
Esta situación ha generado un empeoramiento en la calidad de las predicciones, especialmente en la predicción por municipios, asociada a la automatización y modificación de tareas, multiplicando el número de quejas de usuarios, lo que pone en riesgo su viabilidad como servicio público, además de poner en riesgo la seguridad de las personas y bienes, en ámbitos como el espacio aéreo. De hecho, un informe de auditoría externa de la Agencia Española de Seguridad Aérea advierte de que «AEMET no garantiza que gestione adecuadamente la seguridad de los servicios de navegación aérea que presta».
El informe de CSI-F pone de manifiesto algunos ejemplos muy gráficos en los Grupos de Predicción y Vigilancia (GPV):
· Sólo 5 trabajadores se reparten predicción y vigilancia de todos los aeropuertos españoles y bases aéreas españolas de Madrid, Las Palmas, Santander, Sevilla y Valencia. Un solo funcionario lleva 14 aeropuertos, otro 12, etcétera.
· Sólo 6 trabajadores realizan la predicción y vigilancia de fenómenos adversos para toda España en los GPV de Barcelona, Málaga, Madrid/CNP, Las Palmas y Valladolid. Un solo funcionario se ocupa de 12 provincias, otro de 10, además de las predicciones generales. Y sólo Madrid/CNP permanece abierto las 24 horas
· Una única unidad, que además no tiene la plantilla completa (GPV de Zaragoza), realiza todas las predicciones de montaña y nieve (altamente artesanal) de España (de 37 a 41 predicciones diarias, además de las predicciones generales).
·Sólo dos unidades (GPV de A Coruña y de Palma) realizan toda la predicción marítima (más de 80 zonas, entre alta mar y costeras).
Todo esto además de la elaboración de predicciones a medida, atención a usuarios especializados como protección civil, aeronáutica, bomberos, confederaciones hidrográficas, etc.
Esta situación ha generado casos kafkianos, como el hecho de que un funcionario trabajara 21 días consecutivos, desde el día 7 de diciembre, hasta el día 27 de diciembre, sin descanso alguno, en jornada laboral de 11 horas diarias, de 7 de la mañana a 6 de la tarde en la Oficina Meteorológica del Aeropuerto de la Gomera.
Por este motivo, CSI-F ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por vulneración de la normativa en materia de seguridad y salud laboral y los posibles riesgos para la seguridad en la navegación aérea. Asimismo, se ha presentado escrito ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que se abra expediente. Este caso es solo la punta del iceberg de lo que está sucediendo.
Además, la falta de personal ha generado la ruptura de series climatológicas históricas, algunas de ellas con una antigüedad cercana al siglo, lo que supone un absoluto desprecio al trabajo realizado por profesionales durante años.
Para CSI-F, esta situación responde a una estrategia planificada del ministerio para privatizar los servicios aeronáuticos. De hecho, trabaja en un anteproyecto de Ley del Servicio meteorológico del Estado que anticipa la liberalización de la prestación de servicios bajo condiciones de mercado.







