismo carece de cobertura legal suficiente, exponiendo al Estado español a reclamaciones patrimoniales masivas. Cada informe emitido desde entonces es una bomba de relojería jurídica: el argumento de la «necesidad de servicio» es una defensa frágil cuando se ha ignorado deliberadamente un mandato legislativo superior.
El Desafío a la Independencia: Directivas Europeas y Conflictos de Interés
La crisis no es solo cronológica, sino de base técnica y ética. La independencia funcional es el corazón de la investigación de accidentes, y en España, ese corazón ha dejado de latir. Instituciones como COPAC, SEPLA, APROCTA, ASETMA y FSAI llevan años denunciando un modelo agotado que vulnera los estándares internacionales de objetividad.
La ilegitimidad del modelo actual de la CIAIAC se fundamenta en tres brechas críticas:
- Directiva Europea 2014/94: Aunque el marco comunitario exige que los organismos de investigación sean plenamente independientes de las autoridades de aeronavegabilidad (AESA) y del poder político (Ministerio), la CIAIAC mantiene un cordón umbilical financiero y estructural con el Ministerio de Transportes. Esta falta de separación funcional vicia la objetividad exigida por Europa.
- El Dictamen del Congreso (2021): Tras las demoledoras conclusiones sobre la investigación del accidente de Spanair, el Congreso de los Diputados instó a la disolución «inmediata» de la CIAIAC, citando falta de rigor, sesgo institucional e informes deficientes. Que en 2026 el organismo siga activo es un desplante directo a la soberanía parlamentaria.
- Mecanismos de Designación: La Ley 2/2024 exige que los 7 consejeros de la nueva Autoridad superen un examen de idoneidad en el Congreso
Análisis de Vulnerabilidad Jurídica: Informes bajo Sospecha
Para One Air Aviación, la conclusión es inevitable: estamos ante un escenario de incompetencia del órgano emisor. La operatividad de la CIAIAC hoy es un ejercicio de funambulismo legal que sitúa a los operadores aéreos en una posición de indefensión total.
Los equipos legales, liderados por el precedente de One Air, cuentan ahora con una hoja de ruta para la impugnación. El argumento central ya no es solo si el análisis técnico del accidente es erróneo, sino que el emisor del informe carece de potestad legal para actuar. El vencimiento del plazo de la Ley 2/2024 genera un vicio de nulidad de pleno derecho, según One Air..
La Paradoja de la Judicialización
La realidad choca frontalmente con la teoría cuando un accidente llega a los tribunales. Debido a que los jueces y fiscales rara vez poseen conocimientos aeronáuticos especializados, acaban adoptando el informe oficial de la CIAIAC como la «prueba reina» o prueba pericial casi única a la hora de impartir justicia. El gran problema de esta dinámica es que el informe técnico se redacta sin seguir las estrictas garantías de un proceso penal (como el derecho a no declarar contra uno mismo), y su trasvase directo al juzgado suele derivar en la criminalización del error humano, penalizando al eslabón final (el piloto) y diluyendo las responsabilidades de la Administración.
Impacto en la Cultura Justa
Esta asimilación judicial de los informes técnicos es letal para el concepto de «Cultura Justa» (Just Culture), un pilar que la Unión Europea intenta proteger mediante el Reglamento (UE) 376/2014. Si los profesionales de la aviación saben que cooperar total y transparentemente con la CIAIAC puede facilitar su propia condena en un juzgado, optarán por el silencio y el encubrimiento defensivo. Al judicializar las investigaciones técnicas, el sistema penal cortocircuita el flujo de información vital que la industria necesita para aprender de sus errores y evitar tragedias futuras.
