Madrid, SP.- El anuncio de Ryanair de cobrar hasta ocho euros por subir una maleta a la cabina del avión, por pequeña que sea, ha destapado una controversia normativa, incluso un posible vacío legal, que se dispone a resolver el Gobierno español.

Por el momento, el gigante del bajo coste ha sorteado en los tribunales la única prohibición dictada en las últimas semanas. La Autoridad Garante de la Competencia de los Mercados de Italia, equivalente a la CNMC española, suspendió esa práctica comercial el 31 de octubre, un día antes de que fuera activada, argumentando que el cargo adicional supone “una representación falsa del precio del billete”. Pero el Tribunal Administrativo del Lacio ha aceptado el recurso de la compañía irlandesa y será el 27 de febrero cuando se celebre la audiencia para tratar este asunto.

Todo queda en el aire, mientras la low cost Wizz Air también ha anunciado que está por la labor de hacerse con este tipo de ingreso extra.

El ministerio ha consultado a la Abogacía del Estado sobre la vigencia de la legislación española del sector aéreo.

En este escenario de duda, tras el revuelo en la opinión pública y una prueba en el aeropuerto londinense de Stansted que no pareció resultar exitosa, Ryanair ha decidido paralizar su decisión para dar tiempo, según argumenta, a que sus clientes asuman este nuevo cargo.

Pero el que no se ha detenido es el ministerio español de Fomento, que actúa con dos líneas de trabajo: dirimir si cabe algún tipo de oposición, o incluso de sanción, si la irlandesa o cualquier otra aerolínea aplica esta política de cobro por el equipaje fuera del coste del billete, y promover que sea la Comisión Europea quien marque las normas para todo el territorio de la UE.

En este último caso se trataría de que la empresa que preside Michael O’Leary “no pueda ampararse en la permisividad de cualquier de los países de la UE para consagrar esta tarifa si es que no hay legislación comunitaria al respecto”, explica una fuente jurídica consultada.

Antes de llevar el debate a Bruselas, Fomento ha realizado una consulta a la Abogacía del Estado, tal y como anticipó la secretaria general de Transporte, María José Rallo, en la comparecencia del día 22 en la Comisión de Fomento en el Congreso. Se trata de dirimir si la Ley 48/1960, de Navegación Aérea, está vigente o ha sido anulada o superada de facto por reglamentos europeos.

Esta alta representante de Fomento avanzó que la oposición en Italia respondía a una cuestión mercantil, “no a un problema relacionada con la normativa europea de los derechos de los pasajeros”. De este modo, Rallo abrió el terreno para que la CNMC también entre de oficio sobre esta polémica.

Desde el Ministerio se pone de manifiesto que la Ley española, con casi 60 años de edad, obliga a las aerolíneas en su artículo 97 “a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje con los límites de peso, independientemente del número de bultos, y volumen que fijen los Reglamentos. El exceso será objeto de estipulación especial”.

El mismo artículo, actualizado con una nueva redacción por la disposición final 2.6 de la Ley 1/2011, añade que “no se considerará equipaje a este efecto los objetos y bultos de mano que el viajero lleve consigo. El transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo, incluidos los artículos adquiridos en las tiendas situadas en los aeropuertos. Únicamente podrá denegarse el embarque de estos objetos y bultos en atención a razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto, relacionadas con las características de la aeronave”.

Pese a la claridad del texto, la normativa europea da libertad a las compañías para establecer precios en un marco de libre competencia. De ahí la citada controversia y que se haya reclamado la intervención de la Abogacía del Estado.

Solo la existencia de base jurídica sobre el supuesto incumplimiento de una norma, dijo María José Rallo en el Congreso, justificaría el establecimiento de procedimientos sancionadores.

 

 

 

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