En información aparecida en ABC, aparece explicitamente indicado por las fuentes que ha consultado el diario que el recorte de sueldo del 5% de los funcionarios públicos, estaría incumpliendo el artículo 86 de la Constitución, que "impide que un decreto ley afecte a derechos fundamentales, como es el de la negociación colectiva". Si en lugar de hablar de funcionarios públicos, se pusiera el término controladores aéreos, y dichos funcionarios obtuvieran una Sentencia favorable ante la Audiencia Nacional, quedaría retratado el hecho increíble, inconcebible y alucinante desde el punto de vista directamente constitucional, de que todos los españoles no serían iguales ante la Ley, y ante la propia Constitución.
ABC/El Gobierno no sólo se ha enfrentado con los funcionarios al decidir recortarles una media del cinco por ciento de sueldo, sino que también se tendrá que ver las caras con la Justicia si hoy aprueba este recorte dentro de un decreto ley. Las fuentes consultadas por ABC aseguran que si el Gobierno introduce dentro del decreto ley el recorte de sueldo de los funcionarios, estará incumpliendo el artículo 86 de la Constitución, que «impide que un decreto ley afecte a derechos fundamentales, como es la negociación colectiva». Precisamente, el sueldo de los funcionarios se pacta dentro de una negociación colectiva, por lo que, según estas mismas fuentes, «se arriesgan a que le presenten un conflicto colectivo». Para evitar este problema, el Gobierno debería aprobar hoy un proyecto de ley, en vez de un decreto ley, o que éste se tramite en el Parlamento como proyecto de ley. Posible recurso El primer aviso de lo que puede venir si el Gobierno sigue adelante con su intención de incorporar al decreto ley la rebaja salarial se lo dieron ayer los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública -UGT, CC.OO. y la CSIF-, que reconocieron que están estudiando la posibilidad de presentar un recurso ante la Audiencia Nacional por vulnerar el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública 2010-2012 y el capítulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado, que define al sector público y su régimen laboral. Aunque los dirigentes de Función Pública de UGT y CC.OO. dieron ayer por «segura» la decisión de recurrir, fuentes de la CSIF tan sólo apuntan que es cierto que los servicios jurídicos de los tres sindicatos están estudiando esta posibilidad, pero que hay que esperar primero a conocer el contenido del decreto ley y ver con qué modificaciones es aprobado por el Parlamento. El contenido se dará a conocer esta mañana en la Mesa General de la Función Pública, previa al Consejo de Ministros.
